La historia de Petra, una de las 7.291 víctimas de las residencias cuya memoria trató de mancillar MAR
Maite Rodríguez acudió el pasado jueves al juzgado de Getafe, donde están investigados tres ex altos cargos de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditarla insinuando que ni siquiera había tenido un familiar en una residencia.
"Siempre intentaba hacer la vida un poco más agradable. Dedicó su vida a cuidar a los demás y, en el peor momento, nadie cuidó de ella", dice Maite sobre su madre.

Madrid--Actualizado a
El 16 de febrero de 2025, Maite Rodríguez compartió por primera vez en televisión cómo vivió la muerte de su madre, Petra Gadea, en la residencia Los Ángeles de Getafe durante la pandemia. Lo hizo en el programa de laSexta Lo de Évole, donde, junto a otros cuatro familiares de víctimas, recordó los protocolos de triaje que impidieron el traslado de miles de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid.
Para entonces, Maite se había unido a la asociación de familiares de víctimas 7.291: Verdad y Justicia. Aquella misma noche, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intentó desacreditar en redes sociales lo que Maite contó en el programa insinuando que ni siquiera había tenido un familiar en una residencia. Además, aseguró que algunos de los familiares no visitaban con frecuencia a sus seres queridos.
Maite no esperaba una respuesta así. "Desde entonces tengo muy claro que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid con las familias es, primero, una estrategia de deshumanización y, segundo, la fabricación de nuevas víctimas, porque a las familias se nos está maltratando desde el plano institucional y también desde el judicial", afirma tajante en conversación con Público. A su parecer, la reacción de Rodríguez también fue "un acto de cobardía", ya que —deja caer— el propio asesor y su equipo habían sido invitados a participar en el programa y declinaron hacerlo. "No fue un ataque contra mí. Fue contra todas las víctimas que nos atrevimos a alzar la voz y decir que no íbamos a consentirlo".
Días después, la mano derecha de Ayuso rectificó y pidió disculpas, aunque mantuvo en redes sociales las publicaciones en las que desacreditaba el testimonio de Maite. "Miguel Ángel sabía perfectamente el daño que iba a causar, el desprestigio que iba a generar y cómo iba a atacar a las familias que estábamos allí. Y lo consiguió", lamenta. Esa ofensiva, reconoce sin ambages, se ha prolongado en el tiempo.
Maite Rodríguez, hija de Petra Gadea: "El PP de Ayuso nos discrimina y nos insulta de todas las formas posibles"
Maite trae a colación, por ejemplo, las palabras de la propia presidenta madrileña cuando se refirió a "esas mierdas", en alusión —según interpreta— a lo que para muchas familias supuso "la mayor tragedia de sus vidas". También pone sobre la mesa que se les prohibiera asistir a una Comisión de Cultura en la Asamblea de Madrid durante la presentación del cómic 7.291. "El PP de Ayuso nos discrimina y nos insulta de todas las formas posibles. No les gusta que estemos ahí. Y, precisamente por eso, nos da más fuerza para seguir estando", confiesa.
El pasado jueves 12 de marzo, Maite acudió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe, donde se investiga la actuación de tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso en la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria. En la causa están imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo —considerados, respectivamente, el firmante y el ideólogo de los conocidos como protocolos de la vergüenza—, así como Pablo Busca, quien dirigía el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en aquel momento. Los tres están siendo investigados por un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
Hasta ahora, el único que ha declarado ante el juez de Getafe ha sido Peromingo. En su comparecencia, admitió que "las residencias no fueron medicalizadas" durante los momentos más críticos de la emergencia sanitaria y aseguró que tanto él como su equipo mostraron su "desacuerdo" con el protocolo firmado por Mur y con los criterios utilizados. Por su parte, Busca se acogió a su derecho a no declarar. Su defensa argumentó que, al haberse planteado una cuestión de competencia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, el investigado prefiere esperar a que se determine qué órgano judicial asumirá finalmente la causa antes de prestar declaración. Los ex altos cargos de Ayuso en la pandemia están ya imputados en ocho procedimientos.
