El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos ha empezado ya a mimar en Andalucía -aunque por el momento, de manera tímida- la educación concertada, que en su inmensa mayoría gestiona la Iglesia Católica, tal y como pactaron ambos partidos en su Acuerdo de Gobierno, y el PP con Vox en su acuerdo de investidura.

El aumento relativo de la inversión en educación concertada, del 5,2%, que prevé el proyecto de presupuestos para 2019, es mayor que el incremento total del gasto en educación, del 2,4%, y también ligeramente mayor que la subida total del propio presupuesto, del 4,9%.

Por tanto, este año la escuela concertada gana peso a costa de la pública -en concreto, tres décimas- y pasa del 10,7% al 11% del gasto público total en educación, incluyendo las universidades.

Son en total unos 41 millones más, según se extrae de la consulta detallada del presupuesto de este año y del anterior, que recoge este gasto en la partida 488. Así, el presupuesto de PP y Ciudadanos, que ahora tienen que negociar con Vox, si lo quieren sacar adelante, por lo que no se descartan cambios en algunas partidas, prevé gastar 827,4 millones de euros en la educación concertada a lo largo de 2019, por los 785,9 millones que había presupuestado el Gobierno de Susana Díaz para 2018.

Esto es lo que tienen firmado sobre este asunto PP y Ciudadanos. El punto 71 de su acuerdo dice: “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada”. Y en el siguiente, el 72, se lee: “Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato concertado y promoveremos la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía”.

Mientras, PP y Vox pactaron tres cosas al respecto, complementarias a las cerradas con Ciudadanos. Por un lado, “garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”.

Por otro lado, “eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. Y, por último, “garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional”.

Amplios márgenes

Para encontrar una referencia del amplio margen de maniobra que tiene el Gobierno sustentado por la triple alianza de PP, Ciudadanos y Vox, para aumentar el dinero público que hoy recibe la Iglesia católica por los conciertos en Andalucía, se puede acudir al informe Sistema estatal de indicadores de la educación 2018, que edita el Ministerio de Educación.

Ahí se observa que el gasto público en educación se elevó en toda España a 46.597,8 millones de euros para el año 2015, el último en que se puede hacer la comparación entre CCAA. De ellos, 5.915,9 millones de euros se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representa un 14,1% del gasto público total en educación, tres puntos más que el 11% en el que ha situado el Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

En Andalucía la educación es hoy eminentemente pública y el peso de la concertada lleva años estancado en el 10%, décimas arriba, décimas abajo. En ese año, 2015, fue la cuarta comunidad que menos fondos transfirió a la escuela concertada, que, en su amplia mayoría, gestiona la Iglesia católica: un 10% -746 millones de euros- cuatro puntos menos que la media española. Solo Castilla-La Mancha (9,1 %), Canarias (8,1%) y Extremadura (8%), dedican menos presupuesto a los conciertos. Las comunidades que más dinero transfieren a la Iglesia fueron: País Vasco (24,4%), la Comunidad Foral de Navarra (21,1%) y Madrid (19,6%).

Por tanto, los márgenes que tiene el presidente Juanma Moreno para ampliar el negocio de la Iglesia católica y de otros operadores minoritarios en el ámbito de la educación, es muy amplio. Por ejemplo, si PP, Ciudadanos y Vox decidieran elevar en 3 puntos más el gasto en conciertos a lo largo de la legislatura y, con ello, situarse en la media española, la transferencia de lo público a lo privado podría aumentar por este concepto en Andalucía unos 300 millones.