La monarquía vuelve al Congreso para un acto protocolario pero sigue sin rendir cuentas ante él
Varios grupos parlamentarios han intentado más de una quincena de veces llevar a cabo comisiones de investigación sobre las finanzas del rey emérito, pero la Mesa de la Cámara siempre las ha rechazado.
Nunca se han investigado las finanzas del rey emérito en el Congreso de los Diputados. No será, eso sí, porque no se haya intentado. Hasta 16 veces han tratado distintos grupos parlamentarios obligar a Juan Carlos I, exjefe del Estado, a rendir cuentas en la Cámara Baja. No se ha logrado. La Mesa ha rechazado todas y cada una de las propuestas de comisión de investigación que le han sido remitidas. Casi siempre —aunque no siempre— lo ha hecho con el aval de los letrados de la institución.
Se da la circunstancia de que la monarquía visita el Congreso para actos protocolarios y ceremonias, pero no para someter su actividad al escrutinio de los diputados. Este martes, 31 de octubre, el Congreso se engalana para albergar la jura de la Constitución de la princesa Leonor. La acompañarán sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia; y su hermana, la infanta Sofía. No estarán Juan Carlos I ni su abuela, la reina emérita, Sofía de Grecia.
Se ha investigado al emérito —o su presunta involucración en casos de corrupción— en la Fiscalía (aunque se archivaron las causas), pero no en sede parlamentaria. Distintos grupos, a menudo con Unidas Podemos a la cabeza, han tratado de formular las propuestas de investigación de muchas formas distintas. Todas ellas, intentos de esquivar los informes negativos de los letrados.
"No siempre son informes", desliza un letrado de la Cámara Baja, en conversación con Público: "A veces, son simplemente notas". Notas que se incorporan, según la misma fuente, a lo que coloquialmente se denomina "el Rojo", una especie de dosier que los letrados elaboran para las sesiones de la Mesa del Congreso. "Son unos escritos muy breves, mucho más de lo que lo es un informe", apunta el letrado.
PublicidadLa Mesa del Congreso nunca ha admitido a trámite comisiones de investigación para esclarecer presuntas actuaciones delictivas del rey emérito
En cualquier caso, en 15 de las 16 ocasiones en que los letrados han tenido que pronunciarse acerca de la potestad del Congreso para investigar al exjefe del Estado se han declinado por desaconsejarlo. Hay que recordar que la opinión de los letrados —se vehicule a través de un informe o a través de una nota— no es vinculante. Lo que hace es aportar razones a favor o en contra para dar argumentos a los miembros de la Mesa, que es la encargada de admitir o no a trámite una iniciativa.
Así, en la práctica totalidad de las ocasiones en que tuvieron que pronunciarse, sustentaron su defensa de no investigar al exjefe del Estado en el Parlamento en la "inviolabilidad del rey", es decir, el artículo 56.3 de la Constitución. Por eso, muchas de las propuestas de comisiones que han ido lanzando los grupos se centran en actividades posteriores a su abdicación, en el año 2014, con tal de regatear el argumento de los letrados.
Existe un cierto tenebrismo en torno a los documentos que los letrados remiten a la Mesa. No son públicos y, por tanto, no se puede conocer la literalidad de lo que argumentan más que por las referencias que hacen de ellos los diputados, o las filtraciones que consigue la prensa. "Tampoco se trata de decisiones colegiadas", apuntan fuentes conocedoras del procedimiento: "Normalmente se toman entre el letrado mayor y algún otro letrado más".
Eso quiere decir que no siempre la totalidad de los letrados de la Cámara están de acuerdo con la posición que toma el letrado mayor. Así lo confirman las fuentes consultadas. Alguna de ellas apunta, incluso, que la justificación por la que no se puede investigar al emérito suele ser "muy pobre".
La única vez que los letrados sí avalaron la investigación
Hubo una vez en que pudo ser distinto. Se tocó con la yema de los dedos la investigación al emérito que tanto ansían grupos como Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, CUP, BNG o Compromís. Son, precisamente, las fuerzas que presentaron una de las tantas iniciativas que se han registrado para investigar al rey emérito. Sin embargo, la que llevaron a la Mesa en enero de 2021 fue distinta. Fue la única que obtuvo el aval de los letrados.
Era el caso de las tarjetas black. En la solicitud de comisión de investigación, los grupos firmantes, tal y como apunta la agencia Servimedia, pedían llamar a comparecer a las figuras que pudieran "resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil, o administrativamente responsable de las prácticas". Una de ellas podía ser Juan Carlos I. Los letrados avalaron admitir a trámite la Comisión y puntualizaron que es tarea de las propias comisiones elaborar el plan de trabajo, con lo que "pueden decidir sobre la celebración de comparecencias sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquellas". Abrieron, por tanto, la puerta.
Pero la Mesa la cerró. En concreto, votaron en contra el Partido Popular, el PSOE y Vox, como las anteriores veces. Los socialistas fundamentaron su negativa en dos sentencias del Tribunal Constitucional que no incluyen entre las competencias del Congreso investigar al jefe del Estado.
Solo una vez, los letrados de la Cámara avalaron investigar a Juan Carlos I. En aquel caso, PSOE, PP y Vox volvieron a votar en contra
Unidas Podemos, al ver frustrado una vez más su intención de llevar a Juan Carlos I al Congreso, le recordó al PSOE que en 2014 se complementó la Ley del Poder Judicial con un apartado, que también recogió Servimedia: "Todos los actos realizados por el rey o la reina durante el tiempo en que ostentara la jefatura del Estado" gozan de inviolabilidad, mientras que "los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional".
El artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por otra parte, otorga a la Cámara la potestad de llevar a cabo comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público".
De momento, no ha ocurrido. Esta misma semana, ERC, EH Bildu y BNG han presentado una iniciativa, también en la Cámara Baja, para investigar el papel del exjefe del Estado, esta vez en el golpe de Estado de 1981. El tiempo, los letrados y la Mesa dispondrán.
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