Un presunto desfalco de quince millones abre el carrusel de juicios por corrupción en Aragón

ZARAGOZA.- “En esa operación, Plaza ganó 13 millones”, sostiene Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas de los gobiernos de Aragón PSOE-PAR que lideraron Marcelino Iglesias y José Ángel Biel y exconsejero delegado de la empresa pública Plaza, creada para gestionar la plataforma logística de Zaragoza. La Fiscalía, el propio ejecutivo, la compañía y UPyD sostienen que la obra en cuestión, la construcción de 129 naves, oculta en realidad un desfalco de 15,2 millones de euros del que señalan como responsables a Esco, al exgerente de la sociedad pública, Ricardo García Becerril; a su exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez, y a Agapito Iglesias, dueño de la empresa que ejecutó los trabajos y antiguo accionista mayoritario del Real Zaragoza.

Los acusados se enfrentan a peticiones de entre doce y quince años de prisión y multas que suman 567.000 euros, así como al pago de una indemnización de 15.249.142 euros de la que las acusaciones señalan como responsable subsidiario a Codesport, la empresa insignia de Iglesias.

Las defensas, que denunciaron varias irregularidades formales al comienzo de la vista, solicitan la absolución. Mantienen que no hubo delito, que el perito que cifró el presunto desfalco fue designado de manera irregular y que, en todo caso, el dinero de Plaza no eran fondos públicos pese a que la mayoría de las acciones son del Gobierno de Aragón y a que participa en ella el Ayuntamiento de Zaragoza.

Las acusaciones sostienen que los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para amañar el concurso de las naves y adjudicárselo a Codesport y para hinchar su precio de ejecución. Esgrimen varios correos electrónicos según los cuales los pliegos de condiciones de la licitación, que aparecen sin firma, habrían sido redactados por una filial de esa empresa constructora.

Esco, el primero de los acusados en declarar, negó el amaño y, en cualquier caso, que él hubiera participado en una operación de ese tipo. Si firmó unos pagarés por valor de más de ocho millones de euros a favor de Codesport pese a que ninguna certificación de obra los respaldara fue, dijo, porque el gerente los había rubricado antes.

“No he visto ni una sola certificación de obra”, anotó, antes de asegurar que tampoco tiene una relación de amistad con Agapito Iglesias y de sostener que nunca se reunió con él.

Tampoco informó de ese cuantioso pago al consejo de administración de la empresa, que se reunió cuatro días después. “No era preceptivo, ni vinculante ni usual” hacerlo, aseguró.

El caso Pagarés abre el carrusel de juicios por episodios de presunta corrupción que en los próximos meses acogerá la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, comunicó el viernes a Esco y a García Becerril que deberán responder ante un jurado popular de la acusación de cohecho que dirigió contra ellos el empresario Santiago Becerril, que hace unos meses confesó a la Policía que entregó al segundo de ellos alrededor de 600.000 euros en efectivo como peaje por la compra de unos terrenos con un precio supuestamente hinchado: seis millones cuando, según un perito, no valían más de 2,3.

La corroboración de esa tesis, de la que ahora se desdice el empresario –los tres imputados piden el sobreseimiento-, supondría que la traducción del “tres per cent” catalán al aragonés sería “el diez por ciento”.

Los cuatro ocupantes de banquillo del caso Pagarés están imputados también –hay casi 40 encartados– en el llamado caso Saqueo, que instruye el mismo juez y que comenzó con una operación de la Udef dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.

Dos años de instrucción han aportado indicios, cuya consistencia niegan las defensas, de un presunto latrocinio sistemático en el que la empresa que urbanizaba la plataforma logística –una UTE liderada por Acciona– asumía y cargaba al erario público reformas de pisos, en el que se certificaban saneamientos inexistentes de parcelas de miles de metros cuadrados o aparcamientos ilocalizables –entre otras obras sin ejecutar– y en el que la guardería de las hijas del gerente facturaba estudios de logística y aparecía como titular de un yate. Algunos informes sitúan el agujero por encima de los cien millones de euros.

Esco e Iglesias también aparecen en el llamado caso Paraísos, en el que el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza trata de determinar si los frecuentes viajes al extranjero de ambos –por separado– tenían como objeto ocultar y/o administrar un hipotético botín. Lleva meses bajo secreto.

Los casos Plaza, de los que han sido archivadas una secuela sobre las obras de una nave y otra sobre la compra de varios cuadros, sacaron del foco de la actualidad a la operación Molinos, una presunta trama de corrupción urbanística en torno al ayuntamiento de este pequeño pueblo de la estepa zaragozana cuyo volumen –más de 80.000 folios en ocho años– supera en extensión a la operación Malaya.

El caso La Muela, que alcanzó los 43 imputados, algunos de los cuales han fallecido durante la instrucción, quitó la máscara al ayuntamiento emblemático del PAR (aragonesistas de centro-derecha) y a su alcaldesa, Mariví Pinilla, a quien los conservadores dieron de baja unas semanas después de su detención tras haberla puesto durante años como ejemplo de gestión.

Los informes de la Policía y de Hacienda y los escritos de las acusaciones describen una compleja constelación de relaciones plagada de mordidas y pelotazos que, operaciones prescritas al margen, generó un presunto agujero tributario de más de ocho millones de euros al que se pueden sumar otros de varios cientos de miles investigados en otras causas. La Agencia Tributaria atribuye un fraude fiscal de poco más de once al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su esposa.