Políticas de memoria histórica en Argentina: lecciones a aprender

Hoy es un muy buen momento para hablar de Argentina porque sus políticas de memoria histórica son ejemplares. Allí sí que existe un Estado que condenó el terrorismo, que institucionalizó la memoria, que sentó a los criminales de Estado en el banquillo, y donde hay un amplio consenso social sobre lo que ha ocurrido durante el denominado "Proceso de Reorganización Nacional", ese periodo nefasto de entre 1976 y 1983 mejor conocido como la dictadura militar.

En estos 6 años se implanta en el país lo que conocemos como "Doctrina de Seguridad Nacional", concepto que aterrizó en América Latina de la mano del Departamento de Estado de EEUU en el marco de su lucha contra el comunismo. 

De manera que el coste del programa es muy alto: secuestros, violaciones, torturas, robo de bebés… es decir, las más flagrantes violaciones de los DDHH, amparadas por las élites políticas y militares. La maquinaria de terror dio lugar al concepto de "desaparecido", una manera de matar sin dejar rastro alguno. Al no haber cuerpo, al no haber evidencias del crimen, no se podía acusar a nadie de cometer ningún delito. 

Aunque durante el gobierno de Mauricio Macri ha habido polémicas, porque algunos voceros del gobierno llegaron a sugerir que ese número se arregló en una mesa y que en realidad eran muchos menos. Declaraciones que generaron un terremoto en la prensa y en el seno de las organizaciones de los DDHH, pero que sin embargo demuestran hasta qué punto todo este debate está presente en la sociedad, hasta qué punto está asimilado. Porque es cierto que puede haber voces que discutan el número de desaparecidos, pero lo que no se discute es que hubiese desaparecidos y que se tratase de delitos contra la humanidad cometidos por el Estado. 

En Argentina todo eso ha sido posible por un lado, gracias a los movimientos civiles que surgieron en plena dictadura militar: pequeños grupos que comenzaron a reclamar justicia. Y por otro lado, a que ha habido un gobierno que supo interpretar ese reclamo y transformarlo en políticas públicas concretas.

Empecemos con los primeros, los movimientos sociales. Pequeños colectivos de familiares de desaparecidos que surgen a finales de los años 70 buscando la reaparición de sus seres queridos. De ahí se constituye el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. 

Resulta aterrador imaginarme que estas mujeres fueran capaces de salir al centro de la capital de su país a reclamar justicia en plena dictadura militar, cuando no estaba muy claro qué suerte podían correr. 

En 1983 tras el absoluto colapso de la junta militar, después de la Guerra de las Malvinas, se celebran elecciones y asume Raúl Alfonsín que da inicio a la transición democrática. Ahí es cuando parecía que se comenzarían a dar respuestas a algunos reclamos. E incluso se hicieron un par de pasos, muy tímidos en esa dirección: se juzgó a las juntas militares, dos de los represores fueron condenados a cadena perpetua, el resto recibieron penas bajas o fueron absueltos.

Era evidente que el castigo no se correspondía para nada con la dimensión del crimen, con lo cual no fue nada bien recibido por los organismos que buscaban justicia. Las Madres de la Plaza de Mayo lo consideraron un lavado de cara y siguieron convocando marchas. 

Uno de los hitos de esa época ha sido el establecimiento de las denominadas Leyes de Impunidad, en concreto, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida que prescribieron todos los crímenes que se realizaron durante los 6 años de la dictadura. Después de esto, cuando Carlos Menem asumió la presidencia, no solo no las abolió, sino que dictó más de mil indultos a militares, incluidos aquellos que habían sido condenados. Así, algunos miembros de la junta militar no solo podían pasear libremente por las calles, sino también por los platós de televisión. 

Con Fernando De la Rúa en la Casa Rosada, más de lo mismo, ni leyes, ni condenas. Pero la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo no se detuvo en ningún momento. Desde que se instauró la democracia sus protestas se hacían cada vez más fuertes: la marcha de las siluetas, la marcha de los pañuelos, iban casa por casa a realizar escraches a los militares. En diciembre de 2001 encabezaron las protestas en la Plaza de Mayo y fueron brutalmente reprimidas. 

Y ya con el gobierno de Néstor Kirchner comienza una nueva etapa en la que las reivindicaciones de las Madres de la Plaza de Mayo son escuchadas. Primero, se anulan las Leyes de la impunidad, las de Punto Final y Obediencia Debida. Se retoman los juicios a los represores y se juzga al terrorismo de estado. Se declara el día 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para homenajear a las víctimas de la dictadura militar. 

Se llevan a cabo políticas de concienciación, se producen documentales, películas... Es decir, no solo se trató de legislar para reparar la justicia, sino que se construye un tejido cultural.

En 2010 la justicia argentina volvió a sentar en el banquillo al dictador Videla. A los 85 años, se le condenó a cadena perpetua por el asesinato de 31 personas en una cárcel de Córdoba. En su alegato final se refirió a esos crímenes como "guerra justa" contra las guerrillas que actuaban en Argentina en los setenta. Otro militar que fue condenado junto con Videla a perpetua, Luciano Menéndez, también habló de su lucha contra los subversivos marxistas que querían someter al país. 

A Videla lo encontraron muerto en el baño de su celda en 2013, Menéndez murió en prisión años más tarde. Hace unas semanas murió preso Miguel Etchecolatz y así han terminado sus días los represores argentinos.