Una nueva respuesta del Gobierno da esperanza a las familias que piden que los profesores condenados por maltrato no puedan ejercer

Las familias del IES Goya de Zaragoza –escuela en la que da clase el exconcejal del PP de Huesca Luis Antonio Irzo Bueno, condenado en 2020 por maltrato habitual a su exmujer y a sus tres hijos, desde septiembre de 2024– vuelven a ver una luz de esperanza tras la última respuesta del Gobierno en relación con una posible reforma legal que garantice que docentes con estos antecedentes no puedan volver a ejercer o trabajar con menores. Después de dejar en el aire una modificación de la normativa, el Ministerio de Juventud e Infancia –a cargo de Sira Rego– ha ampliado la respuesta inicial del Ejecutivo y ha señalado que la propuesta sigue en consideración dentro de la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

En la ampliación de la respuesta gubernamental emitida el pasado 5 de marzo, a la que ha tenido acceso Público, el Gobierno reconoce la importancia de abordar esta problemática y ha recordado que "durante el pasado mes de diciembre se realizó la consulta pública previa sobre la futura reforma de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio". Esta modificación busca dotar la legislación de "una mayor transversalidad de género y recoger las diferentes formas de violencia contra la infancia que se producen en los diferentes espacios de los que esta participa, con medidas preventivas y de reparación adecuadas".

El ministerio ha insistido en su compromiso con la protección de los menores y ha subrayado que "toda violencia ejercida contra un niño, una niña o un adolescente es motivo de preocupación y una cuestión prioritaria que abordar". En este sentido, ha detallado que se abre "un periodo de reflexión en el que se podrán valorar distintas propuestas de mejora de la LOPIVI, como la recogida en esta pregunta parlamentaria".

El 17 de diciembre de 2024, los diputados de Sumar Jorge Pueyo y Engracia Rivera formularon una pregunta escrita al Ejecutivo, solicitando aclaraciones sobre las medidas previstas para evitar que esta situación siguiera ocurriendo. "¿Tiene previsto el Gobierno modificar la legislación vigente para impedir que personas condenadas por violencia familiar o maltrato puedan acceder a profesiones en contacto habitual con menores, especialmente la docencia?", versaba el documento que pudo leer este diario. La primera respuesta, fechada a 24 de febrero de 2025, sin embargo, no despejó del todo las dudas.

Ahora el pronunciamiento del Gobierno tampoco no concreta una decisión firme sobre la exclusión de profesores condenados del ejercicio docente, pero sí que apunta a que esta cuestión se integre en la reforma de la LOPIVI. Asimismo, se asegura que "el proyecto normativo seguirá la tramitación prevista en el artículo 26 de la Ley 50/1997, que entre otros trámites prevé el de audiencia pública del texto".

Las familias y colectivos de protección a la infancia han recibido con esperanza esta nueva respuesta gubernamental. El siguiente paso será la presentación del texto definitivo ante las cámaras para su debate y aprobación parlamentaria. Por ahora, madres y padres expresan que confían de que la reforma de la LOPIVI incluya medidas claras y contundentes que aseguren la protección de los menores en el ámbito educativo.

Según informan las familias de Zaragoza, en Balears otro caso similar ha impulsado peticiones paralelas para modificar la normativa. Además de haber recurrido a instancias como el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, han lanzado una campaña de concienciación y recogida de firmas (llevan más de 60.000) para seguir haciendo presión.