El Partido Popular quiere tener el control de la Comisión parlamentaria del Pacto contra la Violencia de Género y así se lo ha hecho llegar a otros grupos, que han mostrado su oposición a que sea el partido que sustenta al Gobierno quien dirija el órgano que hará el seguimiento del cumplimiento de las medidas acordadas en dicho Pacto.

Los grupos en la oposición ya han abordado este asunto y hay unanimidad para que no sea el PP quien dirija los trabajos de esta comisión, y sea una persona que represente a otro partido quien lleve las riendas, aunque todavía no se ha decidido cuál será.

El PSOE, que ya impulsó este Pacto en la legislatura pasada de la mano de Elena Valenciano, aspira a conseguir la Presidencia si logra el acuerdo con el resto de grupos, pero lo que sí tiene muy claro es que ningún caso aceptará que el PP esté al frente.

De hecho, la comisión de seguimiento puede tener un papel muy importante ya que, aunque no tiene capacidad legislativa, sí puede proponer comparecencias, exigir informes al Gobierno y requerir datos a cualquier órgano que pudiera facilitar datos útiles para combatir esta lacra.

La creación de la Comisión de seguimiento ha sido una de las pocas medidas puestas en marcha tras la aprobación de Pacto, y se forzó en diciembre la aprobación de su constitución para que empezar sus trabajos de forma inmediata por el empeño, entre otras parlamentarias, de la diputada y portavoz de Igualdad en el PSOE, Ángeles Álvarez, que consiguió la unidad del resto de grupos para dar este paso.

Tal fue la resistencia del PP para evitarlo, que la propuesta de creación llegó a la Mesa con las firmas de todos los grupos, salvo los populares, quienes se quejaron de que no habían sido avisados a tiempo para dar este paso.

Pese a ello, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tramitó la creación de la Comisión y este pasado martes los grupos propusieron los nombres que participarán en este órgano, por lo que ya sólo queda la constitución oficial de la misma y elegir la Presidencia.

Todos los grupos quieren que se constituya lo antes posible, porque el cumplimiento efectivo de las medidas incluidas en el Pacto contra la Violencia de Género está prácticamente paralizado y, además, el Gobierno sigue sin aportar los 200 millones de euros comprometidos para este fin.