El abogado del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baulde y varios letrados de los otros catorce acusados en una causa por blanqueo de capitales procedentes de la droga han alegado en el juicio irregularidades en el proceso para pedir la nulidad de actuaciones.

La Audiencia Nacional ha iniciado este jueves la vista en la que Marcial Dorado se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, sus hijos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.

El fiscal pide 15 años de prisión para el narcotraficante gallego

El juicio se ha iniciado con cuestiones previas con quince de los dieciséis acusados en el banquillo ya que la Sala ha decidido que sea enjuiciado aparte en su momento debido a la grave enfermedad que por la que está hospitalizado el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda Becerra, para quien el fiscal pide diez años de prisión.

No obstante, ha resuelto que si mejora su estado de salud podrá ser citado a este juicio no como acusado sino como testigo para que los abogados de los demás imputados le puedan interrogar.

La decisión del tribunal ha provocado la protesta de varios abogados defensores, entre ellos los de Marcial Dorado y sus tres hijos también acusados, que estiman que el juicio debió aplazarse y celebrarlo con todos los acusados cuando Juan Miguel Castañeda pudiera comparecer.

Uno de los abogados incluso ha alegado que la Sala debiera encargar un informe médico forense sobre el estado de salud de Castañeda y ha hecho referencia a la "postura diversa" de la Fiscalía, que ha apoyado la decisión de la Sala en este caso, respecto al del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, en prisión provisional domiciliaria por razones de salud.

Manuel Tuero, abogado de Marcial Dorado Baulde, ha alegado nulidad de las intervenciones telefónicas y de las comisiones rogatorias a Suiza de las que dice que se falseó el delito de tráfico de drogas por el que se pidieron y al respecto ha asegurado que el Servicio de Vigilancia Aduanera "creó una trama en la que se sustenta el Ministerio Fiscal".

Ha denunciado que un Juzgado de Villagarcía de Arosa desglosó la causa de la que arranca la causa en dos partes y la envió a los juzgados ordinarios de Madrid respecto 39 acusados mientras que para Marcial Dorado y otro imputado la remitió a la Audiencia Nacional, y ha recordado que los juzgados de Madrid archivaron la causa respecto a los primeros.

El letrado de Dorado aporta copia de unos billetes de lotería premiados para probar que le tocó, y que no fue una ficción para blanquear dinero Para Tuero esto es una diferenciación injustificable que anula las actuaciones del juzgado gallego y también ha alegado que se han infringido las normas de reparto de la Audiencia Nacional para atribuir el juicio a esta Sala.

El letrado ha aportado copia de unos billetes de lotería premiados en el sorteo del 22 de diciembre de 1998 para acreditar que es verdad que a Dorado le tocó y que no fue una ficción para blanquear dinero como sostiene la Fiscalía.

Jose Antonio Tuero, abogado de los hijos de Marcial Dorado, ha estimado que el juicio debería celebrarse en Suiza, aunque ha advertido de que los tribunales suizos ya han acreditado que el patrimonio objeto de la acusación procede de la intermediación de la compraventa de tabaco y no del tráfico de cocaína.

En cualquier caso ha alegado la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido.

Los abogados y acusados Félix Pancorbo y Rosa Stampa, que se defienden a sí mismos, se han sumado también a las peticiones de nulidad de actuaciones.

Rosa Stampa ha pedido a la Sala que reclame a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa informes para determinar si hubo concesiones de contratos, ayudas, subvenciones o indemnizaciones a Dorado y sus empresas entre 1980 y 2013 para demostrar la existencia de negocios lícitos capaces de generar ganancias.

Marcial Dorado Baulde, que se enfrenta además a una petición del fiscal del pago de una multa de 42 millones de euros, está considerado un "histórico" del narcotráfico gallego y ya cumple una condena de 10 años de prisión por tratar de introducir en España casi ocho toneladas de cocaína en el barco South Sea, abordado por la Policía en aguas del Atlántico el 10 de octubre de 2003