Unas 25 organizaciones pertenecientes a la sociedad civil han remitido al Gobierno de España, así como al resto de grupos parlamentarios, un Decálogo de Recomendaciones [ver PDF] a fin de "reforzar" el proyecto de ley de protección al denunciante aprobado el pasado martes en segunda vuelta.

En concreto, el documento contempla diez enmiendas que tienen por objetivo atender las "lagunas y lagunas" que, según los firmantes, contiene esta proposición de ley y que, de implementarse de forma definitiva, dejaría en una situación de vulnerabilidad a los denunciantes.

Entre las recomendaciones, destaca la eliminación de cualquier tipo de condicionalidad sobre la motivación del denunciante para denunciar, así como la necesidad de definir conceptos como "interés público" o "represalias", de tal forma que se eviten las interpretaciones restrictivas, incluidas situaciones como trato injusto, coerción, intimidación o discriminación.

Además, se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que la ley garantice que los denunciantes estén dentro del ámbito de protección de la ley, independientemente de que mantengan o no una relacional laboral o profesional con la organización a la que han denunciado. 

Otra de las demandas del escrito es la de garantizar el anonimato y la seguridad del denunciante, estableciendo características técnicas obligatorias para los canales que se requieran para su denuncia, y permitiéndole además elegir, sin condiciones, si denunciar a través de los canales internos de la organización sobre la que informa o externos, como por ejemplo a través de la futura Autoridad Independiente de Protección de Denunciantes, organismo independiente y autónomo, aunque adscrito al Ministerio de Justicia, que tendrá potestad sancionadora para las infracciones contempladas en la ley.

El citado decálogo viene firmado por organizaciones como Access Info, Hay Derecho, Xnet, Blueprint for Free Speech, junto con miembros que integran la Coalición Pro Acceso, red que promueve y protege el derecho de acceso a la información en España, y Whistleblowing International Network (WIN), plataforma de organizaciones para la defensa de los denunciantes.