El fiscal general pide al Supremo que cite a declarar al abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso

La Abogacía del Estado, en representación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que cite a declarar como testigo a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– que envió un correo electrónico al fiscal que investigaba a su cliente por presunto fraude fiscal ofreciendo reconocer dicho delito a cambio de un pacto con la Fiscalía, al considerar que puede ser determinante para archivar la causa.

Los servicios jurídicos del Estado han solicitado esta testifical en el marco del procedimiento penal en la que el magistrado Ángel Hurtado investiga a García Ortiz por la presunta revelación de secretos denunciada por el novio de Díaz Ayuso.

En un escrito, la Abogacía del Estado explica que pide esta diligencia al entender que "puede ser determinante para la causa, incluso para fundamentar en su caso una petición de archivo de la misma". La petición tiene lugar días antes de que acuda a declarar al Supremo el propio González Amador en calidad de querellante.

La defensa solicita la testifical de Neira para que declare si el 12 de marzo de 2024 –un día antes de que se produjera la denunciada filtración– recibió comunicaciones de periodistas de El País en las que se solicitaba que confirmara si González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

La Abogacía también pretende que Neira explique si el email que envió el 2 de febrero al fiscal Julián Salto –que investigaba a González Amador– fue enviado primero a un "buzón genérico" de la Fiscalía de Delitos Económicos y luego a la Abogacía del Estado.

Asimismo, la defensa precisa que está interesada en conocer si Neira tras recibir la respuesta de Salto "procedió o no a reenviarlo" a su cliente y "si autorizó o consintió que dicho correo fuera posteriormente remitido" por Miguel Ángel Rodríguez –jefe de gabinete de Díaz Ayuso– a "distintos medios de comunicación".

Aporta un acta notarial

Los servicios jurídicos aportan también un acta notarial que "recoge y autentifica el contenido de los mensajes de Whatsapp y correos electrónicos intercambiados por" tres periodistas de El País con el abogado Carlos Neira en relación con una noticia que publicó dicho medio el pasado 20 de enero bajo el título "Las pruebas de un 'secreto' difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general".

En este sentido, inciden en que dicha documentación "resulta especialmente relevante para acreditar que la información relativa a la voluntad de reconocimiento de los presuntos delitos fiscales" por parte de González Amador y su abogado "era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte" del fiscal general del Estado.

Al hilo, también solicitan al magistrado que cite a declarar a los tres periodistas de El País para que "puedan ratificar en sede judicial las manifestaciones ya realizadas en documento público notarial".

La Abogacía pretende que dichos testigos tengan la posibilidad de "ampliar y aclarar" ante el Supremo "la fecha y contenido de la información" publicada, "con especial atención al momento exacto en que tuvieron conocimiento de la información", así como "las gestiones llevadas a cabo para contrastar la noticia".

Cabe recordar que la Sala de Apelación del alto tribunal avaló el pasado 9 de abril la decisión del magistrado de no citar a declarar a dichos periodistas, al considerar que se limitaron a cumplir con "su misión informativa". "Están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento", dijo.

No obstante, la Abogacía insiste en pedir que se cite a dichos periodistas por "la aparición de nuevos elementos de convicción, no disponibles en el momento en que se interesó con anterioridad la comparecencia de alguno de estos testigos".

"En concreto, los referidos periodistas han comparecido ante notario el día 13 de mayo de 2025, donde han ratificado la existencia y el contenido de las conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos que mantuvieron en relación con los hechos objeto del presente procedimiento", añade.

Reclama la citación de agentes de la UCO

Asimismo, en el marco del escrito, la Abogacía reclama la citación de los dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que redactaron el informen técnico-pericial del pasado 7 de febrero para que "puedan aclarar de forma expresa la contradicción existente entre dicho informe y el anterior informe de la misma unidad, fechado el 21 de noviembre de 2024".

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En concreto, se refiere al hecho de que en un principio la UCO concluyó que la primera difusión del contenido del email relativo a González Amador tuvo lugar a las 23.51 horas del 13 de marzo de 2024 en la web de la Cadena Ser y luego apuntó que la difusión había sido en antena en dicha emisora a las 23.25 horas.

"Esta diferencia de 26 minutos resulta particularmente relevante para el objeto del presente procedimiento, al afectar de manera directa al momento en que se habría producido la filtración", señalan los servicios jurídicos.

Con todo, la defensa insiste en que la "información sustancial" del correo en cuestión "ya había sido divulgada públicamente antes de las 23.25 horas" en El Mundo –a las 21.29 horas– y en 'La Sexta' –a las 22.10 horas–.

"A la vista de que a las 23:25 horas ya se estaba difundiendo en antena el contenido literal del correo de 2 de febrero de 2025 y que el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz aún no había completado la recepción de la totalidad de los correos electrónicos, se interesa que los comparecientes se pronuncien expresamente sobre si esta contradicción afecta o no a las conclusiones del informe de 21 de noviembre de 2024", subraya.

Pide un nuevo informe de la UCO

De igual forma, la Abogacía pide al magistrado que encargue "a la misma UCO la emisión de un nuevo informe técnico" para determinar "si resulta técnicamente posible identificar" cuántas veces se eliminaron los mensajes de Whatsapp del fiscal general.

También reclama que los agentes esclarezcan si es posible afirmar que las conversaciones mantenidas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 fueron eliminadas el día 16, cuando el Supremo abrió causa contra García Ortiz.

Sobre este extremo, defiende que hasta ahora lo expuesto por la UCO en sus informes "no permite concluir" que las conversaciones mantenidas esos días por el fiscal general fueran "suprimidas precisamente el día 16 de octubre".