El PP valenciano echa a Blasco: le castiga por desleal pero no por malversar

La entrevista del miércoles 19 en 13TV al diputado valenciano Rafael Blasco, imputado por el llamado caso Cooperación (presunta malversación por desvío de 6 millones de euros públicos destinados a ONGs y fondos de ayuda al desarrollo), dejó al partido sin palabras y al presidente de la Generalitat, muy tocado. Sin embargo, la reacción de Alberto Fabra anunciando la expulsión del ex conseller este fin de semana todavía no ha sido completamente digerida por el PP valenciano (PPCV), que se reúne hoy con un único punto del orden del día: "Pronunciamiento del Grupo Parlamentario Popular sobre la expulsión de Rafael Blasco Castany de este grupo", según informó el partido en un comunicado.

El debate en el seno del PPCV -en el que la cúpula del partido evitó entrar ayer a través de su vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano- será duro y largo. Sobre todo, si Blasco decide recurrir su inhabilitación ante la dirección nacional del PP, que entonces no podría lavarse las manos.

Blasco acusó a la Abogacía de la Generalitat, que ha pedido once años de cárcel para él, de recibir "consignas" desde Presidencia para actuar y Fabra decidió que, por esa "deslealtad" (una comisión de infracciones "graves o muy graves", según el Estatuto del PPCV), al ex conseller había que retirarle la militancia, argumentó el jefe del Ejecutivo valenciano el domingo en un tono que dejaba traslucir su contrariedad con el imputado. Sin embargo, la decisión del president, lejos de calmar los ánimos en un partido que tiene casi al 20% de sus diputados en las Corts imputado en la trama Gürtel -y que podría sumar a Rita Barberá y a Francisco Camps por el caso Nóos-, los ha desconcertado, precisamente, porque la decisión de Fabra de echar a Blasco del PP -mantendrá su escaño "por dignidad" y respeto a los electores en el grupo de diputados no adscritos del Parlament- no se produce por su imputación, sino por sus declaraciones contra la Generalitat que gobiernan sus -al menos hasta hoy- compañeros.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ya anunció ayer que no irá a la reunión de hoy si se trata la expulsión de Blasco, algo a lo que se ha opuesto con carácter general siempre que se le ha preguntado si Fabra debería tomar medidas contra los imputados del grupo popular, después de haberse comprometido a romper con la etapa de Camps. Los dirigentes del PPCV temen que no sea el único que exprese su rechazo a la decisión del presidente valenciano. Sin embargo, en este sentido, y puesto que los nueve imputados siguen ocupando los ídem escaños del grupo, la cúpula del PP ha dejado traslucir desde hace tiempo su incomodidad con el sucesor de Camps por su "tibieza" frente a los diputados señalados por la Justicia. En la calle Génova son conscientes de que esta expulsión -aunque sea de forma temporal hasta que se resuelvan las causas- habría evitado situaciones como la de la inauguración del AVE Madrid-Alicante, en donde el príncipe Felipe y el presidente del Gobierno no pudieron evitar imágenes con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal y Luis Díaz Alperi, diputado del PPCV imputado como su sucesora por supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.