El Gobierno acuerda una prórroga contra desahucios que exime a los arrendadores de una sola vivienda

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció este martes que  ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para eximir a los propietarios de una sola vivienda en alquiler de la obligación de ofrecer alternativa habitacional a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. 

Según un comunicado del grupo parlamentario del PNV en el Congreso, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno español incluye la petición concreta que había realizado la formación nacionalista y que exonera de esta obligación a los tenedores "de una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler". "De esta forma, se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos", dice la nota.

"El Grupo Vasco ha peleado para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre hasta lograr que el Gobierno español los diferencie y evite con esta nueva redacción", dice el PNV, "que se conviertan en nuevos ciudadanos o ciudadanas vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado".

La formación nacionalista celebra también "que el Gobierno español haya aceptado este acuerdo de mínimos" y confía en "seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social".

"El Gobierno es incansable"

Por su parte, el Ministerio de Vivienda asegura que el acuerdo demuestra que el Ejecutivo de Sánchez "es incansable y responde a cualquier situación con más trabajo y más propuestas".  "El Gobierno está acostumbrado a buscar y conseguir los acuerdos entre quienes a priori tienen posturas irreconciliables", señalan fuentes del departamento, que apuntan a que la nueva norma también "blindar a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores". 

"Se mantiene, de este modo, el escudo que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler", y se amplía "a las personas propietarias de una o dos viviendas o en situación de vulnerabilidad no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social: corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia".

El Ejecutivo de Sánchez insiste en que además "se refuerzan las compensaciones para las personas propietarias" y que seguirá aportando financiación a las comunidades autónomas para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad. "En el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones, hay líneas específicas para la construcción de vivienda social, y también programas de ayudas para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género", concluye Vivienda.