El pacto de Justicia arrincona la renovación del Constitucional

A cien días de que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición alcanzaran el segundo acuerdo de Estado por la Justicia entre PSOE y PP —el primero, del 31 de mayo de 2001, lo firmaron el secretario general de un PP en el Ejecutivo, Javier Arenas, y un Zapatero en la oposición—, pocos recuerdan ya los mimbres de aquel cesto.

Primero, porque el ministro de Justicia ya no es el de entonces, pues Mariano Fernández Bermejo fue sustituido por Francisco Caamaño. Y segundo, porque la cláusula fundamental de ese acuerdo, la renovación de los órganos de gobierno judiciales sigue estancada al 50%. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es nuevo desde septiembre de 2008, aunque llegó más politizado, menos plural y con dos años de retraso.

Y el Tribunal Constitucional (TC) cumple año y medio de interinidad y no tiene trazas de ser relevado próximamente. Probablemente haga los dos años en funciones del Consejo y le corresponda decidir si da luz verde al Estatut catalán.

"Posiciones inamovibles"

Hace tiempo que PSOE y PP no hablan de la renovación del Constitucional y, si les preguntan, culpan al otro por sus "posiciones inamovibles". Los conservadores se empeñan en que el ex presidente del Supremo, Francisco Hernando, y el ex portavoz del CGPJ, Enrique López, estén en el nuevo TC, pero los socialistas se niegan. Y de ahí no se sale, pero tampoco hay conversaciones para tratar de desbloquear la situación, confirman fuentes de ambos lados, por lo que todos admiten un pacto de silencio entre PSOE y PP hasta que se decida sobre el Estatut.

En su primera comparecencia ante el Congreso, el pasado 26 de marzo, Caamaño ni siquiera aludió a la renovación del Constitucional en su intervención inicial sobre sus objetivos en materia de Justicia. Sólo habló de intentar la "búsqueda de consenso" cuando el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, le recordó que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, iba camino de convertirse en la de "más largo mandato de la historia del organismo".

Con un aumento de los asuntos en los juzgados del 50% en doce años, el Gobierno ha decidido centrar sus esfuerzos en la Justicia como "servicio público de calidad", en palabras del ministro de Justicia.El cambio de Fernández Bermejo por Caamaño en el Ejecutivo supuso, sobre todo, un "cambio de tono y de talante", y así lo admitieron en su día tanto las fuerzas políticas como sindicatos, asociaciones y distintos organismos del entorno de Justicia.

El ex secretario de Relaciones con las Cortes entró en el Gabinete de Zapatero con un nuevo pacto de Justicia que ilustraba perfectamente su forma de trabajar: Caamaño anunció en su primera intervención en la Cámara Baja un acuerdo social sobre la Justicia "con todos los sectores implicados, incluida la sociedad civil, los ciudadanos" y con una dotación de 600 millones de euros.

El Acuerdo se basa en cuatro ejes: mejorar la calidad de este servicio público; modernizarlo con las últimas tecnologías y adaptar el Registro Civil a las mismas; actualizar la legislación penal, y profundizar en la cooperación intergubernamental e internacional.

En tres meses, Caamaño se ha reunido con sindicatos, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales. Todo apunta a que la primera huelga de jueces que sufrió su antecesor, el 18 de febrero, no se repita el 8 de octubre, pues esta sólo la apoya ya la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Los ejes del acuerdo propuesto por Caamaño

Más plazas de jueces y nueva Oficina Judicial

El Gobierno se ha comprometido a adoptar y consensuar una serie de medidas urgentes para incrementar la calidad del servicio público de la Justicia. Por ejemplo, seguir aumentando el número de plazas de jueces –el Consejo de Ministros del viernes 17 aprobó la creación de 135 unidades judiciales– o dotar a la Nueva Oficina Judicial de los instrumentos necesarios para que sea implantada en enero de 2010.

Plan de informatización e infraestructuras

La meta del Ejecutivo, en colaboración con Comunidades Autonómas y CGPJ, es lograr que los juzgados trabajen en red, con acceso telemático a los registros y accesible por vía electrónica para los usuarios. El Ministerio ha implantado el sistema Lexnet y está desarrollando el Minerva. Asimismo, aborda la reforma del Registro Civil para convertir 8.000 islas de diversa naturaleza en un registro único en España.

Actualización de la legislación penal

El anteproyecto de ley que modifica el Código Penal ya ha pasado por el CGPJ y por el Consejo Fiscal. El Ejecutivo prioriza que esta reforma incorpore, entre otras novedades, el tratamiento específico de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores. Caamaño quiere además disponer pronto de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que se adapte a las normativas de la Unión Europea (UE).

Preparando la Presidencia de la UE 

También Justicia se prepara la Presidencia española de la UE en 2010. Pero lo hace en la posición más controvertida del Ejecutivo. Coincidiendo con este segundo mandato de España, está el 50º aniversario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Precisamente, cuando el Gobierno acaba de mutilar la jurisdicción universal y limitarla a casos que sólo afectan a españoles.