El presidente del PP, Pablo Casado, arrancará el curso político en septiembre exigiendo al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que ponga fecha al Debate sobre el estado de la Nación, después de que la legislatura arrancase hace más de un año y medio. 

El Debate sobre el estado de la Nación ahonda en temas como economía, empleo, prestaciones sociales, pensiones, financiación, política exterior etc. Este no esta recogido por la constitución y se ha celebrado desde 1983 en 25 ocasiones.

"Desde el PP iniciaremos el curso político exigiendo a Pedro Sánchez que acuda a las Cortes Generales y convoque el Debate sobre el estado de la Nación. Han pasado siete años desde el último gran debate parlamentario", ha avanzado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

El Partido Popular ha señalado que Sánchez, "como presidente del Gobierno, no se ha sometido al Debate sobre el estado de la Nación" y ha señalado que el PP, aunque ha pedido más veces su convocatoria, considera que es un "insulto" al Parlamento y al conjunto de los españoles que siga rehuyendo esa cita parlamentaria.

A esta solicitud se ha unido también Ciudadanos. El vicesecretario general del partido naranja, Edmundo Bal, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería someterse al Debate sobre el estado de la Nación en el periodo de sesiones que arrancará en septiembre y, además, es partidario de institucionalizar esta cita y obligar por ley a que se celebre todos los años.

"Una vez al año sería lo razonable, como se produce en todos los países civilizados de nuestro entorno", apunta Bal, en una entrevista.

El dirigente naranja alude también a otros "agujeros legislativos" que, desde su punto de vista, deberían solventarse haciendo reformas. Entre ellos cita la obligación de celebrar debates electorales en todos los comicios y el desarrollo legislativo de los estados de alarma, excepción y sitio para evitar situaciones como las que se han producido durante la pandemia.

En caso del Debate sobre el estado de la Nación, sugiere la posibilidad de establecer por ley su convocatoria de manera anual para no dejarla al albur del Gobierno de turno y garantizar que no se posterga en función de los intereses de cada Ejecutivo.