El PSOE frena las prisas de sus socios parlamentarios para regularizar el cannabis

Los socios del Gobierno han lanzado en los últimos días una ofensiva para tratar de materializar un debate público prolongado durante décadas y pendiente de un marco regulatorio, como es el consumo y la comercialización del cannabis. Un debate que se abre en el seno de las instituciones con una realidad de fondo: el 35,2% de las personas entre 15 y 64 años han consumido cannabis al menos una vez en su vida y el 2,1% (más de 600.000 personas) lo hace a diario, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

Unidas Podemos anunció el pasado viernes que su grupo parlamentario presentará a principios de octubre un texto legislativo para regular el uso de esta sustancia por personas adultas. Más País ha registrado este lunes en el Congreso su ley integral del cannabis, mientras que ERC ha hecho lo propio este martes al presentar una proposición de ley para controlar, minimizar los riegos y reducir los daños ocasionados por las actividades relacionadas con el cannabis.

Tres iniciativas que coinciden con la puesta en marcha de la subcomisión que la Cámara Baja acordó crear el pasado mes de junio a propuesta del PNV para estudiar el uso medicinal de esta sustancia. Y a este organismo parlamentario se agarra el PSOE para remitir el debate sobre la regulación del cannabis, toda vez que este grupo sumó sus votos a los de PP y Vox en el Senado para impedir la admisión a trámite de una proposición de ley que buscaba regular los clubes de cannabis.

"Nos emplazamos a trabajarlo en este campo y avanzar en los acuerdos que se puedan plantear en ese espacio. Tenemos que ordenar planteamientos y canalizarlos a través de la subcomisión", ha explicado este martes el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, tras ser preguntado por las iniciativas registradas en esta materia.

La subcomisión, que está a la espera de que se convoque la primera sesión para poder establecer el calendario y ordenar los trabajos (la semana pasada ya se nombraron los representantes de los grupos), se prolongará durante un periodo de seis meses. Después, se aprobará un informe de conclusiones, que se remitirá al Gobierno para que sea tenido en cuenta a la hora de elaborar iniciativas en este sentido. 

Si bien, Unidas Podemos, Más País y ERC han apelado a la búsqueda de consensos entre las diferentes fuerzas progresistas para cerrar este debate y acabar con la inseguridad jurídica y la situación de irregularidad administrativa que "obliga a pacientes y usuarios a recurrir al mercado sumergido", como recoge la proposición de ley de ERC.

Reducir el consumo

El texto legislativo del grupo republicano, similar al planteado por Unidas Podemos, según añaden fuentes del espacio confederal (su propuesta está en manos de los colectivos de la sociedad civil a la espera de que presenten aportaciones), defiende la existencia de un "binomio entre regular y eliminar o minimizar el mercado ilegal", como fue el caso de Uruguay. Este marco regulatorio aprobado en 2013 "supuso arrebatar a las mafias 22 millones de dólares en cinco años, convirtiendo el narcotráfico en un negocio poco rentable y, de facto, condenándole a la residualización".

Teniendo en cuenta los marcos competenciales y la distribución administrativa, la proposición de ley de ERC tiene como principales fines la reducción de la inseguridad que provoca la falta de regulación del cannabis en ciertos ámbitos, desincentivar el consumo de cualquier tipo de sustancia adictiva y adaptar la legislación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sometiendo además las actividades reguladas al control e inspección con la posibilidad de imponer sanciones.

Importante fuente de ingresos

La iniciativa legislativa de Más País plantea "exprimir las oportunidades y los beneficios que ofrece el cannabis, reduciendo al máximo los riesgos

potenciales que pueda comportar". En esta línea, prioriza el replanteamiento del marco regulatorio en el ámbito de la salud pública, ya que las evidencias científicas han demostrado "el potencial de las sustancias presentes en la planta en el tratamiento de enfermedades que requieren de aplicaciones analgésicas o paliativas".

En cuanto a su dimensión económica y financiera, ante la necesidad de explorar "nuevas vías de realización de ingresos públicos", la regulación de la venta y uso del cannabis "supondría la adición de una importante fuente de ingresos", como sucede con las bebidas alcohólicas o los productos elaborados del tabaco. Esta medida, a su vez, podría crear 100.000 empleos directos y la generación de en torno a 3.312 millones de euros al año a través de impuestos, según un estudio publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona.