Instituciones Penitenciarias aceptó en la tarde de ayer asumir la tutela de El Rafita, uno de los menores condenados por el asesinato de Sandra Palo, sin utilizar ninguna otra medida de control aparte de la libertad vigilada que le impuso un juez de menores como parte de la condena por participar en el cruel crimen de la joven getafense.

Representantes de la administración penitenciaria, de la Comunidad de Madrid, de la Judicatura y del Ministerio Público se reunieron esta tarde durante dos horas para buscar una solución al problema de cómo aplicar la libertad vigilada cuando el menor infractor ha cumplido la mayoría de edad y, a su vez, ha incumplido esta medida.

Al encuentro asistieron la directora de Instituciones Penitenciaias, Mercedes Gallizo; la portavoz del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo; el director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Quiroga; la directora de la Agencia de Reinserción y Reeducación del Menor Infractor, Carmen Balsagón; el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban; así como representantes de la judicatura de toda España.

La reunión puso de manifiesto la voluntad de colaboración entre las dos administraciones para buscar una solución al incumplimiento de la libertad vigilada por parte de El Rafita, de 22 años de edad, según indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias y de la Comunidad de Madrid.

Interior mostró su voluntad de colaboración 

El director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Quiroga, y la directora de la Agencia del Menor Infractor, Carmen Balsagón, solicitaron a Instituciones Penitenciarias que asuman la tutela de Rafael Fernández durante los meses que le restan de la libertad vigilada, que se vence el próximo 25 de junio.

Las mismas fuentes indicaron que el organismo dependiente del Ministerio del Interior mostró su voluntad de colaboración a la espera de que el Gobierno de Esperanza Aguirre envíe su expediente y el programa que debe seguir, en el que se especifican las medidas de control fijadas por el juez de Menores.

Instituciones Penitenciarias dejó claro que 'no puede hacer nada diferente de lo que hacía la Comunidad de Madrid', es decir que no puede utilizar ninguna otra medida de control. En la reunión se planteó la posibilidad de que se utilizaran otras medidas, pero los juristas presentes insistieron en que legalmente no se puede utilizar otra fórmula para controlar al joven.

La reunión sirvió para aclarar a quién que le corresponde la competencia de controlar la libertad vigilada de El Rafita. La libertad vigilada no se contempla en el Código Penal puesto que es una medida judicial recogida en la ley que regula la Responsabilidad Penal del Menor.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, anunció hoy la celebración de esta reunión, en el que se trataron ocho casos además del de El Rafita.

Granados precisó que actualmente el joven se encuentra en situación de libertad, 'que es la medida que tiene establecida', y destacó que el adjetivo de 'vigilada' que acompaña a esta libertad le parece 'muy poco afortunado' a pesar de que así lo establece la Ley.

'Esto lleva a un error, que es pensar que libertad vigilada es que alguien vigila a esta persona. En realidad, más que libertad vigilada, es libertad controlada porque todas las semanas va a un Centro de Menores para ver a un psicólogo o asistente social o éstos van a su trabajo a ver si va a trabajar', recordó.