Las declaraciones del exgerente del PP, Cristóbal Páez; del arquitecto que reformó la sede nacional de la madrileña calle Génova, Gonzalo Urquijo, y del exjefe de Seguridad del partido, Antonio de la Fuente (cuñado de Luis Bárcenas), no inquieta en absoluto a los conservadores. Al menos, así lo ha constatado esta mañana la secretaria general del PP, en una rueda de prensa que ha coincidido, precisamente, con la comparecencia ante el juez Pablo Ruz de estos dos imputados (Páez y Urquijo) y del testigo De la Fuente.

María Dolores de Cospedal, a preguntas de los periodistas sobre las informaciones que puedan llegar hoy al juez relacionadas el caso Bárcenas, ha asegurado que los testimonios no le producen "ninguna preocupación; en absoluto". La número dos del PP no ha querido dar más explicaciones acerca de las facturas y recibís que figuran en los informes policiales, subrayando que "hay un procedimiento judicial" abierto.

Sobre las críticas incluidas en la carta que el PP remitió a la Fiscalía Anticorrupción para responder al informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía sobre la existencia de presuntos pagos en negro al arquitecto Urquijo, Cospedal ha negado que se trate de tales críticas, ya que lo único que pretende el partido, ha explicado, es "acreditar que toda la obra que se hizo en Génova está en las cuentas oficiales y paga con cheques conformados". Se trata de que los tribunales "tengan un conocimiento completo de toda la verdad", ha argumentado, además de que el PP tiene derecho a ir a la Fiscalía "como cualquier persona física o jurídica".

También en relación con el caso Bárcenas y respecto a su implicación personal, la también presidenta de Castilla-La Mancha está todavía "estudiando" y "terminando de evaluar" con su letrado si recurrirá la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo, Jesús Yunta, de desestimar la demanda de protección al honor contra Bárcenas. Con todo, Cospedal ha insistido en que está "satisfecha" con el "contenido de la resolución".

El PP se aferra a los derechos que todos los catalanes tienen como españoles y como ciudadanos de la UE para mantener un mensaje moderado frente a la decisión de la Generalitat de convocar una consulta soberanista para el 9 de noviembre de 2014. Cospedal, en esta línea muy alejada de los sectores más duros de su partido, ha rechazado la propuestas de UPyD de retirar la financiación del Estado a la Generalitat o intervenir la autonomía catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución.

"Son los ciudadanos los que tienen que enjuiciar las propuesta de los partidos", ha explicado la secretaria general, pero el Gobierno "tiene que garantizar que autónomos y pequeños empresarios cobren sus deudas". Retirando, por ejemplo, a la Generalitat el Fondo de Liquidez Autonómica, "se estaría castigando a los catalanes, no a su Gobierno".