Junts ha celebrado este martes haber cerrado el acuerdo con el PSOE que permite delegar al Govern las competencias integrales en migración a Catalunya, demostrando así que la decisión de "confiar" en el mediador internacional y de retirar la cuestión de confianza "no fue errónea". "Queremos que la Generalitat disponga de las herramientas para hacer frente a este reto. Sin inmigración no hay progreso, pero sin integración, no hay nación. Nos interesan ambas cosas, que no se podían garantizar con el modelo que había hasta ahora", ha argumentado telemáticamente Carles Puigdemont, en la rueda de prensa que se ha convocado en la sede de Junts en Barcelona. 

Según el presidente de Junts, tras el acuerdo la falta de confianza de su partido hacia el PSOE "se ha reducido un poco". Si el Congreso aprueba la proposición de ley orgánica que ambas formaciones han registrado –necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de la cámara–, Catalunya gestionará una cuestión que normalmente recae en los estados y que, según Puigdemont, permitirá hacer frente a dos riesgos. Por un lado, a la "amenaza de la violencia y la radicalización religiosa" y, por el otro, a los discursos xenófobos. "No podemos asegurar el progreso social y económico y el futuro de nuestra identidad nacional basada en los valores de la catalanidad si no hay cambios", ha añadido.

El PSOE y Junts acordaron la fórmula de la ley orgánica en enero de 2024, tras una jornada frenética en la que Junts intercambió las competencias por su abstención en la votación de varios decretos que quería aprobar el Gobierno de Sánchez. En la mañana de este martes, sin embargo, se han concretado finalmente los términos de la ley orgánica a partir del artículo 150.2 de la Constitución.

Según ha explicado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ambas formaciones han acordado que los Mossos d'Esquadra estarán presentes en la frontera, en una gestión coordinada del control migratorio con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los tres cuerpos también compartirán seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación. "Los Mossos harán un salto cualitativo en la gestión de las mafias que realizan tráfico de personas", ha explicado Nogueras. Para conseguirlo, se contempla la incorporación de 1.800 nuevos agentes de la policía catalana.

Otro acuerdo significativo es la configuración de la Generalitat como "ventanilla única" de las autorizaciones de larga duración, residencia temporal y expedición de los documentos de identidad para extranjeros (NIE). "La Generalitat podrá tramitar, conceder, renovar y extinguir todos los permisos", ha concretado Nogueras. En cuanto a los contratos de trabajo para extranjeros, el Govern tiene hasta ahora "una capacidad de intervención limitada", pero, si la ley entra en vigor, se podrán realizar contrataciones de origen.

Por otro lado, la Generalitat también gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Catalunya y se encargará de las devoluciones que no requieran expediente. Las que sí lo requieran, por otro lado, "se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya", según dice el acuerdo.

"Ahora se podrán reconocer derechos y exigir deberes", ha advertido Nogueras, que también ha recordado que el Gobierno estatal se ha comprometido a traspasar los "recursos técnicos, humanos y económicos" para completar con éxito la delegación de competencias. "Las cifras son claras y no podemos ignorar el riesgo de desbordamiento de los servicios públicos. Es un trabajo que implica la Generalitat y los ayuntamientos", ha admitido Puigdemont.

Junts ha logrado su objetivo de acordar la propuesta de "un modelo propio" de gestión de la migración y de una "posición determinante" de las instituciones catalanas "en el marco de la legislación internacional europea y del estado español". Ahora bien, lo que parece ser el final de un largo camino, se puede paralizar si la ley no obtiene el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios en el Congreso.