El Gobierno y el PP ha fracasado este miércoles por la mañana en su intento de alcanzar un pacto global con la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en torno al proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la iniciativa legislativa "estrella" del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. En palabras del portavoz del grupo popular, Pedro Ramón Gómez de la Serna, este proyecto legislativo "justifica todo un programa electoral y una legislatura".

La comisión Constitucional de la Cámara baja ha aprobado a primera hora de la tarde el dictamen presentado por la ponencia que ha introducido más de 90 enmiendas al texto inicial presentado por el Gobierno hace un año en sede parlamentaria. Sin embargo, el PP no ha logrado sumar a los socialistas, a la Izquierda Plural, a UPyD y al grupo mixto, mientras que el respaldo de CiU y PNV ha estado plagado de numerosos votos particulares a decenas de puntos del articulado.

El socialista José Enrique Serrano ha calificado el texto de la ponencia, que deberá ser debatido ahora por el pleno de la cámara en septiembre antes de pasar al Senado, como "insuficiente", al tiempo que ha "lamentado" la ocasión perdida para elaborar un texto "mucho más acorde con las necesidades". No obstante, el representante socialista ha dicho que "sobre el futuro, ya se sabe, no está escrito", dejando una puerta abierta a la negociación. Fuentes del PSOE y del propio Gobierno así lo han expresado a Público.

Por su parte, el resto de la oposición que ha valorado en contra ha sido también muy crítica, aunque todos han reconocido que ha existido una voluntad de diálogo por parte del Gobierno que han personalizado en el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón. El diputado Joan Josep Nuet de Izquierda Plural ha definido el texto como una iniciativa "que no pasará a la historia del parlamentarismo. De hecho, creemos que con la actual redacción se puede aplicar el dicho de que hecha la ley, hecha la trampa". Gorriarán, de UPyD, se ha mostrado decepcionado por la oportunidad perdida ya que, ha dicho, "es una ley restrictiva y excesivamente administrativa".

La mayoría de los grupos, incluso CiU y PNV, se han mostrado muy reticentes ante el catálogo de restricciones para limitar aquellas áreas o asuntos sobre los que los poderes públicos podrán denegar información. Aspectos como "el medio ambiente" o la "situación económica y financiera" fueron muy criticados, incluso con sorna, por diferentes grupos. De hecho, según varios portavoces, estas limitaciones desvirtúan las esencias de una legislación de transparencia avanzada. "Nos coloca en una segunda división entre las democracias más avanzadas", ha dicho Nuet. Otro aspecto considerado negativo es el denominado silencio administrativo negativo" como razón suficiente para no facilitar información a quien la solicite.

Estos dos aspectos no han sido criticados por los socialistas - quienes ya elaboraron un borrador sobre esta ley al final de la anterior legislatura, muchos de cuyos preceptos han servido de base para el proyecto del PP -. Por el contrario, sí han denunciado la limitación de ámbitos a los que se puede acceder a la hora de solicitar información por parte de cualquier ciudadano. En su trámite parlamentario el texto inicial presentado por el Gobierno ha sufrido numerosas modificaciones; entre ellas la inclusión de la Casa del Rey como uno de los organismos públicos sobre los que se puede recabar información directa por parte de cualquier ciudadano.

Este punto fue valorado positivamente por el representante de ERC, Alfred Bosch, quien dijo que "la mera mención de este asunto era motivo de risas y bronca en esta Cámara hace poco tiempo. Es un paso positivo", ha añadido. Pero ni este asunto ni siquiera el hecho de que todos los grupos valorasen como positivo la tramitación de un proyecto que hace que España deje de ser el único país de la UE que no cuente con una legislación de transparencia hizo posible un respaldo generalizado por parte de la oposición.

El portavoz del PP, Pedro Ramón Gómez de la Serna, criticó a los socialistas que hubiesen abandonado la ponencia el pasado día 10 - a raíz del anuncio de una moción de censura por parte del PSOE ante la negativa inicial de Rajoy a comparecer en sede parlamentaria por el caso Bárcenas -. Un hecho que el propio Serrano lamentó al afirmar que "es la primera vez que el PSOE no está involucrado en un proyecto que afecte a los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Con todo, el portavoz popular aseguró que es una buena iniciativa para la que se ha contado con la participación de 80.000 usuarios de internet de quienes se recogieron más de 3.000 propuestas. "Nadie podrá decir que no lo intentamos", ha agregado en relación al esfuerzo por consensuar esta iniciativa que, desde un principio, el Gobierno consideró uno de sus proyectos "estrella" con la vinculación personal de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

A partir de ahora el proyecto será debatido en el primer pleno de la Cámara baja que se celebrará a mediados del mes de septiembre. El texto resultante pasará al Senado, cámara en la que fuentes del Ejecutivo y de la oposición, consideran un lugar apropiado para introducir modificaciones y acercar posturas.