Una vida dedicada a cuidar que terminó sin cuidados
Petra fue una de las 7.291 personas que murieron sin recibir atención hospitalaria durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. A ojos de su hija Maite, era una mujer sencilla. Nació en 1932 y, desde muy pequeña, aprendió lo que significaba salir adelante en un país golpeado por la escasez. Con ocho años empezó a trabajar en el servicio doméstico. Más tarde, su mundo se edificaría en torno a tres pilares: su marido, sus hijos y su casa.
Cuando Maite atravesaba la adolescencia, su madre le repetía un consejo que había aprendido a base de experiencia: que estudiara y trabajara para no depender nunca de nadie. Petra no tuvo acceso a la educación, pero conservó una enorme curiosidad por lo que ocurría a su alrededor. Una de sus rutinas favoritas era salir a tomar café por las tardes mientras comentaba con su hija las noticias más destacadas del periódico del día. Maite recuerda que el carácter de su madre se volvió todavía más afectuoso cuando nacieron sus nietos. "Siempre intentaba hacer la vida un poco más agradable. Dedicó su vida a cuidar a los demás y, en el peor momento, nadie cuidó de ella".
Con el paso de los años, la artrosis en las rodillas fue limitando cada vez más la movilidad de Petra hasta obligarla a desplazarse en silla de ruedas. Vivía en un segundo piso sin ascensor y esa situación terminó llevando a su hija a tomar una decisión que todavía hoy recuerda como "la más dura de su vida". Un par de años antes de la pandemia, Petra ingresó en una residencia privada mientras esperaba una plaza pública en la Comunidad de Madrid. Según cuenta Maite, en aquel primer centro su madre se adaptó bien: era una residencia pequeña, con pocos mayores y una atención más personalizada. Las trabajadoras solían acercarse a ella y le decían: "Petra siempre tiene una buena palabra para nosotras y lo agradece todo". Sin embargo, su estancia en el centro fue breve. La Administración le asignó, al poco tiempo, una plaza en una residencia pública en Pedrezuela, a una hora en coche de la casa de Maite.
Maite Rodríguez, hija de Petra: "Nos dijeron que no podían trasladar a mi madre a un hospital porque había unos protocolos que impedían derivarla"
"El cambio fue muy duro para ella", rememora Maite. Petra se quejaba de la falta de personal. "Nos decía que había muy pocos trabajadores y que tenía que esperar muchísimo para que la llevaran al baño". Permaneció allí alrededor de un año, hasta que la familia logró trasladarla a la residencia Los Ángeles, en Getafe. Maite, su marido y su hijo se organizaban para visitarla todos los días. Pero Petra ya no volvió a recuperarse. "No remontó. No socializaba. Para ducharla tardaban mucho y siempre había excusas: que varias trabajadoras estaban de baja y no habían sido sustituidas, que alguien había dejado el puesto y no encontraban relevo…". "La falta de personal ya era evidente antes de la llegada del covid-19", corrobora su hija.
La situación se agravó con la llegada de la crisis sanitaria. Cuando la residencia cerró sus puertas a las visitas, la familia apenas recibía información. "Teníamos un horario muy limitado para poder llamarla: de cuatro y media a seis y media de la tarde". En ese periodo, continúa Maite, su madre sufrió un deterioro cognitivo acelerado. "Estaba completamente desubicada. Hablábamos con ella a las seis de la tarde y nos decía que acababa de desayunar. No sabía cuántos días llevaba encerrada".
Maite Rodríguez, hija de Petra: "Para los responsables de esta tragedia hay una impunidad enorme y para las familias una injusticia total"
El 6 de abril de ese mismo año, Maite recibió una llamada de la residencia. Le comunicaron que Petra podía haberse contagiado de covid: tenía una saturación baja y algo de tos. Al día siguiente comenzó con febrícula. "Fue todo muy rápido". Maite pidió que la trasladaran al hospital, pero la respuesta fue negativa. "Nos dijeron que no podían hacerlo, que había protocolos que impedían derivarla. Al final me confirmaron que, en el estado en el que estaba, no podían sacarla de la residencia". Seis días después, el 12 de abril, Petra falleció. Seis años más tarde, su hija reconoce que el paso del tiempo no ha aliviado su sensación de injusticia. "Me encuentro desanimada. Para los responsables de esta tragedia hay una impunidad enorme y para las familias, una injusticia total".




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