MADRID.- El PP es partidario de reformar la Ley Electoral para que la lista más votada sea la que gobierne en el ámbito municipal y reciba una prima de representación para impedir los pactos de otras fuerzas, y en caso de no existir mayoría absoluta, se establezca el sistema de doble vuelta.

Esta propuesta está recogida en el programa electoral presentado hoy por el PP, en la que los conservadores se comprometen a respetar "la costumbre constitucional de que sólo formará gobierno la candidatura más votada en España".

El PP cree que la responsabilidad de gobernar debe asumirla la lista que más votos reciba, y de paso, evitarse pactos que les desalojen de los gobiernos, como ha ocurrido en Madrid, por ejemplo.

Por ello, cree conveniente promover una revisión de la Ley Electoral para que el gobierno de los ayuntamientos recaiga en la lista más votada.

En paralelo, el PP se compromete a abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas para que se imponga el mismo criterio a nivel regional, al no tener el Estado competencia directa en esta materia.

La nueva regulación de los comicios locales debería conceder, según el PP, "una prima de gobernabilidad" a los partidos que "hayan ganado claramente las elecciones y con una distancia considerable de la segunda fuerza" para garantizar que las opciones de gobierno "responden fielmente a la voluntad de los ciudadanos".

De no existir mayoría absoluta, ni una distancia amplia, el PP aboga por introducir un sistema de doble vuelta.

Los conservadores también defienden reducir la duración de la campaña, que actualmente es de dos semanas, para recortar los gastos electorales y adaptar la norma a la nueva realidad social.

La reforma de la ley perseguiría además favorecer la participación de los españoles residentes en el extranjero, "mejorando el procedimiento actual", aunque no concreta si se suprimiría el llamado voto rogado que obliga a los emigrantes a comunicar su deseo de ejercer el sufragio antes de emitirlo.

El PP promete promover un acuerdo con los partidos para garantizar "la independencia" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y buscar criterios "objetivos" en la elección de sus miembros. Además, plantea presentar un nuevo Código Penal Procesal que agilice los tiempos de la Justicia; fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales; reformas procesales en materia de desahucios para lograr mayor seguridad jurídica; e incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

Así se recoge en el programa que el PP presentará a las elecciones generales del 20 de diciembre y que este domingo ha sido presentado en Madrid por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la secretaria general de los conservador, María Dolores de Cospedal, y la vicesecetaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy.

Sin embargo, el PP no ha incluido en este capítulo medidas relativas al Tribunal Constitucional como sí hizo en 2011, entre ellas cambiar el procedimiento de elección de los magistrados del TC y que no se llegó a cumplir esta legislatura. En las filas del PP apuntan a la conveniencia de no entrar en este asunto en un momento en que este tribunal tiene un papel clave ante el desafío secesionista abierto en Catalunya.

En el ámbito de la Administración, el PP promete seguir eliminando duplicidades y reformar la ley de contratos del sector público para incrementar los controles y evitar irregularidades.

El PP quiere avanzar en la implantación de la administración electrónica, suprimir trabas burocráticas y simplificar procedimientos, además de ampliar el número de trámites administrativos que se puedan hacer a través de los dispositivos móviles.

Además de reforzar el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y seguir apostando por las Diputaciones provinciales, el PP quiere ahondar en la clarificación del sistema competencial de los ayuntamientos para asegurar que cuenten con financiación suficiente.

En cuanto a los funcionarios, los populares se comprometen a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Impulsarán además la evaluación del desempeño como instrumento de la mejora de la calidad del servicio.