TORTOSA (TARRAGONA). -La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) y denunciará a la Comisión Europea (CE) el nuevo plan de la cuenca del Ebro, que el Gobierno ha aprobado por real decreto este viernes en el Consejo de Ministros.

El nuevo plan, que se aprueba "sin modificaciones sustanciales", según denuncia la PDE, contempla una previsión de agua para abastecer 465.000 hectáreas más de regadío en el período 2016-2021, que se añadirán a las 950.000 previstas en el anterior plan y la construcción de 56 nuevos embalses, además de un caudal ecológico "inexistente" para el tramo final del río.

"Es un plan que nace muerto, exactamente igual que el anterior. Nosotros seguiremos en las mismas denuncias, creemos que tenemos la misma base que tuvimos en el anterior plan, en el que nos dio la razón la Comisión Europea porque creemos que el Estado no ha cambiado absolutamente nada significativo y sustancial del plan", ha afirmado la portavoz de la plataforma, Susanna Abella.

Los antitrasvasistas confían en que la UE, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia de las quejas, termine actuando: "desde Europa siempre nos han reafirmado que hay suficiente base jurídica para llevar adelante nuestras quejas y que se veían reforzados para exigir cambios al Estado".

La Plataforma en Defensa del Ebro ya ha convocado para hoy mismo, a las 19:30 horas en la plaza del Carrilet de Tortosa, la primera concentración de protesta, pues el movimiento social contra el trasvase del Ebro prepara una gran manifestación, como la que se vivió entre Sant Jaume d'Enveja y Deltebre el 30 de marzo de 2014.

"Es un plan que será definitivo, que va en contra de los intereses de las Tierras del Ebro. Es la muerte del Delta porque no hay caudales ecológicos y sigue proyectando un montón de embalses que la UE ya ha dicho que no tienen sentido, y deja abierta la puerta a poner sobre la mesa de nuevo propuestas de trasvase en forma de intercambios de agua", ha sentenciado Abella.

También el Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, por considerar que "perjudican gravemente los intereses en materia de agua" de la región

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha argumentado que el recurso del Gobierno regional argumentará que dichos planes "perjudican gravemente los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua y, además, no se hace un reparto equitativo entre todas la regiones".

La consejera de Fomento también ha reprochado que la aprobación la realice un gobierno en funciones y que el Ejecutivo regional haya conocido "por la prensa" dicha aprobación.

La consejera de Fomento ha explicado que el recurso se basará en que el documento "no tiene en cuenta cómo afecta el trasvase al Tajo, se considera que es un agente externo y desde luego el Gobierno regional piensa que afecta directamente al caudal ecológico y al río".

El eurodiputado de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Francisco Gambús, también ha dejado claro que emprenderá medidas para detenerlo en Bruselas. Gambús, que calificó el plan de "barbaridad", presentará dos preguntas a la Comisión Europea relacionadas con la situación del caudal ecológico en el Delta.

En marzo, el europarlamentario recibió una respuesta del comisario de Medio Ambiente sobre la falta de información que las autoridades españolas habían facilitado sobre el plan, especialmente en lo que hacía referencia a la cuenca hidrográfica del Ebro, según informa UDC en un comunicado.