Un nuevo año judicial con la infanta y el PP en el banquillo

MADRID.- Si alguna palabra presidirá la apertura del año judicial 2015-2016 es la corrupción.

El rey Felipe VI presidirá este 8 de septiembre la apertura del año judicial con la paradoja de que su hermana Cristina de Borbón se sentará en el banquillo ante un tribunal junto a su yerno Iñaki Urdangarín.

La infanta es acusada de cooperadora necesaria en dos supuestos delitos fiscales cometidos por la sociedad matrimonial que posee junto a su marido -Aizoon-, con dinero procedente de las arcas públicas a través de contratos supuestamente fraudulentos.

Cristina de Borbón se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción: es el primer familiar directo de un rey español -y de una monarquía reinante- en sentarse en un banquillo en un caso de corrupción.

La vista oral del llamado caso Nóos -el instituto que tenía su marido junto a su exsocio David Torres- se celebrará a finales de 2015 o, más posiblemente, a comienzos de 2016. El tribunal se conformará en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con la asistencia masiva de medios de comunicación españoles y extranjeros.

Nada más arrancar con las cuestiones previas de la primera sesión, la defensa de Cristina de Borbón tiene previsto solicitar al tribunal que se le aplique la "doctrina Botín", con el fin de librarla del banquillo.

Dicha doctrina del Tribunal Supremo, que debe su nombre al banquero Emilio Botín, establece que no cabe el procesamiento de una persona que es sólo acusada por la acusación popular y no el ministerio público. Ahora bien, posteriormente el alto tribunal perfiló esta doctrina y permitió esta acusación en el caso Atuxa, para los delitos que tienen relevancia pública. El tribunal deberá decidir si los delitos fiscales son de interés público o pertenecen al ámbito privado.

El solemne acto de apertura del año judicial se celebra el martes 8 de septiembre en la sede del Tribunal Supremo de Madrid. Al acto asisten también las máximas autoridades judiciales, pero también representantes del poder ejecutivo, con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la cabeza. Otra paradoja: el PP también se sentará este año judicial en otro juicio por corrupción, por los llamados "Papeles de Bárcenas", que se celebrará antes de verano de 2016, posiblemente.

En dicho juicio están procesados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el exgerente Cristóbal Páez.

La polémica está servida, no en vano el ponente del caso de los Papeles de Bárcenas es Enrique López, magistrado aupado por el PP a cargos públicos, como ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y miembro del Tribunal Constitucional, que tuvo que dimitir tras ser pillado por la policía conduciendo una moto en estado ebrio. 

En el caso Bárcenas, el PP es considerado responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar en Hacienda por la remodelación en negro de su sede central de la calle Génova de Madrid.

López también será el ponente de la trama de corrupción del caso Gürtel, que no se celebrará hasta bien entrado 2016.

Las partes personadas en ambos casos intentarán recursarlo por su relación con el PP. Al igual que lo intentarán con la presidenta de la sección donde ambos casos han caído para ser enjuiciados: Concepción Espejel, también vocal del CGPJ nombrada a instancia del Partido Popular. 

Es de esperar que al acto del Tribunal Supremo asistan los grupos parlamentarios presentes en la comisión de Justicia del Congreso. Entre ellos Lourdes Ciuró, la representante de Convergència i Unió, cuyo fundador, Jordi Pujol, y su familia son investigados por los tribunales por supuestos casos de corrupción.

Es muy posible que el juzgado de instrucción 28 de Barcelona que investiga el patrimonio oculto de los Pujol -a raiz de la querella interpuesta por Guanyem y Podemos de Barcelona, así como por Manos Limpias- se inhiba este año en favor de la Audiencia Nacional.

En la Audiencia Nacional ya se investiga a los hijos del expresident Jordi y Oleguer Pujol Ferrusola, el primero por supuesto blanqueo de capitales y el segundo por supuestos delito fiscal y blanqueo.

Se calcula que los juzgados y tribunales españoles tramitan 1.400 casos de corrupción política, sólo contando a partir de los casos en los que están involucrados alcaldes y altos cargos de gobiernos autonómicos.

El año 2016 será clave porque varios de estos sumarios están siendo ultimados para dar paso a la fase de apertura de juicio oral.

La Audiencia Nacional celebrará en este nuevo año judicial las vistas públicas sobre la gestión de la Caja Castilla-La Mancha, donde se sientan en el banquillo sus exdirectivos, como su expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general de la entidad Ildefonso Ortega. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para ambos, pero solo por el delito de falseamiento de cuentas por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.

Este nuevo año judicial traerá también consigo el juicio del caso Madrid Arena, estadio municipal donde el 1 de noviembre de 2012 fallecieron cinco jóvenes aplastadas en una fiesta de Halloween.

Las vistas públicas del caso Madrid Arena comenzarán el 12 de enero de 2016 y se prolongarán durante varias semanas. En el juicio se dilucidarán las múltiples irregularidades de gestión pública y de la empresa privada que realizó el evento, así como fallos en la atención de las víctimas que desembocaron en la tragedia.

En el citado caso figuran quince acusados, entre los que se encuentran el promotor y empresario Miguel Ángel Flores, que se enfrenta a cuatro años de prisión, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo, para quien el fiscal solicita tres años de cárcel, y el médico Simón Viñals, con una petición dos años y seis meses de prisión.

En noviembre también se tiene previsto celebrar el juicio a los 35 acusados de pertenecer a ETA a través de las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV, para quienes las Fiscalía pide 10 años de cárcel.

Los juzgados centrales de instrucción continuarán con las macrocausas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, la investigación de la salida a bolsa de Bankia, donde miles de pequeños ahorradores quedaron atrapados en una oferta pública que se investiga si resultó fraudulenta, al igual que se indagará en las responsabilidades penales de la colocación a pequeños ahorradores de las preferentes de esta entidad rescatada.

También en la Audiencia Nacional se investigará el caso sobre Rodrigo Rato, por un supuesto blanqueo de capitales del exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. El juzgado de instrucción 31 de Madrid se inhibió el pasado agosto en favor del órgano judicial central.

El juicio por el caso Gürtel, relacionado con la trama crecida bajo la sombra del PP, no celebrará hasta bien entrado 2016.