BRUSELAS.- Una veintena de afectados por el ERE de Coca-Cola llevaron este martes su protesta contra el cierre de la planta de Fuenlabrada (Madrid) al Parlamento Europeo, donde reivindicaron la restitución de sus puestos de trabajo.

Los trabajadores, que fueron invitados a la Eurocámara por eurodiputados de Izquierda Unida (IU) y Podemos, se reunieron con parlamentarios del resto de grupos políticos españoles, a excepción del PP, según señaló el portavoz del comité de empresa de la planta de Fuenlabrada, Francisco Bermejo.

"Estamos luchando por un puesto de trabajo, por la democracia y por mantener los derechos que teníamos en el convenio colectivo", explicó Bermejo a los medios a las puertas de la Eurocámara, donde desplegaron pancartas contra el cierre de la planta de la compañía en Madrid.

"Una empresa que gana miles de millones no puede cometer estos atropellos, es un problema de capitalismo salvaje", señaló el portavoz de los trabajadores.

"Hemos venido a dar a conocer nuestro caso, a explicarlo a los parlamentarios. No es un problema sólo de unos puestos de trabajo, es un problema social que se puede dar a conocer en cualquier país con el tema de las deslocalizaciones que implican eliminar puestos de trabajo", añadió.

"Una empresa que gana miles de millones no puede cometer estos atropellos, es un problema de capitalismo salvaje"

El eurodiputado de Podemos Pablo Iglesias, que se unió junto a otros parlamentarios europeos de su formación y de IU a la concentración, mostró su apoyo a los afectados y dijo que "un país decente necesita industria y respeto a los derechos de los trabajadores".

"España es un país en el que sólo se benefician los de arriba, mientras los de abajo tienen que padecer la ineficacia de la austeridad", señaló.

Paloma López (IU), por su parte, reivindicó que vuelva a ponerse en marcha la planta de Fuenlabrada y mostró su "reconocimiento profundo a la lucha de los trabajadores".

"Estas personas llevan más de un año acampados pidiendo puestos de trabajo y dignidad", señaló López, que quiso también "denunciar lo que supone una forma de gobernar en contra de la ciudadanía y los trabajadores".

La Audiencia Nacional ratificó el pasado 16 de febrero el acuerdo alcanzado por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) y los sindicatos por el que deberá pagar 7,4 millones de euros a los 351 trabajadores afectados por el ERE y los abonará con la nómina de febrero.

En un comunicado, la compañía embotelladora mostró entonces "su voluntad negociadora" y afirmó que, con el objetivo de no demorar el proceso, abonaría los salarios desde el pasado junio hasta diciembre junto con la nómina de ese mes