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Empleo público El plan del Gobierno para reducir la temporalidad en la Administración pone en riesgo el empleo de 800.000 interinos

El Ejecutivo plantea que sea "imposible" que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto por más de tres años. Cientos de miles de personas, algunas con 30 años de servicio, tendrán ahora que opositar. 

Miquel Iceta
El de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este pasado miércoles en el Congreso. Rodrigo Jiménez / EFE

El Gobierno prepara un plan para reducir la temporalidad en las Administraciones públicas que afecta de lleno a casi 800.000 interinos, algunos de ellos con más de 30 años de servicio, que ahora corren el riesgo de perder su empleo, ya que tendrán que hacer frente a una oposición. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, señaló este pasado miércoles en el Congreso que el Consejo de Ministros "de la semana que viene o la otra verá la aprobación del decreto ley" sobre la estabilización de empleados públicos temporales y el "abordaje global de la temporalidad".

El plan plantea prohibir la temporalidad en la Administración y que sea "imposible", según afirmó Iceta, que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto por más de tres años. "No es razonable ni bueno para las administraciones públicas", remarcó el ministro. La medida implica la reforma del estatuto básico del empleado público y "castigará" a las administraciones públicas "que hayan demostrado desidia por haber contratado con fraude de ley", según Iceta.

Iceta respondió a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. La parlamentaria señaló que esta medida del Gobierno afecta a "cientos de miles de personas", que han sufrido "permanente fraude en sus contrataciones". Además, Oramas pidió al Ejecutivo que apruebe "un indulto ante un delito que han cometido las administraciones públicas" y asuma sus responsabilidades en defensa de unos derechos adquiridos. La diputada 

Oramas también se preguntó qué problema hay para darles estabilidad a los interinos hasta su jubilación, porque alas oposiciones no son una salid para los que llevan décadas desarrollando su trabajo. En ese sentido, Oramas precisó que hay un millón de trabajadores públicos temporales, de los que 700.000 son mujeres, "de una edad en la que no volverán a encontrar trabajo".

Los sindicatos ya han expresado su rechazo a esta iniciativa del Gobierno. El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ya ha advertido de que "no se aceptará" el plan del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para acabar con la temporalidad en las administraciones ya que "se culpabiliza a los trabajadores".

"Se dice que a los tres años un interino tiene que cesar y que esa plaza no se podrá utilizar durante un año", explicó Borra a los medios de comunicación. A juicio del líder de CSIF, "este Gobierno culpabiliza al trabajador en vez de poner el foco donde está, en que las administraciones públicas no quieren acabar con el problema de la temporalidad".

La medida del Gobierno está condicionada por las demandas de la Unión Europea, según explico Iborra: "Está claro que el Gobierno tiene prisa de sacar adelante la modificación de interinos en la función pública, porque Bruselas ha condicionado parte de esos fondos europeos a que se solucione el problema de la temporalidad".

Iceta, por contra, mantiene que el Gobierno no puede hacer por ley a un funcionario a alguien que no lo es y el miércoles reiteró que los interinos podrán serlo a través de este proceso de estabilización. Además, detalló que incluso aquellos que no superen esa prueba de oposición, podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos que las comunidades autónomas precisen.

Iceta también señaló que habrá "mecanismos para compensar a las personas afectadas y también para castigar a aquellas administraciones que hayan mostrado desidia, desinterés o culpa en la comisión de ese fraude de ley". El ministro puntualizó también que se va a indemnizar a los interinos afectados “a futuro" porque "no podemos aprobar retroactivamente indemnizaciones para nadie ni sanciones para las administraciones". El Ejecutivo plantea que esa indemnización sea de 33 días por año trabajado.

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