MADRID.- Sin fecha fija. Así presentaron Ignacio Aguado (Ciudadanos) y Cristina Cifuentes (PP) su pacto de investidura. De las 76 medidas acordadadas, casi ninguna llevaba acoplada un calendario de aplicación. Pero ahora que ella ya es presidenta, él se ha afanado con la "ilusión" propia de los de su partido en empezar a ejercer desde ya mismo su labor de "oposición". 

¿Lo primero que hará? Presionar para empezar a diferenciar lo urgente y fijar calendarios. Para él, según ha sabido Público, lo principal es despolitizar Telemadrid, cambiar el Reglamento de la Asamblea y, sobre todo, empezar a auditar a los Gobiernos anteriores de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Precisamente, ésta sí es una de las medidas cuya fecha está especificada en el pacto de investidura, "que no de Gobierno", como se empeña Aguado en aclarar en todas sus intervenciones públicas. "El plazo para realizar la auditoría finalizará en junio de 2016 y los resultados deberán estar disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid", reza el documento. 

En realidad, se trataría de dos auditorías diferenciadas para las que habría que desembolsar una jugosa cantidad, dado que han de ser empresas externas las que lo lleven a cabo. Ciudadanos (C's) es consciente de ello, pero incide en que lo importante es que el control de las facturas de los últimos ocho años se haga de manera independiente. 

Aguado pedirá a Cifuentes que impida a los consejeros de su Gobierno ocupar cargos en los Consejos de Administración de las empresas públicas

Y no sólo de las facturas con la auditoría económica, ya que, en realidad, se pondrá "luz y taquígrafos" sobre las cuentas y contratos de los Ejecutivos de los últimos ocho años, sí, pero también sobre el personal contratado. ¿El objetivo? Una "auditoría funcional y de procesos relativa al último ejercicio (2014)" con la que se obtendría, entre otras cuestiones, la lista de cargos de confianza puestos "a dedo" para acabar con la política "de amiguetes" contra la que siempre ha arremetido el partido naranja.

De hecho, otro de los puntos de su programa que Aguado pretende que Cifuentes acepte es el de establecer otra incompatibilidad en los cargos públicos además de la ya pactada de no permitir a alcaldes y concejales que sean diputados: que los consejeros del Ejecutivo autonómico no puedan trabajar también en los Consejos de Administración de empresas públicas como el Canal de Isabel II, por ejemplo. 

En cualquier caso, lo primero serán las auditorías cuya supervisión "dependerá de una Comisión nombrada ad hoc por la Asamblea de Madrid al inicio del primer período de sesiones", establece el pacto firmado por Aguado y Cifuentes el pasado viernes. Según ha sabido este diario, dicho punto se concretaría en la apertura de un concurso público para elegir a la mejor empresa auditora de forma consensuada y evitar, de nuevo, que sea elegida a dedo por el Gobierno y pueda estar influenciada por el PP.  También habrá que consensuar si ambas auditorías las realizará la misma empresa o serán dos diferentes.

De otro lado, otra de las prioridades de los naranjas de Madrid es la de reformar desde ya mismo la Ley que regula Telemadrid para que la  radiotelevisión pública deje de estar al servicio del PP. Los Ciudadanos no niegan ser conscientes de que con el cambio de normativa impiden que el ente quede en manos de PSOE y Podemos, como informó Público. Pero las fuentes consultadas inciden en que su objetivo es despolitizar la cadena y, para ello, proponen que sus dirigentes sean elegidos por una mayoría cualificada. 

Pero el primer rifirrafe entre PP y C's está ya servido: mientras Cifuentes pretende fijar dicha mayoría en los 3/5 de los diputados de la Asamblea para elegir tanto al Director General como a los miembros del Consejo de Administración, Aguado quiere fijarla en 3/5 para elegir a los miembros del Consejo de Administración y en 2/3 para la elección del Director General. Es decir, se necesitaría el voto favorable de un mínimo de 86 diputados de los 129 que componen la Asamblea. Haría falta la colaboración de tres partidos para llegar a esos 86, aunque el deseo de C's es implicar a las cuatro formaciones que han conseguido representación en el Parlamento regional. 

Por último, la tercera pata prioritaria para los naranjas es la reforma del Reglamento de la Asamblea. De entre todas las cuestiones que se pueden englobar en él, la primera será la de fijar, cuanto antes, un cambio en los horarios con el fin de permitir una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar de todos los diputados. "No es lógico que los plenos terminen a las 12 o la 1 de la madrugada", ha señalado siempre Aguado. Y, dado que la labor asamblearia ya ha comenzado, cuanto antes se corrija ese punto, mejor, según C's.

Además, los naranjas pretenden instaurar una especie de Asamblea a la inglesa en la que el debate parlamentario sea más ágil. Así, propondrán evitar la rigidez de tener que registrar las preguntas antes de la celebración del pleno para que no se queden desactualizadas -como a menudo ocurre en el Congreso de los Diputados- o reducir los tiempos de las intervenciones para que haya más réplicas y contrarréplicas. Con ello, argumentan, se podrá realizar una mejor sesión de control al Ejecutivo regional.