Un delincuente en el Senado: Feijóo no aclara si expedientará a Baltar un mes después de su condena

El Partido Popular sigue sin aclarar si ha expedientado o prevé expedientar a su senador Manuel Baltar, quien el pasado 27 de enero fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un día de retirada de carné y 1.800 euros de multa por un delito contra la seguridad vial. Los magistrados del Supremo consideraron probado en sentencia firme que el 23 de abril de 2023, cuando fue detectado por un radar de la Dirección General de Tráfico e identificado por agentes de la Guardia Civil como el piloto del vehículo oficial de la Deputación de Ourense, el entonces presidente de ese organismo y del PP provincial conducía por la A-52 a más de 200 kilómetros por hora.

Los estatutos del Partido Popular obligan a los militantes a informar a la comisión de derechos y garantías sobre cualquier procedimiento penal en el que resulten inmersos como investigados, y a ésta, a abrir pieza de información reservada y en su caso, expediente disciplinario, cuando "tuviera conocimiento de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional". La infracción de Baltar, que el Supremo consideró hace ya un mes constitutiva delito en sentencia firme, se conoció apenas tres días después de su comisión, hace casi dos años, pero a día de hoy, Feijóo sigue sin desvelar si adoptará medida alguna contra él, y ni siquiera aclara si se le ha abierto expediente tal y como contemplan los estatutos de su partido.

"No se trata sólo de la multa", reflexiona el senador socialista por Ourense y exlíder de la oposición en la Deputación, Rafael Rodríguez Villarino, quien sostiene que "lo grave es que Baltar estaba haciendo un uso personal de un vehículo oficial, que conducía habitualmente sin dar explicaciones ni registrar entradas y salidas". "Eso ha servido de excusa para que la Deputación le haya pagado y le siga pagando otras multas, incluida otra de ese mismo día, en la misma autovía y en el mismo vehículo, al triple de la cuantía inicial porque se niegan a identificarle como el conductor de ese coche".

Uso de bienes públicos con fines personales

Rodríguez Villarino recuerda que Baltar quiso hacer pasar como viaje oficial a Madrid el desplazamiento particular que hizo el 23 de abril de 2023, domingo, y que no pudo aportar los justificantes del peaje de la autopista de entrada a la capital ni quiso mostrar los del hotel donde dijo haber dormido, alegando que si bien el viaje era de trabajo, la pernocta era una cuestión privada. "Ese es el problema, el uso de bienes públicos con fines personales", sostiene el senador socialista, quien rememora las irregularidades desveladas en el parque móvil de la Deputación, donde el jefe de servicio de ese departamento y chófer personal de Baltar llegó a identificar como conductoras del vehículo oficial de éste a su mujer y a su hija. A los pocos meses de que ellas asumieran aquellas multas por exceso de velocidad, la hija de ese chófer obtuvo una plaza fija de funcionaria en el organismo provincial.

La sanción por conducir a más de 200 por hora fue el motivo por el que Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda forzaron a Baltar a abandonar la Deputación, primero, y la presidencia del PP, después, a cambio de un escaño por designación autonómica que le permitió asegurarse un salario de más de 5.200 euros al mes sin contar pagas extra –el partido le ha nombrado miembro de la diputación permanente y presidente de la comisión de reto demográfico con un sobresueldo de 23.400 euros al año–, y, sobre todo, retrasar su procesamiento y condena casi dos años. "Ahora, con una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara probado que aquella infracción fue delictiva, Feijóo se pone de perfil y le mantiene en el Senado, como si el PP entendiera que el requisito de ejemplaridad es inferior al que ellos mismos establecieron en la Deputación y en la presidencia del partido en Ourense".

El pasado día 12, el PP impidió que el Parlamento de Galicia reprobara a Baltar votando en contra de una proposición no de ley del BNG que pedía que se le considerara no apto para representar a Galicia en el Senado. Los populares se justificaron alegando que la actuación por la que Baltar fue condenado sólo había representado "un riesgo abstracto" (sic) para la seguridad vial. Según la DGT, en el año 2023 murieron en España 1.806 personas en accidentes de tráfico, y la causa de uno de cada cuatro siniestros mortales fue el exceso de velocidad.

Suspensión de militancia e inhabilitación

El PP obvió así sus propios estatutos, que consideran falta muy grave "la condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" de los afiliados. Las faltas muy graves por condenas judiciales, si no van acompañadas de penas de cárcel, como sucede en el caso de Baltar, se castigan con suspensión de militancia por entre cuatro y seis años e inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o de representación por igual periodo de tiempo, lo que supondría que el PP debería exigir a Baltar que deje su acta en el Senado.

Público ha preguntado en ese sentido al presidente de su comisión de de derechos y garantías, José Antonio Monago, quien ha derivado la cuestión a la dirección de comunicación sin que ésta haya querido confirmar o desmentir siquiera que esté abierto en la actualidad expediente alguno sobre el caso. 

Cuando se conocen casos de imputaciones judiciales o denuncias contra cargos de representación de formaciones rivales, el PP sí exige su inmediata dimisión existan o no indicios de la comisión delitos. El pasado agosto, los populares se la reclamaron a la exteniente de alcalde socialista de Cangas (Pontevedra) Iria Malvido, que fue detenida en un control con una tasa de 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, en un caso asimilable al de Baltar porque la ley considera delito contra la seguridad vial conducir con una tasa superior a 0,60. Entonces el PP calificó de "intolerable" el comportamiento de Malvido, que sí dejó el Ayuntamiento a los pocos días.