Una multinacional pretende minar 1.742 hectáreas de subsuelo junto al mayor pantano del Pirineo

ZARAGOZA .- “Los extremos planteados en la pregunta exceden del ámbito de competencia de esta Administración”, señala la consejera de Industria del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, en una de las respuestas a las baterías de preguntas con las que los diputados autonómicos Nacho Escartín (Podemos) y Patricia Luquin (IU) pretendían saber si Geoalcali –filial española de la multinacional australiana Highfield Resources- tiene todos los papeles en regla para impulsar el proyecto conocido como Mina Muga: una explotación minera cuyas galerías, que superarán los 600 metros de profundidad, horadarán una extensión de 1.742 hectáreas a menos de dos kilómetros del embalse de Yesa, que se asienta sobre una falla y cuyas obras de recrecimiento lo convertirán en el mayor del Pirineo.

La iniciativa, consistente en minar una superficie ligeramente inferior a la que ocupa el aeropuerto de Barajas con túneles de más de medio kilómetro de profundidad y más de dos de longitud al lado de un embalse con capacidad para almacenar más agua de la que el Tajo lleva en Aranjuez al cabo de un año -1.079 hectómetros cúbicos-, ha provocado inquietud y rechazo en las poblaciones zaragozanas, navarras y oscenses de la zona, canalizada por la Plataforma Noalasminasdepotasa, y ha generado varias iniciativas políticas.

El Gobierno de Navarra ha pedido supervisar el proyecto, la Consejería de Vertebración del Territorio de Aragón –dirigida por Cha- ha emitido un informe en el que denuncia que los estudios iniciales no contemplan los efectos de una obra de esas dimensiones en la sismicidad de la zona y las posibles afecciones a la seguridad del embalse –el estudio de impacto del recrecimiento confirmó en 2010 que la presa se apoya sobre una falla- y, por su parte, IU y Podemos tratan de saber si el permiso fue otorgado tras el preceptivo concurso público.

“Les remitimos a lo publicado en el BOE nº 85, 8 abril 1972”, y “la tramitación de este expediente está supeditada a las resoluciones que se tomen desde la Administración central del Estado”, han sido las respuestas del Gobierno de Aragón a Escartín y Luquin. Esa resolución de hace 44 años se limita a levantar la reserva de las zonas mineras a favor del Estado y a establecer la obligatoriedad del concurso, aunque no especifica su desarrollo ni, obviamente, recoge su tramitación.

“Abrir galerías y alterar las condiciones del subsuelo en ese área puede conllevar episodios de sismicidad inducida y afectar a la falla de Loiti, localizada entre la zona de la mina y el pantano”, señala Marta López, portavoz de la Plataforma Noalasminasdepotasa, que destaca que “las galerías llegan a 1,8 kilómetros de la presa”.

Ecologistas en Acción ha reclamado la paralización de los proyectos de la mina y del recrecimiento de la presa, “uno de cuyos nexos en común reside en la sismicidad potencial que entrañan”. Esta organización considera que los deslizamientos que se han producido en las laderas del embalse durante las obras son “un aviso de los ostensibles temblores a que daría lugar el llenado del futuro vaso”.

Los conservacionistas también reclaman “una especial atención” para las galerías de extracción de potasa y sus efectos sobre la falla de Loiti, los cuales, a su juicio, “perfilan un panorama de catastróficos impactos e incompatibilidad entre la actividad y el medio si no se evalúan previamente” con “absoluta precisión”.

El proyecto de recrecimiento del pantano, inaugurado en 1959 y con el que su capacidad pasaría de 446 a 1.079 hectómetros cúbicos tras inundar 3.350 hectáreas, ha provocado numerosas protestas; entre ellas, la que ocasionó el proceso conocido como Los 8 de Yesa, cuyo juicio está señalado para el próximo mes de mayo en Zaragoza. Y también ha generado un intenso debate político sobre sus riesgos y sobre sus costes, que superan los 350 millones de euros una década después de haber sido adjudicado por 113 a un consorcio de empresas liderado por ACS.

El estudio de impacto ambiental de la mina que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente, en un proyecto que tramita el de Industria en coordinación con las comunidades de Aragón y de Navarra y que ha recibido cerca de medio millar de alegaciones de vecinos de la zona, deberá pronunciarse también sobre los efectos de otros aspectos del proyecto, como el tratamiento de los residuos y sus consecuencias en las aguas subterráneas o los efectos de las voladuras en la estabilidad del embalse.

Los planteamientos iniciales de Geoalcali, cuyo proyecto completo abarca una extensión de 550 kilómetros cuadrados entre la sierra navarra del Perdón y la localidad oscense de Bailo, contemplan restaurar mediante hidrosiembras la montaña en la que, sobre una superficie de 49 hectáreas y con una altura prevista de casi 50 metros, se acumularán los cuatro millones de toneladas anuales de residuos salinos que la empresa prevé extraer anualmente para producir otro millón de toneladas de potasas y uno más de sales cuyo destino inicial será el mantenimiento de carreteras durante los inviernos.

La bocamina y las instalaciones para procesar el mineral ocuparán 220 hectáreas en Undués de Lerda, junto a Sangüesa.

El Gobierno de Aragón, por su parte, tiene ahora mismo sobre la mesa otra petición que ha levantado las suspicacias de los sectores críticos con el proyecto Mina Muga: una galería de investigación de más de dos kilómetros y medio de longitud y más de 350 metros de profundidad cuyas dimensiones consideran excesivas para recoger datos. “Lo consideramos una apertura encubierta de la mina”, apunta López.

El anuncio de creación de empleo en la zona no ha mitigado la oposición al proyecto. “La memoria habla de más de 300 puestos de trabajo, e incluso han hablado de llegar a 800 al ampliar el periodo de explotación de 20 años a 40”, anota López, que llama la atención sobre los efectos que ese aumento temporal tendría en aspectos como la generación de residuos.

La empresa promotora de Mina Muga es una filial española de la multinacional australiana Highfield Resources, cuya valoración bursátil ha sufrido un desplome del 33% en las últimas tres semanas, al caer sus acciones de 1,86 a 1,24 dólares entre los días 8 y 24 de marzo.

Con todo, y a pesar de esa caída, el precio de las participaciones es prácticamente el doble del que tenían al comenzar el año pasado, cuando inició una espectacular subida que le llevó a rozar los dos dólares a principios de mayo tras apenas haber superado los 50 centavos en el trienio anterior.