El embrollo de los debates electorales en Castilla y León: recurren los aceptados e Igea propone otro con todos los candidatos

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha recogido el guante de su homólogo de Ciudadanos, Francisco Igea, y ha asegurado que no ve "ningún inconveniente" en celebrar un tercer debate electoral, a mayores de los dos regulados por ley —que han sido recurridos—, con todos los candidatos a la Presidencia.

El Comité electoral de Ciudadanos Castilla y León propuso la celebración de este debate electoral adicional este lunes. La idea es que estén presentes todas las formaciones políticas representadas en el arco parlamentario, con independencia de que tengan o no grupo parlamentario, y que se haga en RTVE.

Sería un debate adicional a los dos regulados por la ley electoral de la Comunidad, que se celebrarán el 31 de enero y 9 de febrero, con los candidatos de los actuales tres grupos parlamentarios, el PSOE, PP y Cs, y que organizará Castilla y León Televisión.

Sin embargo, estos dos debates aún no están claros al 100%, ya que el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha impugnado ante la Junta Electoral la constitución de la Comisión de Debates Electorales, integrada por profesionales de los medios de comunicación.

Trabajadores de RTVE denuncian que parte del comité forma parte de los grupos dueños de la televisión privada elegida para los debates

Dicha impugnación se fundamenta en que según el artículo 31 bis de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, y regulada por la ORDEN PRE/242/2019, de 4 de marzo (BOCyL número 53 de 18 de marzo de 2019), en la composición de dicha comisión se debe incluir como vocal a una persona en representación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, una obligación legal que no se ha cumplido, según informa el colegio en un comunicado.

Por esta razón, solicitan que se invaliden todas las decisiones que haya podido adoptar la comisión hasta el momento no tengan ningún tipo de validez.

Además, RTVE ha recurrido ante la Junta Electoral la decisión de la Comisión de Debates Electorales de otorgar a la cadena autonómica privada RTVCyL la producción de los dos debates y considera que se les ha vetado, según han informado por las redes sociales.

La televisión autonómica privada es propiedad de las sociedades Promecal —Antonio Méndez Pozo— y Edigrup —de la familia Ulibarri—, que a su vez son propietarios de más medios en Castilla y León.

"La decisión se entiende mejor al ver que, en la citada comisión, más de la mitad de los votos están en manos de representantes de medios que forman parte de los dos grupos empresariales dueños de esa televisión privada", denuncian los trabajadores.

La Junta Electoral apercibe al Gobierno autonómico

Otras novedad de la campaña de Castilla y León es que la Junta Electoral ha apercibido al Gobierno autonómico por incluir en sus webs institucionales y entrevistas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "contenidos de naturaleza electoralista" que pueden desembocar a partir de ahora en la apertura de un expediente sancionador, en caso de reiterar ese comportamiento.

La resolución de la Junta responde a sendas reclamaciones de Ciudadanos y el PSOE

Esta resolución, a la que ha tenido acceso EFE, responde a sendas reclamaciones del PSOE y de Ciudadanos, registradas el pasado 13 de enero, al entender que Mañueco utilizó medios institucionales para lanzar mensajes "de contenido electoralista", con lo que vulneró "el principio de neutralidad".

Así, la Junta Electoral ha pedido al Gobierno autonómico que retire de su página web y sus perfiles institucionales en redes sociales las inserciones que "incumplen" la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) al incorporar "declaraciones con valoraciones de contenido electoralista".

Además de estas informaciones incluidas en su web, la Junta Electoral da la razón a los partidos demandantes en sus quejas por el contenido de sendas entrevistas a Mañueco publicadas en Antena 3 y Okdiario, ya que "suponen la utilización de medios institucionales para la difusión de manifestaciones de contenido electoralista", ya que "se realizan valoraciones de logros alcanzados así como propuestas de naturaleza programática, con el consiguiente quebranto del principio de neutralidad política" previsto en el artículo 50.2 de la Loreg.