El PSOE pide lo imposible para no tener que presentar la moción de censura contra Rajoy

El Grupo Parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado en pleno mes de agosto una iniciativa legislativa de gran calado político contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, sin embargo, está condenad al más absoluto fracaso desde el primer instante. De hecho, en términos parlamentarios, la incidencia del anuncio hecho este lunes por la portavoz del grupo, Soraya Rodríguez, es nula pese al contenido de la proposición de ley dirigida, ni más ni menos, que a modificar el reglamento de la Cámara baja.

El PSOE, necesitado de mantener la presión política y mediática sobre el boquete que tiene abierto el PP y el Gobierno por el caso Bárcenas,  especialmente tras la repercusión que tuvieron las declaraciones en sede judicial de los ex secretarios generales del partido Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas y la actual titular del puesto y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha optado por un golpe de efecto de dudosa rentabilidad política, escasa comprensión por parte de la ciudadanía y nula efectividad operativa.

Rodríguez, con el argumento, sin duda impecable,  de que "la mentira no puede quedar impune en sede parlamentaria", ha presentado en el registro de la Cámara baja una proposición de ley destinada a modificar el Reglamento de la institución, una norma que permanece desde el año 1980 con ligeras modificaciones, la mayoría resoluciones de las diferentes presidencias del Congreso para aclarar la interpretación de la norma.

En síntesis, se trata de incluir un artículo nuevo por el que el presidente del Gobierno estaría obligado a responder las interpelaciones que le formule la oposición - el reglamento permite delegar en cualquier miembro del Ejecutivo su contestación -. Además, en consecuencia con lo anterior, se añade un punto al artículo 184 del reglamento por el que en caso de mentir el presidente o cualquier miembro del Gobierno se puede plantear su reprobación que debe ser debatida y votada en un pleno de la cámara específico, celebrándose apenas 25 horas después de planteada la reprobación.

El reglamento del Congreso de los Diputados, al igual que el del Senado, es la norma legal por la que se rige la práctica parlamentaria. Todas las democracias parlamentarias tienen una regla similar. No es una norma menor: tiene rango de ley y carácter de orgánica, es decir que su aprobación y modificación requieren el voto de la mayoría de la Cámara, esto es 176 votos en el caso del Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario socialista, con 110 escaños, no puede hacerlo; ni siquiera pretenderlo con el apoyo de terceros. El PP, en esta legislatura, cuenta con 185 escaños, la segunda mayoría absoluta más amplia desde 1977.

Momento poco adecuado

Ni siquiera es sólo una cuestión de números. La presentación de la proposición de ley se ha realizado sin consultar a los grupos de la oposición para buscar complicidades; tampoco ha habido una ronda de consultas internas, ni en el grupo parlamentario ni entre los jefes de fila del PSOE, es decir los barones, según diversas fuentes consultadas por Público, por lo que su función como presión política quedará en el olvido.

Hasta dentro de dos semanas como mínimo no se pondrán en marcha los mecanismos formales para su tramitación

Según han dicho a este periódico fuentes parlamentarias "el momento escogido para plantear este asunto no es el más adecuado. La iniciativa legislativa presentada por el grupo socialista debe ser evaluada por la Mesa de la Cámara baja para su tramitación parlamentaria. Este órgano de gobierno de la institución no tiene previsto reunirse hasta la primera semana de septiembre". Es decir, hasta dentro de dos semanas como mínimo no habrá un pronunciamiento formal para su trámite. En cualquier caso, la mayoría absoluta impedirá su desarrollo desde el principio.

El PSOE, en concreto su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcada, tiene planteada la "amenaza" contra el presidente Rajoy de presentar una moción de censura, única iniciativa que el Grupo popular, incluso con una mayoría absoluta, no puede impedir ya que tan  solo son necesarias las firmas de 50 parlamentarios para solicitarla. Rubalcaba hizo este anuncio ─ apenas ha habido dos mociones de censura, en 1980 plantada por el PSOE, y en 1987 plantada por  Alianza Popular ─ ante la negativa de Rajoy de explicar en sede parlamentaria su relación con el caso Bárcenas. Finalmente, el presidente del Gobierno lo hizo en un pleno monográfico el pasado 1 de agosto.

La amenaza de moción, en el olvido

Con todo, la "amenaza"  de la moción de censura se ha convertido en un arma de doble filo, incluso con un efecto boomerang. En ese contexto se explica, según las fuentes consultadas, la iniciativa adoptada este lunes por el grupo parlamentario socialista.

El PP pararía fácilmente la iniciativa socialista gracias a la mayoría absoluta de la que goza en Congreso y Senado 

El Grupo popular, tras conocer la iniciativa, ha emplazado al PSOE a presentar su propuesta de reforma del reglamento en la comisión parlamentaria constituida precisamente para analizar los posibles cambios que son posibles introducir en esta norma. Se trata de un argumento meramente retórico porque la citada comisión, más allá de su mera constitución, todavía no ha arrancado sus trabajos.

El presiodente de la cámara, Jesús Posada, en una entrevista concedida a Público a finales de 2012, afirmó que confiaba "mucho" en los trabajos de esta comisión. Pero no hay noticias de ella. El único intento serio de reforma del reglamento hasta este momento fue el que impulsó el presidente Manuel Marín, socialista, quien finalmente en 2006 arrojó la toalla al ver que su propio grupo parlamentario no le respaldó cuando surgieron los problemas, especialmente con el uso de las lenguas cooficiales en la cámara.