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Netflix Vuelve la guerra del canon, esta vez contra Netflix

El Gobierno quiere que se pague un canon digital también por las descargas desde plataformas legales.

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Imagen del logo de Netflix en una televisión de California, EEUU. Reuters

La Asociación de Internautas ha filtrado el borrador sobre el que trabaja el Gobierno para modificar la Ley de Propiedad Intelectual y ha pulsado el botón de regreso al futuro. Para sorpresa de todos, el texto vuelve a plantear el pago de un canon por copia privada 14 años después, y esta vez persigue también las descargas desde plataformas legales como Netflix o Amazon.

El texto del borrador recoge una definición de "copia privada" que  incluye la descarga de un contenido desde una "fuente legítima" que haga cualquier usuario, aunque no pretenda darle un uso lucrativo ni comercial. Una definición muy del gusto de las entidades de gestión de derechos de autor que ven peligrar su modelo de negocio y presionan para conseguir legislaciones favorables.

"Vas a tener que pagar por cualquier dispositivo que permita hacer ese tipo de copias: en la práctica quedan gravados móviles, ordenadores portátiles o tabletas donde se pueda ver Netflix o Amazon Prime", explica a Público el abogado experto en propiedad intelectual Carlos Sánchez Almeida. 

"El Gobierno quiere apaciguar a las entidades de gestión y darles un dinerito que no sacan porque no saben competir", dice el abogado Sánchez Almeida

Spotify o HBO, así como todos aquellos servicios en los que el usuario pueda descargar contenidos para reproducirlos offline, también se verían afectados por la nueva regulación. Y eso a pesar de que esto "no supone ningún perjuicio para el autor original, sino que simplemente es una facilidad que proporcionan estas empresas para no depender de tu conexión a la hora de reproducir los contenidos", confirma el letrado.

Desde la Asociación de Internautas se han mostrado "asombrados" de que después de años de vueltas judiciales por la legitimidad del canon digital, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluida, el Ejecutivo vuelva al recurso del canon. Un sistema remuneración por copia privada para las entidades de gestión de derechos que consideran "arbitrario, desproporcionado e injusto". 

Legislando para modelos de consumo anticuados

El problema, coinciden tanto la plataforma de usuarios como Sánchez Almedia, es que el equipo de Mariano Rajoy intenta legislar para patrones de consumo ya superados. En una norma que afectará a modelos como Netflix, Spotify, Amazon Prime o HBO, se regula pensando en los usuarios que formaban una biblioteca personal a partir de copias privadas.

O lo que es lo mismo, "nadie copia ya prácticamente nada", como aseveran desde la Asociación de Internautas. Y es que "los contenidos en streaming y los servicios de pay per view -incluidos ya comúnmente en los paquetes telefónicos y de suministro de Internet- han acabado con la copia. Hay hogares con varios dispositivos entre ordenadores, tabletas y teléfonos móviles en los que no entra un CD o un DVD desde hace años".

Reaparece el lobby de gestión de derechos de autor

En 2003 la SGAE pasó a ser el enemigo público número uno por querer una remuneración por cualquier reproducción de los contenidos que gestiona, presionando para cobrar incluso de peluquerías o mercerías. 14 años después la historia se repite y el lobby de las entidades de gestión de derechos de autor vuelve a conseguir un proyecto de regulación trasnochada pero conveniente a su interés.

Los internautas: los gestores de contenidos "siguen dictando exigencias al Gobierno"

"El Gobierno pretende apaciguar a las entidades de gestión, para darles un dinerito que no sacan porque no saben competir en el mercado. Es una guerra entre dos industrias en la que una de ellas no sabe competir con la otra", argumenta el abogado Carlos Sánchez Almeida.

Los internautas recuerdan que "hemos visto pasar al PP de Aznar, el PSOE de Zapatero y nuevamente al PP, ahora con Rajoy soportado al alimón por Ciudadanos y por el propio PSOE, y en todos los casos se ha hecho lo mismo: quitarse de encima la presión de las sociedades de gestión de derechos de autor a costa del bolsillo de los ciudadanos", y califican a estas sociedades de "oligopolio inamovible e insoslayable que sigue dictando sus exigencias al Gobierno de la nación".

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