El PSOE ha pedido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que cite a declarar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, por los supuestos pagos en dinero negro a dirigentes y empleados del partido. También solicita al magistrado que reclame al Partido Popular toda la documentación sobre este asunto que tenga en su sede.

El escrito, que aporta las copias de las informaciones de prensa que acusaban a Bárcenas de pagar sobresueldos a dirigentes del PP durante años, señala que de dichas noticias 'se desprende que Bárcenas disponía de dinero B para satisfacer' esos pagos en negro.

Asimismo, el documento, presentado a través de los socialistas valencianos, que están personados en la causa, destaca que el PP no tiene una actividad comercial o lucrativa que justifique la disposición de esos fondos en B 'a no ser que provengan de comisiones recibidas de adjudicaciones'.

Por ello, el PSOE solicita a Ruz que amplíe la investigación para determinar el origen de los fondos de Bárcenas localizados en Suiza, su vinculación con la administración del PP y si los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude, blanqueo de capitales, delito fiscal y delito electoral.

Entre la documentación aportada por los socialistas están las noticias publicadas por los diarios 'El Mundo' y 'El País' sobre los supuestos sobresueldos y la cuenta en Suiza de Bárcenas, así como las declaraciones de varios dirigentes del PP, como la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, o el exdiputado Jorge Trías, que fue quien implicó a Lapuerta en este asunto.

Trías, en 'El País', reconoció la existencia de sobresueldos y una contabilidad B que manejaban, recuerda el PSOE, Bárcenas y Lapuerta. El PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel, recuerda que Bárcenas ya estaba imputado y que ahora la comisión rogatoria enviada a Suiza ha aportado datos 'relevantes', ya que hasta el momento se atribuía al extesorero haber recibido comisiones de esta trama por importe de 1.353.000 euros. Ahora se ha conocido que Bárcenas llegó a tener hasta 22 millones de euros en esa cuenta en Suiza.

Otro de los indicios de que pueden existir conductas ilícitas está, según este escrito, en el hecho de que Bárcenas se encuentre imputado en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por delito electoral por haber recibido supuestamente fondos de la trama Gürtel para sufragar actos de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Por último, recuerdan que entre los indicios acumulados a lo largo de toda la instrucción del caso Gürtel se encuentra el archivo en el que la trama -dirigida por Francisco Correa- apuntaba su contabilidad B y en la que aparecen varias anotaciones con las siglas 'L.B.' o 'Luis el cabrón'.

Por otro lado, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha remitido este miércoles una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, en la que le solicita un juez de refuerzo para que el Juzgado que investiga el 'caso Gürtel' pueda agilizar la investigación. En el escrito, difundido por los socialistas, Rodríguez se refiere a las noticias que han aparecido sobre el supuesto pago de sobresueldos en el PP a cargo del extesorero Luis Bárcenas y subraya que han causado una 'intensa alarma social', hasta el punto de que puede llegar a afectar a la calidad de la democracia.

Así, reclama al CGPJ que adopte las medidas necesarias para que la investigación pueda realizarse 'en las mejores condiciones y en el mínimo tiempo posible', y que dote al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de todos los medios que precise. En concreto, solicita un magistrado de refuerzo para apoyar al juez Pablo Ruz en la investigación.

'Compartirá la necesidad, en los actuales momentos y ante la extraordinaria preocupación ciudadana, de adoptar todas las medidas tanto ordinarias como extraordinarias que ofrece el Estado de derecho con el fin de asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función', le dice a Moliner.