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PSOE Las promesas del Gobierno de Sánchez: con frenos y matices

La reforma laboral, el cambio del modelo de financiación autonómico o la derogación de la Ley Mordaza son algunas de las promesas que el PSOE planteo al llegar al poder que se han visto frenadas por la realidad de la aritmética parlamentaria.

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El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a su llegada a la sesión de control en el Congreso de los Diputados.EFE/Javier Lizón

El nuevo periodo de Gobierno comenzó hace menos de un mes con un saco de promesas destinadas a revertir el desorden político del PP y derogar algunas de las leyes más polémicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, el tiempo ha ido diluyendo esos compromisos que llevaron a Sánchez a La Moncloa, perdiéndolos entre un mar de matices.

El primero de todos esos compromisos estaba enfocado a la duración del Gobierno. Aunque Sánchez nunca dijo directamente que convocaría elecciones anticipadas, en sus palabras dejaba entrever que no agotaría la legislatura y que el objetivo principal de su Ejecutivo era devolver a España a la estabilidad en un periodo de transición política. Pese a ello, Sánchez no se marchará hasta el final de la legislatura, "porque tarea, hay". Así lo ha reconocido esta semana en su esperada primera entrevista como Presidente del Gobierno.

"Aspiro a convocar elecciones en el año 2020, es decir, a agotar la legislatura. España hizo una moción de censura, luego hay que buscar un proceso de normalización e ir después a las elecciones. Y hay que normalizar las relaciones del Gobierno con el Congreso, gobernar con el Congreso y de la mano de las Comunidades y los ayuntamientos. Hay que sacar adelante muchas leyes que fueron vetadas por el anterior Gobierno y hay que regenerar la vida política. Tarea hay", declaró Sánchez.

No se derogará la reforma laboral

Desde la moción de censura el PSOE ha mostrado titubeos en su postura a cerca de una posible derogación de la reforma laboral del Partido Popular. El mensaje ha ido cambiando a medida que pasaban los días, pasando de una postura firme y esperanzadora a la negación de la medida por la falta de apoyos parlamentarios.

El Gobierno se dio de bruces con la realidad parlamentaria y el optimismo se truncó

El propio secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, anunció a pocos días de llegar Sánchez al poder, que el nuevo Gobierno iba a centrar sus esfuerzos en apelar al dialogo para derogar la norma. Aunque el político pedía cautela por el escueto marco temporal del que dispone el Ejecutivo socialista, se mostraba optimista para encontrar apoyos en el Congreso. "No creo que ni el PP ni Ciudadanos se pongan a la contra de un tema que está asentido por la mayoría de la sociedad", afirmaba.

Sin embargo, el Gobierno se dio de bruces con la realidad parlamentaria y el optimismo se truncó. Tanto es así que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, tuvo que reconocer que la aritmética parlamentaria iba a hacer imposible la derogación de la norma, por lo que sólo se efectuarían retoques.

Un cambio de postura calificada por los sindicatos como "reservona", pero que se justifica en la debilidad del Gobierno en el Congreso y su incapacidad para conseguir apoyos mayoritarios.

Tampoco habrá reforma de la financiación autonómica

No se impulsará un nuevo modelo de financiación autonómica. Hace tan solo unos meses, Sánchez, fuera del Parlamento, reclamaba al Gobierno popular que tomara la iniciativa e impulsara una reforma para mejorar la financiación de las autonomías españolas. Sin embargo, el Pedro Sánchez del presente, al frente del Ejecutivo, ha tenido que recular nuevamente por la falta de apoyos en el Congreso.

Se abre un panorama de negociaciones bilaterales

Así, Sánchez, en su primera sesión de control parlamentario, alegó una "falta de tiempo material" para llevar a cabo la reforma. No obstante, volvió a matizar: si habrá modificaciones y mejoras de financiación "para todas y cada una" de las comunidades. Unas mejoras que se enmarcan dentro de un panorama de negociaciones bilaterales con cada uno de los líderes autonómicos y que dista mucho del plan de negociación conjunto al que se apelaba tiempo atrás.

El camino de la bilateralidad, que comenzará con una primera reunión entre Sánchez y Urkullu, ha suscitado críticas entre los barones del PSOE que venían tiempo atrás pidiendo un nuevo sistema de financiación autonómico. Además, puede suponer el fin de la idílica relación entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Aunque desde el Gobierno andaluz se muestran cautelosos, el resto de partidos de la autonomía no han tardado en criticar la decisión del Gobierno del Estado por "estar atado de pies y manos".

Por otro lado, Compromís ha intentado dejar en evidencia al PSOE al registrar la misma iniciativa que registraron los socialistas en 2016 para cambiar el modelo de financiación. Baldoví, por su parte, ha acusado en el Pleno a Sánchez de "derrotista" y le ha echado en cara que tras anunciar que agotaría la legislatura "tire la toalla en un tema tan trascendental para la cohesión de todos los españoles".

Primer Consejo de Ministros de Sánchez como presidente | EFE

¿Derogar la Ley Mordaza?

Una de las tareas más reclamadas por amplios sectores de la sociedad es la derogación de la conocida Ley Mordaza. Cuando el PSOE estaba en la oposición, el partido de Sánchez fue uno de los que se sumó al recurso que presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal Constitucional para derogar ocho artículos de la norma. Ahora, con Sánchez liderando el Gobierno, el compromiso ha sido impulsar la derogación urgente de estos artículos recurridos al Constitucional "que limitan desproporcionadamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión".

Sin embargo, el PSOE nada ha dicho de la derogación de otros artículos de la ley no recurridos que también vulneran derechos fundamentales. Por ejemplo, a día de hoy se están imponiendo sanciones por "desobediencia o la resistencia a la autoridad" o "faltas de respeto o consideración", tipificados en sendos artículos de redacción ambigua e imprecisa que han acabado por convertirse en el motor recaudador de dicha ley.

Retomar la Ley de Memoria Histórica

Sánchez tendrá entre sus manos la difícil misión de revivir una Ley de Memoria Histórica maltratada por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que desde el primer momento anunció que no dotaría ni un solo euro destinado a las víctimas del franquismo.

Una mujer toma una foto a su pareja en la esplanada del Valle de los Caidos. REUTERS/Juan Medina

Así, en materia de memoria, Sánchez tendrá que llevar a cabo dos compromisos de gran importancia social: sacar a Franco del Valle de los Caídos y retirar la condecoración y el beneficio fiscal a Billy el Niño.

Los socialistas ya se han comprometido a sacar al dictador del monumento franquista y han anunciado una reforma de ley que ilegalizará instituciones fascistas como la Fundación Nacional Francisco Franco.

Respecto al torturador franquista, aunque hubo noticias que afirmaban que el nuevo Gobierno había iniciado los tramites para retirar la condecoración que en 1977 le otorgó el ministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, tal y como confirmó Público, el Ejecutivo sólo se ha comprometido a estudiar la medida por lo que encargará informes jurídicos y técnicos para tomar una decisión al respecto.

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