Vox pide y el PP da: así funciona la estrategia contra los derechos civiles en gobiernos como el de Jumilla

Vox pide y el PP da. Los de Feijóo gobiernan pero son los de Abascal los que marcan el paso, señalan las líneas rojas y deciden la ruta por la que deben transitar los acuerdos entre los dos partidos. Al tiempo, por ese camino que diseña el discurso de odio la ultraderecha se van quedando las libertades civiles de miles de ciudadanos y ciudadanas.

Así ha sucedido en Jumilla (Murcia), donde ambas formaciones han aprobado una moción "sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas", que insta al Ayuntamiento de la alcaldesa popular Seve González a vetar los espacios deportivos públicos a las celebraciones religiosas del calendario musulmán.

Para las asociaciones de migrantes vinculadas a la comunidad islámica, la medida constituye una violación del artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley". Ante la avalancha de críticas, incluidas las de los obispos católicos, el PP ha intentado desvincularse de la iniciativa, y su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, intentó este jueves alejarse de lo que denominó "bravuconadas" de Vox.

Pero no es la primera vez que sucede. A cambio de alcanzar poder local, provincial y autonómico, y/o para no perderlo cuando ya lo ejerce, el Partido Popular se ha prestado en numerosas ocasiones a aplicar medidas del programa ultra que atentan contra los derechos y libertades esenciales de la misma Constitución de la que los populares se declaran como únicos abanderados. Pese a que Vox rompió todos sus acuerdos regionales con el PP hace poco más de un año, existen numerosos ejemplos recientes de esa estrategia con la que el partido de Feijóo está llevando a la práctica el argumentario ultraderechista.

Región de Murcia, xenofobia a cambio de presupuestos

El pasado 27 de julio, aún en plena resaca por las cacerías en Torre Pacheco de ciudadanos nacidos fuera de España o de ascendencia extranjera, que Vox no ha condenado, Fernando López Miras (PP) logró sacar adelante los presupuestos para la Región de Murcia gracias al partido de Abascal. Acordó con él su abstención a cambio aceptar varias medidas xenófobas: cerrar un centro de acogida de menores, revocar la compra de viviendas para niños y niñas migrantes, eliminar de los currículos escolares las menciones a la cultura marroquí, suprimir ayudas a las ONG que ayudan a los extranjeros que llegan a la comunidad... López Miras firmó ese acuerdo con el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, a quien la Fiscalía abrió diligencias  por sus mensajes públicos de odio equiparando migración con delincuencia.

Illes Balears, sin memoria

En mayo pasado, el Gobierno de Marga Prohens, también del PP, se ganó el apoyo de Vox a su proyecto de presupuestos a cambio de prometer la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, priorizar el castellano en la educación pública y concertada y negarse a participar en la acogida de menores migrantes llegados a Canarias. Prohens también ha levantado el veto a la entrada de menores en las corridas de toros, y este jueves estaba previsto que se celebrara en Palma, por primera vez desde 2017, un espectáculo de lidia con acceso permitido a niños y niñas.

Sevilla, recortes en cooperación y discurso antiabortista

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sáenz, firmó en enero de este año otro acuerdo presupuestario con Vox que recorta en más de 380.000 euros la inversión en cooperación y ayuda a los migrantes, y que, por contra, destina un gasto de 165.000 euros a una nueva oficina –la oposición lo denomina "chiringuito"–destinada a difundir el ideario antiabortista.

València, con acento a la derecha

El pleno del Ayuntamiento de València, gobernado por el PP –la alcaldesa es María José Catalá– en coalición con Vox, ha aprobado este jueves, con los votos de ambas formaciones y la oposición de PSOE y Compromís, iniciar el expediente de cambio de la denominación del municipio por la versión "Valéncia", es decir con acento cerrado a la derecha. El cambio no responde sólo a razones filológicas sino a un posicionamiento político en el debate identitario, que sigue los argumentos de quienes consideran que la forma oficial actual del topónimo, con el acento a la izquierda, lo subordina al estándar catalán.

Alicante, "zona castellanohablante"

El pasado 26 de junio, también en País Valencià, el pleno municipal de Alicante, donde Luis Barcala (PP) gobierna gracias a la ultraderecha de Vox, aprobó con los votos de los dos partidos una propuesta de los de Abascal para pedir a las Corts Valencianes –la asamblea autonómica– que declare oficialmente el municipio como "zona castellanohablante". La pretensión de que dejen de regir en ella las normas de defensa y promoción del valenciano.

PP y Vox tienen pactos de gobierno o se apoyan mutuamente en los ayuntamientos de más de 130 municipios de España, de los que gobiernan en coalición alrededor de un centenar. Los de Abascal tienen 33 alcaldes, 26 de ellos con mayoría absoluta y siete, gracias al PP. El último en el que ha situado un regidor es la localidad albaceteña de Caudete, de 10.000 habitantes, donde las elecciones de 2023 las ganó el PSOE sin mayoría absoluta y donde el portavoz local de Vox, José Miguel Mollá, acaba de tomar posesión de la Alcaldía en virtud del pacto de alternancia que firmó con los de Feijóo.

Entre las ciudades y capitales más relevantes del Estado donde también hay acuerdos PP-Vox están Elche, Valladolid, Toledo, Guadalajara y Huelva. También Castellón, donde a principios del pasado junio el concejal de Cultura, el ultra Alberto Vidal, protagonizó una sonada polémica por unas declaraciones homófobas en las que calificaba de "rebaño de colorines" al movimiento LGTBIQ+, tras pedir a los padres de los alumnos de colegios públicos que no llevaran a sus hijos al colegio durante los actos del Día del Orgullo.

Vidal acusó entonces al PP de "financiar el adoctrinamiento"de escolares, pero su socia, la regidora Begoña Carrasco, lo mantuvo en su cargo para salvar el pacto y mantener la Alcaldía. Por polémicas similares sí se han roto los acuerdos en Burgos –en noviembre de 2024, por la salida de Vox porque el proyecto de presupuestos del PP incluía ayudas a ONG de acogida de inmigrantes– y Ciudad Real –en febrero pasado, por la negativa de alcalde popular a retirar unos cuadernillos para escolares que contenían referencias a la diversidad de tipos de familias–.

Presupuestos a cambio de recortes

En otras localidades más pequeñas, el PP sí se ha plegado al discurso de Vox, como en Arganda del Rey (Madrid), donde el alcalde, Alberto Escribano, se ha garantizado la aprobación de los presupuestos municipales a cambio de incluir recortes fiscales y de gasto público.

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En cambio, se han roto los pactos de gobierno en Arenas de Rey (Granada, 600 habitantes), donde Vox se ha negado a cederle la Alcaldía al PP, como había prometido, y en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real, 12.000 almas), cuya situación afecta también a la Diputación Provincial porque los dos partidos también la gobiernan en coalición. En Tineo (Asturias), Vox se desmarcó del acuerdo después de que Montserrat Fernández, la alcaldesa del PP, rechazara destituir a una de sus concejalas con competencias de gobierno, y que había abandonado el partido de Abascal por discrepancias con la dirección.