Casi seis años después del estallido de la crisis sigue habiendo cerca de dos millones de españoles que llevan más de dos años buscando trabajo, y otros tantos hogares que tienen a todos sus miembros en paro. El PSOE no cree que este drama vaya a solucionarse en el corto plazo, sobre todo si se tienen en cuenta las previsiones del Gobierno, que espera que al final de la legislatura haya incluso más desempleados que cuando el PP accedió al poder. 

El riesgo, según los socialistas, es que todos esos hogares en los que nadie trabaja 'terminen convirtiéndose en hogares en los que ningún miembro percibe ingresos', situación que afecta ya a 500.000 domicilios. Por eso, el principal partido de la oposición urge a la extensión 'paulatina y extraordinaria de la protección por desempleo', y así lo deja de manifiesto en el documento Ganarse el bienestar. Recuperar los valores del modelo social europeo (ver PDF), que guiará el diálogo sobre bienestar social que el PSOE celebra este domingo en Albacete.

Ante la falta de recursos de las comunidades autónomas lo que piden los socialistas es que el plan Prepara, que contempla ayudas de 400 euros para los parados que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, se extienda 'a todos los desempleados con experiencia laboral previa' y sin necesidad de que el agotamiento de las ayudas se haya producido con anterioridad inmediata a la solicitud de las mismas.

Además exigen que esos 400 euros, que hoy sólo se pueden cobrar durante medio año, se puedan percibir en periodos de 6 meses interrumpidos durante otros 6 meses, y con una duración máxima de tres años. De esta manera, en total, se podría percibir la ayuda durante 18 meses divididos en esos tres periodos de medio año. Según han explicado esta mañana el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, y la secretaria de Sanidad del partido, Trinidad Jiménez, en un encuentro con periodistas, se beneficiaría así a 500.000 personas cada año, más de cinco veces más que hoy en día.

Pero el coste se incrementaría notablemente. De los más de 200 millones de euros que hoy en día se destinan al plan Prepara cada año, se pasaría a cerca de 2.500 millones anuales, siempre según los cálculos de los socialistas. Y el origen de este dinero sería la recaudación de impuestos. 

Los socialistas quieren, asimismo, que transcurrido el periodo de interrupción 'los desempleados con responsabilidades familiares' puedan volver a participar en programas de apoyo y exigen también, que se vuelva a tener en cuenta la situación individual de cada parado y no la de todo el conjunto familiar tal y como decidió el Gobierno en su modificación del plan Prepara. 

Durante el diálogo de este sábado, que se enmarca dentro del proceso de renovación en el que está inmerso el PSOE desde principios de año y que concluirá en octubre con la celebración de una gran Conferencia Política, también se abordarán cuestiones como la necesidad de que la Sanidad esté considerada como un derecho universal en la Constitución, así como de la consolidación de lo que los socialistas consideran 'el cuarto pilar del Estado del bienestar': el sistema público de servicios sociales.

Jiménez, que fue ministra de Sanidad del último Gobierno socialista, ha anunciado esta mañana que la intención de su partido es la de defender 'un marco normativo estatal' sobre política social, que obligue a todas las comunidades autónomas a 'garantizar por ley' un catálogo básico de servicios. El documento sobre el que trabaja el PSOE es el aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales en una de sus últimas reuniones pero que, hoy en día, es tan sólo una recomendación para las diferentes administraciones autonómicas. La propuesta contempla incluso la instauración de una renta mínima de inserción que ya aplican algunas comunidades como Euskadi.

Los socialistas siguen apostando, además, por la Ley de Dependencia. Y lo hacen, dicen, por encima de los ajustes propios del momento de crisis económica porque 'es una obligación que hay que mantener'. El PSOE considera que ese derecho plasmado en la normativa aprobada por el Ejecutivo de Zapatero es, además, un motor de empleo que, tal y como está planteado, puede generar 185.000 trabajos directos y 65.000 indirectos.