No cabe la 'doctrina Botín': el fraude fiscal es público y el juicio se hubiera celebrado igual

Madrid.- "Hacienda somos todos". El juez de instrucción del caso Nóos, José Castro, insiste en el auto que los dos delitos de fraude fiscal de los que acusa a Cristina de Borbón son de interés público.

El juicio se celebrará a mediados de 2015 y la infanta se sentará en el banquillo junto con otros 16 acusados, entre ellos su marido. El juez fija en 2,6 millones su responsabilidad civil.

"No es de recibo que el acusador popular se convierta en una figura puramente inútil"

El juez basa su rechazo de la doctrina Botín desde tres ángulos: la interpretación de la ley, la jurisprudencia y la propia doctrina. De entrada, considera que "no es de recibo que, llegados al trámite de la fase intermedia, el acusador popular se convierta en una figura puramente inútil".

El juez resalta que el fraude fiscal afecta a la colectividad; "ya la duda ofende"

Por ello, razona que choca contra la Constitución exigir que la acusación popular necesite estar secundada por la acusación del Fiscal u otras partes. En concreto, el artículo 125 de la Carta Magna, que consagra que los ciudadanos pueden ejercer la acción popular en aquellos procesos penales que la ley determine.

El magistrado reprocha a la Agencia Tributaria que haya excluido a la infanta de las acusaciones de delito fiscal

Respecto a los dos delitos de los que se acusa a la infanta, el magistrado incide en el interés público del fraude fiscal.