MADRID.- Era uno de los puntos de su pacto de investidura. Uno de los "prioritarios" para Ciudadanos (C's). Pero Cristina Cifuentes no ha cumplido del todo con su palabra. Eso es lo que denuncia la formación que dirige Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid con respecto al anteproyecto de Ley de Telemadrid que ayer presentó el Gobierno del PP. 

En el texto, que de momento sólo es un borrador, el Ejecutivo autonómico ha establecido que sea una mayoría cualificada de 3/5 en primera votación -mayoría absoluta en segunda- quien elija para un periodo de seis años al Consejo de Administración y al director general del ente.  Según explicó la presidenta autonómica, el anteproyecto es un "texto nuevo" que sustituirá "íntegramente" la Ley 13/1984 con el objetivo de buscar una televisión pública "plural", "transparente", donde "primen los criterios profesionales" y se garantice "la objetividad en el tratamiento de la información, y cuya gestión sea "sostenible". 

Cifuentes, además, aseguró que la norma respondía a su compromiso con C's, pero los naranjas consideran que el PP sigue apostando por un modelo de televisión pública "que no ha funcionado". Así lo ha expresado hoy el portavoz de C's en la Comisión de Control de Telemadrid en la Asamblea, Ricardo Megías, que ha defendido su propuesta de "profesionalización del Consejo de Administración", que pasa por que sus miembros sean propuestos por "asociaciones profesionales independientes" y no directamente por los diputados de Madrid.

El portavoz de Ciudadanos se ha manifestado en este sentido al salir de la reunión que todos los grupos parlamentarios han mantenido este jueves sobre la nueva ley de Telemadrid, a la que ha asistido el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, para presentar las "líneas maestras" del anteproyecto aprobado por el Ejecutivo autonómico.

Según Megías, la propuesta de Ciudadanos se basa en el objetivo de "despolitizar por completo el Ente Público" y gira entorno a la "profesionalización del Consejo de Administración", que pasa por que sus miembros sean propuestos por "asociaciones profesionales independientes" y ratificados en la Asamblea por tres quintos de los diputados.

Megías ha reconocido que "no hay mucha aproximación en ese punto" entre los grupos parlamentarios, y aunque ha mostrado la intención de Ciudadanos de "dialogar cada punto para buscar el máximo consenso y encontrar el modelo de gestión de Telemadrid adecuado", está claro que este tema ya se ha convertido en el primer escollo entre PP y Ciudadanos. 

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Comisión de Control de Telemadrid de la Asamblea, Pablo Padilla, ha manifestado que, a la espera de poder ver el anteproyecto de ley, tienen la "impresión" de que "no afronta los verdaderos problemas que tiene el ente público", ya que atiende más a la "arquitectura institucional" que al modelo de televisión pública que necesitan los madrileños.

Padilla: "Hay algunos elementos con los que estamos de acuerdo, como la despolitización aunque hay que ver en qué se materializan"

"Hay algunos elementos de la filosofía con los que estamos de acuerdo, como la despolitización, la profesionalización..., aunque hay que ver en qué se materializan", ha dicho Padilla, quien ha señalado que, además, "tiene que haber una apertura a la sociedad civil".

En cuanto al "reto de la sostenibilidad y el déficit cero", ha dicho que no son partidarios de "dilapidar" dinero público pero tampoco de que "se asfixie a una televisión pública que tiene que dar un servicio público que hay que garantizar".

El portavoz de Podemos ha lamentado que por tercera vez haya sido rechazada su propuesta de crear una comisión de estudio, que para su grupo es el espacio más adecuado dentro de la lógica parlamentaria para el debate de una ley, ya que ofrece más transparencia que las reuniones informales de grupos.

Igualmente, ha mostrado su preocupación por la actual situación de Telemadrid, gestionada por un Consejo de Administración que, desde que empezó la legislatura y hasta que se apruebe la nueva ley, a su juicio, carece de mandato democrático y no cuenta con ningún elemento de control.