La isla de Benidorm es propiedad del Estado desde tiempo inmemorial y está ocupada y explotada comercialmente de manera ilegal por una familia de Benidorm desde el franquismo, porque así lo han consentido desde 1959 todas las corporaciones municipales de esta localidad turística alicantina, desde la dictadura hasta nuestros días, a pesar de carecer de todo derecho legal sobre el enclave.

La ocupación de la que disfruta la familia Cervera afecta al antiguo régimen y emparentada con el ínclito Eduardo Zaplana, incluye un restaurante, la ocupación de zonas comunes de acceso a la reserva natural y la apropiación de uso exclusivo del muelle de la isla para la explotación marítima de rutas exclusivas de sus embarcaciones turísticas.

Sobre estas actividades comerciales pesan sendas denuncias de la asociación empresarial Costa Blanca Marine por presunto fraude a la Hacienda Pública de miles de euros por la venta de tiques de las rutas marítimas —facturación que alcanza el millón de euros anuales, según un informe fiscal aportado—, por fraude a la Generalitat Valenciana por impago de impuestos y tasas de sus barcos en el puerto comercial de Benidorm, y por la actividad del restaurante de la isla que ha ingresado cientos de miles de euros durante todos estos años pese a carecer de todo tipo de permisos y con continuos vertidos al mar desde la isla que pertenece al parque natural de la Serra Gelada, según un informe de la Agencia de Detectives Distrito 46.

Tanto para Podemos como para EUPV es fundamental que la Isla y sus actividades comerciales sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, máxime cuando estamos hablando de un enclave ubicado en el Parque Natural de Serra Gelada. Y para ello es fundamental revertir la situación actual y recuperar no solo el espacio sino la legalidad.

Para Asunción Villaverde, portavoz de Podemos en Benidorm, “es fundamental acabar ya con estos privilegios heredados del franquismo y para ello no hace falta más que zanjar el conflicto con la aplicación de la resolución ministerial de octubre del pasado año, que despeja todas las dudas y debates”.

Asimismo, añade que “poniendo negro sobre blanco, la resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 2017 dice que la isla es propiedad exclusiva del Estado, aun estando en el término municipal de Benidorm, y que el Estado nunca autorizó ni su ocupación ni su explotación comercial, como se viene haciendo ininterrumpidamente desde mediados de los años 60. Por lo tanto, el actual Gobierno socialista lo tiene fácil, solo tiene que ejecutar esa resolución y democratizar la Isla ocupada ilegalmente por explotadores sin escrúpulos con el medio ambiente”.

Para el coordinador de Esquerra Unida de Benidorm, Fran Casellas, la situación actual es inaceptable. “No solo se trata de una ocupación ilegal sino de una actividad comercial denunciada por asociaciones empresariales turísticas que ponen de manifiesto que presuntamente se está defraudando a la Hacienda Pública desde hace 50 años, y que por lo tanto los beneficios de su actividad no revierten en las arcas públicas, y por tanto no contribuyen a mejorar la economía común”.

"Aquí hay un señor y su familia que se ríen mientras se enriquecen sin cumplir la ley"

Casellas señala que “en Benidorm los cientos de hosteleros, propietarios de bares y restaurantes tienen que hacer frente a la legislación que rige su actividad, sometidos a sus obligaciones de impuestos y seguridad social, permisos de apertura, inspecciones periódicas diversas por tratarse de actividades extraordinariamente sensibles como es la seguridad alimentaria, con la limpieza, humos, permisos y tasas por tener terrazas, empleados con carnet de manipulador de alimentos, etcétera, y sometidos a fuertes sanciones, pero en cambio, aquí hay un señor y su familia, los ocupantes de la Isla de Benidorm, que se ríen mientras se enriquecen sin cumplir la ley —según las denuncias presentadas ante los tribunales— que debería ser para igual para todos”.

La resolución adoptada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que entonces dirigía la ministra del PP Isabel García Tejerina, dictada el 26 de octubre del 2017, lo deja claro, aun cuando tal resolución fuera en contra de la propia corporación municipal de Benidorm, que gobiernan precisamente los compañeros de partido de la exministra popular.

Según la resolución de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se establece como punto de partida para zanjar el conflicto iniciado “oficialmente” en 2004, que el único titular de la Isla es el Estado, y no el municipio de Benidorm, aun cuando este enclave se encuentre en su término municipal.

El documento del Ministerio de Medio Ambiente, referenciado por este diario el pasado año, elaborado por la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, resuelve que el islote, con una extensión de cinco hectáreas, es propiedad exclusiva del Estado e inscrito convencionalmente en el Registro de la Propiedad de Benidorm el 2 de enero de 1964.

La asociación Costa Blanca Marine, impulsora de los procesos judiciales abiertos contra la ocupación y explotación régimen de monopolio de la Isla de Benidorm, ha solicitado por escrito al Gobierno socialista que aplique la resolución que ilegaliza de facto la ocupación del islote y sus actividades comerciales consentidas durante décadas. Se trataría en esencia de que el nuevo Gobierno de España aplique el acuerdo del anterior Ejecutivo de Rajoy que liquida el statu quo actual del islote, principalmente en lo relativo a su explotación comercial ilícita.

Reclaman técnicamente "un reseteo de la situación actual del islote, para que vuelva a la legalidad"

Según esto, los servicios jurídicos de la asociación “Costa Blanca Marine” solicitan en su escrito a la actual directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, adscrita al Ministerio Transición Energética y Medio Ambiente, “que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley de Costas, se proceda a la recuperación posesoria por parte del Estado Español de la Isla de Benidorm, y en consecuencia, y con aplicación del artículo 108 de Ja Ley de Costas, la Administración del Estado proceda al desahucio administrativo de quienes ocupen de forma indebida y sin título bastante dicho bien del dominio público marítimo-terrestre tras los tramites procedentes en Derecho.

Según Costa Blanca Marine procede esta actuación tras quedar acreditada, durante la tramitación del expediente sobre la titularidad registral de la Isla que ni el Ayuntamiento de Benidorm, ni las empresas Excursiones Marítimas Benidorm S.L. y Cerbuques S.L tienen derecho alguno sobre el enclave, figurando como único titular de los mismos el Estado”.

De tal modo —señalan desde la Asociación— que tampoco “ha quedado acreditada en modo alguno, la legalidad del uso de hostelería existente, ya que en ningún momento se ha aportado al expediente la necesaria licencia municipal para el desarrollo de esta actividad, ni la legalidad de la explotación del embarcadero, al no haberse aportado titulo administrativo habilitante para el uso de una instalación ubicada en el dominio público marítimo terrestre".

En su escrito esta asociación de profesionales y pequeños empresarios de la industria turística náutica y subacuática, reclaman técnicamente “un reseteo de la situación actual del islote, para que vuelva a la legalidad”, y recuperando por parte del Estado el enclave y las actividades económicas respetuosas con el medio ambiente y en igualdad de condiciones, poniendo fin a 50 años de monopolio y privilegios para los ocupantes.

Así por último, reclaman una inspección en profundidad del enclave ocupado, que se determinen los daños causados al entorno, que se pongan en conocimiento de la Fiscalía y autoridades judiciales y, especialmente , “que se inspeccione y verifique la obra de saneamiento y la depuradora instalada en Ja Isla de Benidorm por parte de los actuales ocupantes y se compruebe el Proyecto e Impacto Ambiental y sus respectivos permisos administrativos, para que en el caso que no existan o carezcan de las pertinentes autorizaciones sean demolidos y se deje el espacio de dominio público como estaba en su origen”.