La derecha y la extrema derecha están aprovechando el robo de cable de cobre que paralizó durante horas la línea del AVE Madrid-Sevilla para alimentar el relato del "España no funciona" que iniciaron tras el apagón general del lunes de la semana pasada para erosionar el Gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "sabotaje" la sustracción de 150 metros de tendido en cinco puntos de la provincia de Toledo que cortó la circulación ferroviaria, pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha señalado como causante del incidente a la, en su opinión, inoperancia del Gobierno. El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó a Puente de "camorrista" a la vez que culpaba del suceso al ministro de Interior del Ejecutivo de Sánchez: "Las mafias del cobre campan a sus anchas por la inacción de [Fernando Grande] Marlaska".

La Guardia Civil y un juzgado de Toledo ya investigan los hechos, sobre los que todavía hay más preguntas que respuestas pero que, en cualquier caso, no constituyen un suceso excepcional. Los sabotajes intencionados y los robos de cable de cobre en las líneas ferroviarias que afectan a su funcionamiento son frecuentes y han afectado en numerosas ocasiones al tránsito de convoyes en los últimos años, sin que nadie hasta ahora hubiera culpado al Gobierno antes de conocer con certeza qué es en realidad lo que ha ocurrido.

• ¿Fue un robo con móvil de lucro o un sabotaje con interés político? Con los datos disponibles aún no es posible responder a esa pregunta. Para paralizar una línea de tren no es necesario robar el cable de cobre de los sistemas de señalización. Hay métodos más rápidos y seguros para el saboteador que ya se han usado con anterioridad, como cortar la fibra óptica del sistema de comunicaciones o incendiar las catenarias del tendido eléctrico. Lo excepcional en este caso es que la cantidad de cobre sustraída en la madrugada del domingo al lunes –unos 150 metros de cable, según el Ministerio de Transportes– no es rentable para los ladrones, que apenas obtendrían 1.000 euros de la venta de todo el material que se llevaron.

• ¿Los robos de cable de la red ferroviaria española son algo excepcional? No, son relativamente frecuentes y habituales, y han ido aumentando a medida que subía el precio de ese metal, más de un 100% desde 2015 en los mercado de materias primas. El cobre robado no tiene el mismo valor, evidentemente, pero su venta en el mercado negro de la chatarra se ha convertido en un negocio en auge en los últimos años.

• ¿Hay datos oficiales sobre robos de cobre similares? Según el Ministerio del Interior, en 2024 la Policía Nacional y la Guardia Civil investigaron 4.433 robos de cobre y de otros materiales conductores en todo el país sin contar los ocurridos en Euskadi y Catalunya –en esta última comunidad autónoma hubo 5.372 denuncias en 2023–, donde las competencias recaen en la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, respectivamente. Con respecto a los datos del resto del Estado, Interior no detalla cuántas denuncias se refieren a robos o hurtos producidos específicamente en instalaciones ferroviarias.

• ¿Se ha detenido alguna vez a alguien por robar cobre en las líneas de tren? Sí. En febrero de este mismo año, las fuerzas de seguridad del Estado desarticularon una banda que operaba en la costa mediterránea y a la que se acusa de haber robado más de 24 toneladas de cobre en la línea ferroviaria 300 de València, que une la plataforma logística de Font de Sant Lluís con la fábrica de Ford en Almussafes. El coste de reponerlo ascendió a más de 320.000 euros.

• ¿Existen mafias organizadas dedicadas al robo de cobre? El caso anterior demuestra que sí: según la investigación, una empresa compraba el cobre sustraído, que pagaba en negro y en efectivo, falseando su trazabilidad y camuflándolo entre el material legal que manejaba. Luego lo enviaba en barco a China, donde se fundía y reelaboraba para su posterior comercialización.

• ¿Ha habido en los últimos años sabotajes intencionados en las líneas de ferrocarril? Existen numerosos ejemplos recientes. A finales de la primera década del siglo, ETA atentó reiteradamente contra la llamada Y Vasca, la red ferroviaria que une Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián con la frontera francesa. Entre 2007 y 2008 fueron 25 incidentes en 14 meses. En octubre de 2015, con Mariano Rajoy (PP) en la presidencia del Gobierno, el Ejecutivo atribuyó a un sabotaje, según la entonces vicepresidenta, Soraya Sáinz de Santamaría, el robo de fibra óptica, sin valor comercial, de la línea de AVE Madrid-Barcelona, que paralizó la circulación en Catalunya y afectó a unos 13.500 viajeros. En octubre de 2019, coincidiendo con las protestas por la sentencia del Procés, se produjeron en esa comunidad varios cortes por protestas físicas de manifestantes y por barricadas y por cortes de la red de fibra. En 2020 hubo también sabotajes en las estaciones de Zugastieta, en el municipio vizcaíno de Trapagaran, y en la de Forua, en la misma provincia. En mayo de 2022 se denunciaron tres actos vandálicos en las líneas de AVE a su paso por Girona que retrasaron el tráfico con la frontera francesa. El 12 de mayo de 2024, el mismo día en que se celebraban las autonómicas catalanas y poco antes de que se abrieran las urnas, hubo otro robo de cable de cobre que afectó a la circulación de las líneas de Rodalíes, la red catalana de cercanías.

• ¿Es viable vigilar en su integridad toda la red ferroviaria española? España tiene cerca de 16.000 kilómetros de vías de ferrocarril –un 42% más que la distancia por carretera que separa Madrid de Pekín– y es el segundo país del mundo con mayor trazado de alta velocidad después de China, que la multiplica por 29 en población y por 19 en superficie. Si una persona se dedicara exclusivamente a vigilar cada día 10 kilómetros de vía en España, harían falta 4.800 vigilantes en tres turnos los siete días de la semana y los 365 días del año. Es decir el equivalente a toda la plantilla de la policía local de Madrid o a cinco batallones del ejército de tierra.

• ¿Cuánto cuesta actualmente la seguridad de la red ferroviaria? El último concurso para adjudicar la seguridad en estaciones, terminales de mercancías, edificios y trazados gestionados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Transportes se celebró en 2022 y contemplaba tres años de contrato –hasta marzo de 2025–. En total fueron más de 210 millones de euros divididos sen seis lotes: 51,8 millones de euros para Cataluña y Aragón; 49,4 millones para Madrid y Castilla La Mancha; 37 millones para Andalucía y Extremadura, 30,5 millones para País Valencià y Murcia; 28,7 millones para Castilla y León, Galicia y Asturias, y 13,1 millones para Euskadi, La Rioja, Navarra y Cantabria.