El órgano que fiscaliza al Gobierno andaluz defiende que es legal el nombramiento de un excargo de la Junta

La Cámara de Cuentas de Andalucía considera perfectamente legal y ajustado a derecho el nombramiento, efectuado la semana pasada, como secretario general de la institución de Francisco Gutiérrez, quien hasta hace escasas fechas ocupaba un cargo de confianza en la Consejería de Agricultura, dirigida por Carmen Crespo (PP).

Tres consejeros del órgano elaboran un voto particular porque consideran que ese puesto debe estar ocupado por un funcionario. Para la Cámara, esto es solo una "posibilidad". Así lo expresa en una nota enviada a Público. En ella, recuerdan la previsión del artículo 40.3 del reglamento de la Cámara, en el que se dice: "El nombramiento como secretario general de la Cámara de Cuentas implicará, en su caso, la declaración del interesado en la situación laboral de excedencia especial o, si es funcionario, en la de servicios especiales con los mismos derechos, tanto durante el ejercicio del cargo como al reincorporarse a su destino, que legalmente correspondan a los funcionarios que desempeñen altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

"Por lo tanto,–añade la Cámara– respecto al cargo de secretario general nuestra normativa reguladora establece claramente la condición de funcionario como una posibilidad, y no una obligación". Y remacha: "Las circunstancias [de Francisco Gutiérrez] se ajustan a lo requerido en el citado artículo ya que su situación laboral actual es de excedencia especial, por lo que se cumple, como no puede ser de otra manera, lo establecido en el reglamento". Gutiérrez es doctor y profesor de Derecho y ha ocupado antes diversos cargos en la administración de la Junta a propuesta del PP: consejero del Audiovisual, después adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz y también miembro del Consejo Consultivo.

Voto particular

Los tres consejeros –dos nombrados a propuesta del PSOE y uno de Adelante Andalucía– que votaron en contra del nombramiento de Gutiérrez –a su favor lo hicieron la presidenta, Carmen Núñez, elegida a propuesta de Ciudadanos y los dos del PP– preparan ahora un voto particular porque consideran que el acto administrativo de su nombramiento es nulo de pleno derecho, ya que Gutiérrez no es funcionario, lo que consideran un requisito esencial para el desempeño de las funciones propias del cargo de secretario general.

Un profuso y documentado informe jurídico del 25 de febrero de 2020, firmado por la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, concluye, tras estudiar diversas normas e interpretaciones de las mismas, que "no cabe duda que las funciones públicas de secretaría, en su doble vertiente, de asesoramiento y fe pública, implican el ejercicio de potestades públicas […] deben estar reservadas a funcionarios públicos, en garantía de las notas de objetividad, imparcialidad e independencia".

La Cámara de Cuentas, en la etapa socialista, cumplió con su papel y elaboró trabajos que han terminado en los tribunales y que contribuyeron a aclarar el tipo de corrupción que se había instalado en la Consejería de Empleo en los últimos años de gobierno de Manuel Chaves (PSOE). Para la Cámara de Cuentas, según recoge la nota enviada a Público, hoy también "es del mayor interés mantener entre los órganos fiscalizados y entre la opinión pública la imagen de rigor y seriedad que debe desprenderse por la función que ejerce".