CatalunyaPuigdemont: "Nadie tiene autoridad ni poder de incautarnos el derecho a decidir"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llamado a los catalanes, poco después de que el Parlament aprobara la ley del referéndum de autodeterminación, a acudir a las urnas el 1-O y votar para decidir su futuro: "La decisión de los ciudadanos nos vinculará", ha declarado.

El jefe del Govern catalán y sus consellers han firmado este jueves por la noche en el Parlament el decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre al poco de que el pleno haya aprobado la ley, con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP, que lo ampara.

Tras ello, en una declaración institucional en el Auditorio del Parlament, acompañado también por todo su ejecutivo, el president ha afirmado: "La decisión de los ciudadanos nos vinculará, no puede ser de otra manera, y defenderemos hasta final el derecho de todos los catalanes a votar, decidir y a ser ellos los que determinen su futuro. Catalunya decidirá democráticamente su futuro el 1 de octubre".

Según el president, "en defensa de este derecho ponemos todo lo que tenemos, todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la voluntad y compromiso. Es lo que han de hacer los gobiernos -ha añadido- cuando en la historia de su país llegan momentos como éste, de encrucijada, decisivos, en que todos sin excepción asumimos nuestra responsabilidad".

El mandatario catalán ha convocado "a los ciudadanos de nuestro país a decidir de qué manera hay que orientar el futuro de Catalunya: si por el camino de la autonomía y el Estatut recortado o por un nuevo camino como estado independiente en forma de república". "Ahora es el momento de la ciudadanía -ha añadido-, de culminar este largo proceso con una respuesta que tenga el mismo compromiso democrático de estos años: cívico, participativo, positivo y transversal".

Puigdemont ha considerado que "decidir a través de las urnas, escuchar a la población, aceptar su veredicto... eso es democracia. Negar ese derecho, tratar a los catalanes como súbditos al servicio de un Estado que fabrica amenazas al mismo ritmo que fabrica incumplimientos, eso no es democracia, es otra cosa".

A su juicio, Catalunya tiene la "oportunidad" de constituirse en un estado "democrático, moderno y libre", decisión que "corresponderá a la gente, no a ningún tribunal, consejo de ministros o Tribunal Constitucional deslegitimado, desprestigiado y politizado hasta niveles impropios". Porque "nadie tiene autoridad ni poder de incautarnos el derecho a decidir. Es de la gente. No nos dejaremos expropiar este derecho, desahuciar la democracia o anular nuestros derechos humanos".

Y ha reiterado que convoca a todos los ciudadanos para votar y mostrar su opción ante la independencia, "todas igual de legítimas". "No hacen falta amenazas ni insultos, es un momento de gran esperanza, mucha ilusión y reconocimiento a los que nos han precedido en la lucha por las conquistas democráticas". "En momentos de cambio, en el que parte notable de la ciudadanía pide y espera cambios", ha sentenciado, "quedarse sin hacer nada es una actitud de resignación que impide progresar. El mundo evoluciona, avanza y toma decisiones. Y Cataluña pertenece a un mundo que avanza. Y decidirá democráticamente su futuro el 1-O".

'Ley de desconexión'

Mientras Puigdemont hacía sus declaraciones, JxSí y la CUP han registrado en el Parlament un escrito dirigido a la Mesa en que le pide tramitar la ley de transitoriedad jurídica para poder aprobarla en este pleno del miércoles y jueves. La norma, conocida como 'ley de desconexión', establece las pautas a seguir para una declaración unilateral de independencia.

La Mesa estaba reunida de urgencia después de que las dos formaciones hayan vuelto a ampliar el orden del día para pedir asimismo nombrar los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya que debe nombrar el pleno del Parlament para hacer las funciones de una Junta Electoral Central el 1-O.

JxSí y la CUP, con mayoría en el Parlament, han propuesto a los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y a los politólogos Jordi Matas y Tània Verge. En el texto de su propuesta defienden que los cinco candidatos "cumplen todas las condiciones de elegibilidad y no están afectados por ninguna causa de incompatibilidad".

Según la ley del referéndum, la Sindicatura debe ser árbitro de la consulta para encargarse del escrutinio y certificar los resultados de la votación. De ella dependerán otras cinco sindicaturas electorales de demarcación, una por provincia y otra en Aran. También velarán por la "imparcialidad y el pluralismo" en los medios de comunicación, sancionarán a quien contravenga la ley del referéndum y acreditarán a los observadores internacionales.