Tras dos años de declive imparable de la credibilidad y de la confianza en el PSOE, el hoy principal partido de la oposición ya ha empezado a darse por enterado de algunas de las principales reclamaciones del movimiento social que hoy cumple años: el 15-M. Los socialistas asumen ya 'una censura general hacia los responsables políticos del país y un peligroso descrédito de las instituciones', y advierten la necesidad de poner en marcha 'transformaciones muy profundas' en las mismas, en las 'normas de convivencia' e incluso 'en la forma de hacer política. 

'No se trata de replantear la democracia sobre otras instituciones que la sustituyan', insisten en el documento sobre regeneración democrática (ver PDF) que servirá como base del diálogo que mantendrán este fin de semana en Oviedo en el marco de la Conferencia Política abierta en febrero. Y ni siquiera están dispuestos a asumir una 'democracia asamblearia' como la que se ha exigido desde algunos movimientos sociales. Pero el texto sí contempla algunas de esas exigencias planteadas en las calles en los últimos meses destinadas a acabar con la opacidad de las instituciones nacidas de la representatividad ciudadana. 

Además de las propuestas sobre transparencia y contra la corrupción ya planteadas desde hace tiempo por los socialistas, el documento contempla los recientes anuncios realizados por el partido sobre la reforma de la ley de partidos o la implantación de los sistemas de primarias en todas las formaciones, además de otros cauces de participación. Pero asimismo, el PSOE recoge la puesta en marcha de una modificación profunda del poder legislativo, 'un sistema parlamentario manifiestamente mejorable', apuntan. 

Sobre todo, lo que el PSOE quiere impedir es la ausencia de control a los gobiernos que logren mayoría absoluta. Su propuesta, la que no formularon cuando su partido controlaba las cámaras, llega después de año y medio de Gobierno del PP, y tras ver fracasados numerosos intentos por abrir comisiones de investigación como la que plantearon sobre el agujero en la banca española. En su documento los socialistas plantean que esas comisiones puedan ser creadas sólo si las solicita un cuarto de los diputados, a diferencia de lo que ocurre hoy en día que tan sólo se pueden conformar si lo aprueba el pleno con mayoría absoluta. 

Los socialistas quieren, además, impedir que las mayorías absolutas veten preguntas. Se trata de que no se repitan situaciones como las de esta misma legislatura, en las que el PP ha echado para atrás las cuestiones sobre el caso Bárcenas o los intereses de los grupos sobre los negocios y los gastos del rey. En este sentido, el PSOE propone que la inadmisión deba contar con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros de la Mesa del Congreso.

También quieren acabar con el formato enlatado de las sesiones de control al Gobierno, y para ello proponen la fórmula británica. Sólo la mitad de las preguntas deberán ser comunicadas previamente por los grupos. El resto serían elegidas a través del sistema conocido como catch the eye: 'Los diputados que quieran formular preguntas al Gobierno se pondrán en pie y el Presidente de la cámara llamará a los parlamentarios para que formulen su pregunta hasta cubrir el cupo del grupo', explican en el mencionado documento. De esta manera, 'todos' los parlamentarios podrán participar y lo podrán hacer por sorpresa ante el Ejecutivo.  

Con el objetivo de añadir 'una mayor transparencia' a la Cámara Baja, los socialistas quieren, además, que el reglamento del Congreso obligue a los grupos a remitir toda la documentación que hayan utilizado a la hora de elaborar sus proposiciones de ley, incluyendo los encuentros y reuniones mantenidas con los diferentes grupos de presión, los conocidos como lobbies. Toda esta información deberá ser incorporada a la página web del Parlamento, de manera que pueda ser accesible por los ciudadanos. También contemplan la creación de la Oficina del Ciudadano en las Cortes Generales que permita incluso la concertación de entrevistas con los representantes políticos.

'El ciudadano sería el diputado 351', afirman. Además, si el PSOE consigue finalmente que su plan se ponga en marcha permitirá que representantes ciudadanos puedan defender 'de manera directa' en sede parlamentaria las diferentes iniciativas legislativas populares que tengan un amplio respaldo. Los socialistas creen, además, que 'superada la etapa de consolidación de la democracia representativa parece necesario revisar el régimen de celebración de referéndums', una de las principales exigencias del 15-M. 'Hay que ampliar los supuestos en los que se pueda celebrar un referéndum y los ciudadanos también deberían tener la posibilidad de solicitar una convocatoria', sentencian.