MADRID.- El PSOE maneja como sanción más probable para los diputados que no se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy la máxima multa que prevé el reglamento, de 600 euros, y la expulsión de la dirección del Grupo Socialista de aquellos que, como la catalana Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz, forman parte de ese núcleo, según indicaron a Europa Press fuentes socialistas.

Dos días después de la votación en el Pleno del Congreso, el presidente del Comité de Disciplina del Grupo Socialista, el conquense Luis Sahuquillo, comunicó la apertura del expediente a los 15 diputados que desatendieron el acuerdo adoptado en el Comité Federal de abstenerse y les dio una semana para presentar alegaciones.

Siete de esos quince diputados son militantes del PSC y ese mismo lunes ya presentaron sus alegaciones recordando que el máximo órgano de su partido, el Consell Nacional del PSC, aprobó una resolución por unanimidad el 25 de octubre defendiendo el voto en contra del líder del PP.

"Atendiendo a la discrepancia de estos dos acuerdos decidí, en conciencia, votar que 'no' en la segunda sesión del debate de investidura", explicaba cada uno en su respuesta, en la que, además, reiteran su voluntad de "seguir trabajando" con el PSOE.

El resto de diputados 'díscolos' del Grupo Socialista --seis del PSOE y las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera-- se pusieron en contacto tras recibir la carta y acordaron presentar las mismas alegaciones, amparándose, al igual que el PSC, en su voto "en conciencia".

Las independientes pueden recalcar que no militan en el PSOE, por lo que no están sujetas a la disciplina del Comité Federal

La idea es presentar las alegaciones este lunes, último día del plazo, y además de apelar a la conciencia, cada uno añadirá algún matiz relativo a sus circunstancias concretas. Así, las independientes pueden recalcar que no militan en el PSOE, por lo que no están sujetas a la disciplina del Comité Federal, mientras que los baleares Sofía Hernanz y Pere Joans Pons subrayarán que su federación defendió el 'no' a Rajoy hasta el último minuto y que en su defecto reclamó libertad de voto. Lo mismo pueden argumentar el vasco Odón Elorza, la gallega Rocío de Frutos o la castellano-leonesa María Luz Martínez Seijo.

Una vez recibidas las explicaciones, el instructor del procedimiento, Luis Carlos Sahuquillo, las trasladará al Comité Director del Grupo para que tome una decisión. De ese núcleo forman parte el presidente y portavoz, Antonio Hernando; el secretario general, el andaluz Miguel Angel Heredia, y los cinco adjuntos, entre ellos el valenciano José Luis Ábalos, quien se abstuvo "por imperativo" y que pidió libertad de voto hasta el final. Eso sí, dos de las adjuntas (Batet y Hernanz) se ausentarán por estar afectadas por el expediente.

El Reglamento interno prevé una horquilla de 200 a 600 euros de multa, pero todo apunta a que se optará por la franja más alta atendiendo a que se trata de una votación de especial trascendencia como es una Sesión de Investidura.

El Grupo Socialista plantea añadir una segunda penalización, que sería sacar de la dirección del grupo a las dos diputadas del 'no' que forman parte de él. Esa medida ya se adoptó en 2013 cuando los socialistas catalanes se desmarcaron del PSOE siguiendo las órdenes de su entonces primer secretario, Pere Navarro; en aquel momento quien salió de la cúpula fue el diputado José Zaragoza, uno de los que ahora ha vuelto a romper la disciplina.

Lo que se da por descartado es reclamar las Presidencias de Comisión a aquellos diputados que se saltaron la disciplina, como la juez Margarita Robles, que preside la de Justicia, y es que esos puestos ya no son del grupo, sino que fueron votados por la cámara, con lo que, salvo que el afectado renuncie, ya no hay opción a destituirle.

Para quitar la Vicepresidencia de Comisión que tenía el exconsejero andaluz José Antonio Viera, que en su día se negó a renunciar al escaño cuando fue imputado por los ERE, el PSOE tuvo que forzar primero su expulsión del Grupo Socialista para que, una vez en el Mixto, dejara de estar adscrito a esa comisión y, por tanto, perdiera el puesto en la mesa. Llegar a ese extremo no se plantea para este caso pues en el PSOE no contemplan echar a ninguno de sus diputados del Grupo Socialista.

No hay que descartar que el Grupo Socialista pueda quitar la portavocía a alguno de los 'díscolos' 

Otra cosa son las Comisiones Mixtas (Congreso-Senado) que aún no se han constituido, una de cuyas presidencias el PSOE había reservado al PSC --en principio para José Zaragoza-- y que ahora se está a tiempo de readjudicar si así se decide. Tampoco hay que descartar que, más adelante y de acuerdo con la Comisión Gestora del partido, la dirección del Grupo Socialista pueda hacer algún reajuste en las portavocías de área para quitar la titularidad a alguno de los 'díscolos' y dársela a otro.

En todo caso, la sanción que imponga el Comité Director podrá ser recurrible ante el Comité Permanente del Grupo Parlamentario, integrado, además de por la dirección, por los portavoces socialistas y miembros de las Mesas de las Comisiones y del Congreso.

Una vez haya un informe definitivo, se comunicará también a la Gestora que, al margen de este procedimiento parlamentario podría abrir un expediente a los diputados que son militantes del PSOE. Es decir, este proceso paralelo sólo podría afectar a seis de los que votaron 'no', ni a los siete del PSC, ni a las dos independientes.

En este caso, los estatutos del partido contemplan castigos que llegan a la suspensión de militancia e incluso la expulsión del partido, un extremo que desde la Gestora se asegura que no se contempla. Así lo expuso el mismo día de la votación de investidura el presidente de la Gestora, Javier Fernández, quien defendió que no contemplaba esta posibilidad.