La Audiencia de Barcelona juzgará este martes a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de abofetear y tirar al suelo a un joven migrante, a quien se le rompieron tres dientes, y por falsear el atestado inventándose que les agredió y se autolesionó. La Fiscalía pide para los acusados ocho años de cárcel y 16 de inhabilitación.

La acusación popular ejercida por el colectivo de defensa de los derechos humanos Iridia ha solicitado para los cuatro mossos, entre ellos un cabo, 15 años de cárcel y 22 de inhabilitación, así como una indemnización de 20.000 euros a la víctima.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular han acusado a los cuatro agentes de los delitos contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones y falsedad documental y además sitúan a la Generalitat como responsable civil subsidiaria en las indemnizaciones, que el ministerio público cifra en 3.400 euros.

A raíz de estos hechos, que fueron grabados por una vecina, la Consellería de Interior abrió un expediente disciplinario a los cuatro agentes, por los que el cabo fue suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo durante un año y medio y posteriormente se le cambió de destino, mientras que a los otros tres agentes también se les ha trasladado.

Los hechos ocurrieron hacia las 23.30 horas del 13 de noviembre de 2020, cuando un grupo de personas, entre ellas la víctima, transitaban por la calle Nou de Dulce de Barcelona, saltándose el toque de queda por la covid, por lo que los mossos les dieron el alto, ya que estaban cometiendo una infracción administrativa.

Para identificar a este grupo de personas, los mossos les indicaron que debían permanecer cerca de una pared y que les entregaran la documentación, lo que los chicos hicieron.

Cuando la patrulla verificaba sus documentos, uno de los integrantes del grupo se dirigió a uno de los agentes y le dijo que acababan de robar a un amigo suyo y que creía más importante que la Policía se dedicara a perseguir a los ladrones.

Este comentario, según la Fiscalía, "molestó en sobremanera" al cabo, que se encaró con el joven y "de modo sorpresivo" le abofeteó y le empujó contra la pared, para posteriormente arrastrarlo hasta el medio de la calzada y tirarle al suelo, mediante una maniobra de barrido, haciendo que la víctima se golpeara la cabeza contra el suelo, donde le retuvo durante un minuto.

Una vez en el suelo, el joven empezó a gritar pidiendo auxilio, ante lo que los otros tres mossos acusados acudieron al lugar y, "sin motivo justificado", según la Fiscalía, apoyaron al cabo "sin efectuar objeción alguna" a su conducta y sin tratar de evitar su actuación, de forma que tuvieron inmovilizado al chico varios minutos en el suelo, llegando a recostarse encima suyo, lo que dificultó su respiración.

Además, le sujetaron las piernas a la altura de los tobillos y utilizaron sus porras, le esposaron y luego le introdujeron en el coche patrulla. Mientras permanecía inmovilizado en el suelo, los agentes vejaron a la víctima con frases como "eres una basura, una mierda", según sostiene Iridia, que considera que los hechos tuvieron un "claro sesgo racista".

Posteriormente, ya en dependencias policiales, y con el objetivo de justificar la detención de la víctima, los acusados redactaron el atestado policial, donde "a sabiendas de lo incierto" de sus afirmaciones, le atribuían al joven un delito de atentado por propinar una patada y hacer ademán de dar un cabezazo a uno de ellos, pese a que era una conducta "que no sucedió en ningún momento", según la Fiscalía.

En su minuta policial, los agentes hicieron constar además que había un grupo de tres individuos "sudamericanos, alterados, agresivos, gritando a los agentes y desobedeciendo sus indicaciones" y que el joven se resistió "muy activamente" a la detención, propinando patadas, mientras insultaba y amenazaba a los agentes.

Según Iridia, también sostenía falsamente el atestado que fue el joven quien, al quedarse boca abajo, empezó a golpearse la cabeza contra el suelo y les dijo a los policías: "Me vais a pagar los dientes".

El joven pasó a disposición judicial como detenido al día siguiente, el 14 de noviembre de 2020, y no fue hasta junio de 2022 cuando su caso quedó definitivamente archivado, al probarse que no había agredido a los agentes ni se mostró agresivo ni desobedeció.

Sin embargo, según Iridia, mientras esta denuncia se estaba investigando, la víctima tuvo problemas para renovar sus papeles, ya que durante mucho tiempo le han constado antecedentes policiales.