El Gobierno mete al PP en un callejón sin salida ante Vox con la reubicación de menores migrantes

Hace días que el Gobierno veía cerca el acuerdo con Junts para la reubicación obligatoria entre todo el territorio de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, pero, según ha podido saber Público, el pacto se ha acelerado en la madrugada de este lunes. El Ejecutivo apresuró las negociaciones con Junts para poder llevar el real decreto ley al Consejo de Ministros solo un día después del acuerdo presupuestario de Carlos Mazón con Vox en virtud del cuál, dijo, "no admitirá más repartos de inmigración ilegal". No solo eso, sino que aseguró que buscaría "fórmulas" para expulsar a los menores no acompañados que ya están en el País Valencià. Mazón hizo suyo el discurso antimigratorio de Vox y el Gobierno ha respondido con una reforma legislativa que acorrala al PP. 

Los populares han salido en tromba contra este último acuerdo entre el Gobierno y Junts porque, según Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, el "reparto" de los niños migrantes se hace "de forma partidista". Se refieren a los datos que Junts dio a primera hora de la mañana según los cuales el pacto llevará a que unos 4.000 jóvenes sean reubicados por la península, de forma que a Catalunya llegarán entre 20 y 30 y a la Comunidad de Madrid "más de 700".

A estos números, que fueron evitados ser valorados de manera pública por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, se llega por la fórmula establecida en el propio real decreto ley. En el Gobierno reconocen que hay territorios que históricamente han realizado mayor esfuerzo de acogida. Es decir, que tienen actualmente cifras elevadas de menores migrantes. Es el caso concreto de Catalunya, País Vasco o Canarias. La fórmula de acogida es la misma para todas las comunidades pero incluye este criterio de esfuerzo previo. 

La reforma establece que si no hay un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial, como todo parece indicar, se establecerán criterios en función de determinados parámetros. Son el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%), subrayan desde el Ministerio de Política Territorial.

Otro de los argumentos que da el PP para rechazar el decreto es que "si el Gobierno ni pone medios ni financia la acogida, las comunidades del PP no podrán colaborar". Según fuentes gubernamentales, está garantizada "la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros". 

Rechazo total del PP y Vox presionando

Con todo, el rechazo del PP es total. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incluso ha anunciado que lo llevará a los tribunales y a la Unión Europea. "La Región de Murcia no va a acoger más menores porque no tiene capacidad y porque no hay una igualdad en el reparto ni hay fondos suficientes por parte del Estado", dijo también el presidente de Murcia, Fernando López Miras. "Es evidente que no vamos a colaborar con el Gobierno de España en esta política de xenofobia y desigualdad", ha manifestado Jorge Azcón, presidente de Aragón.

Sin embargo, Miguel Tellado ha querido dejar claro este martes que no habrá "ninguna comunidad del PP que incumpla la ley". Es decir, una vez se apruebe el real decreto, los territorios del PP tendrán que acatarlo sin perjuicio de sus acciones políticas o judiciales. Con Vox presionando a las comunidades para que asuman sus políticas antimigratorias a cambio de presupuestos, la reforma que el Gobierno ha acordado con Junts pone en aprietos a los populares.

"Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia...ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey", escribió Santiago Abascal en sus redes sociales tras conocer el pacto. A diferencia del PP, para la extrema derecha no se trata de más medios ni de un reparto más equitativo entre comunidades, sino de una postura xenófoba con la migración. E intentan que el PP normalice del todo sus postulados haciéndolos suyos. 

"Tendrán que cumplir la ley"

Así las cosas, por el momento, tanto Génova como las comunidades parecen ahora alineadas con Vox en el rechazo a la reubicación obligatoria entre territorios de los niños migrantes. Este fue el motivo de la ruptura de los gobiernos de coalición del PP con la extrema derecha hace nueve meses. 

"Tendrán que cumplir la ley", dicen fuentes de Moncloa, que se muestran tajantes sobre qué papel deberán tener las comunidades del PP en esta cuestión. "Es un problema humanitario de toda España, es un asunto que debería ser de Estado", añaden las mismas fuentes. El primer paso es obtener, antes del 31 de marzo, los certificados oficiales de las comunidades autónomas que indiquen qué número exacto de menores migrantes tienen acogidos. En el Gobierno muestran dudas, ante la actitud del PP, sobre que los datos vayan a ser entregados en tiempo y forma. 

¿Qué sucede si eso no ocurre? El Gobierno recurrirá a sus registros propios de determinados ministerios como los de Interior o los de Juventud e Infancia. "Nadie va a votar a ciegas", señalan desde el Ejecutivo. Es decir, cuando llegue la hora del trámite parlamentario todas las comunidades sabrán con exactitud los menores migrantes que deben acoger en virtud de la nueva ley. El real decreto ley no establece sanciones por incumplimiento y en Moncloa esperan que no sea necesario  acudir a contenciosos jurídicos para su aplicación por un posible boicot de los populares.

Aunque en principio la posición del PP es unitaria, en el Ejecutivo de Sánchez sí ven que puede haber diferentes discursos entre comunidades y posibles grietas internas. Fuentes del Gobierno recuerdan que el pasado año, por ejemplo, en la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco se abrieron las puertas a la acogida de menores migrantes.

Junts se siente legitimado

Desde Junts insisten en una idea: el Gobierno ha comprado, en el último tramo de la negociación, sus números. Se refieren a que, desde el principio, los de Míriam Nogueras han tratado de que en el Ejecutivo aceptaran que la sobresaturación de niños y niñas migrantes en Catalunya es una realidad. Finalmente, expresa una voz autorizada el grupo, lo han hecho. "Por eso se ha llegado a un acuerdo".

Para los posconvergentes es fundamental ese extremo. ¿Por qué? Porque para ellos es la prueba de que su medida no es xenófoba, como la califican algunos grupos, ni tiene como base la voluntad de acoger menos migrantes que el resto de comunidades. Para Junts, el hecho de que el PSOE reconozca la sobresaturación de Catalunya legitima su discurso, más allá de otorgarles una victoria parlamentaria y política.

Relacionado con este tema

El Gobierno aprueba una norma para sortear el bloqueo del PP a la reubicación de niños migrantes

Miguel Muñoz

Por otro lado, fuentes de Junts han aclarado que el acuerdo con el PSOE incluye presentar la reforma a través de un decreto e ir renegociándolo año a año. Es una fórmula que consideran efectiva para evitar que los territorios se tensionen, informa Samuel Martínez.