Los querellantes contra el franquismo regresan a Argentina el 20 de noviembre

El balance del viaje a Argentina de los querellantes contra el franquismo no puede ser más satisfactorio. En 15 días han conseguido una resolución de apoyo del Congreso argentino, la adhesión de las organizaciones pro derechos humanos argentinas y lo que es más importante: una fecha para prestar declaración en Argentina, el 20 de noviembre, y la intuición de que este miércoles la juez pueda dictar las primeras órdenes de detención internacional a cuatro de los nueve imputados en la causa por los crímenes de la dictadura.

“Creemos que estamos cerca de que por primera vez en la historia un responsable de la dictadura franquista tenga que rendir cuentas ante la Justicia por sus actuaciones. Aunque no sea en la Justicia española, es un primer paso”, asegura a Público Josu Ibargutxi, portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo.

Sin embargo, la intuición de los querellantes también indica que ninguno de estos cuatro miembros será un exministro de la dictadura. Por tanto, todo parece indicar que no se expedirá una orden de detención internacional contra los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina (suegro de Gallardón) y Fernando Suárez no se producirá, al menos, esta semana. Cabe recordar que, actualmente, hay nueve imputados en esta causa, tal y como adelantó Público.

Sin embargo, el objetivo del viaje está más que cumplido. Los querellantes solicitaban a la juez una fecha para que víctimas de la dictadura, querellantes y representantes políticos españoles viajaran a Argentina a testificar en el marco de la causa. Y la fecha elegida por la juez no podría ser más significativa: el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco.

Aunque la lista definitiva de viajeros está aún por cerrar, según ha podido saber Público, los querellantes manejan que asistan a declarar alrededor de 12 víctimas de la dictadura acompañados de un número similar de representantes políticos. Entre los políticos que han manifestado su predisposición a viajar se encontrarían Joan Tardà (ERC) y Sabino Cuadra (Amaiur), entre otros. Entre las víctimas, Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, y Pablo Mayoral, condenado a muerte en 1975, entre otros.

Los querellantes también han hablado con la juez María Servini y altos cargos del ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina sobre la realización de videoconferencias en la embajada argentinade Madrid para que víctimas y querellantes contra la dictadura que no puedan desplazarse hasta Buenos Aires puedan declarar. El pasado mes de mayo estas videoconferencias fueron canceladas a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Esta vez, sin embargo, la juez y el ministerio argentino han explicado a las víctimas que la situación ya está resuelta y que estás videoconferencias podrían ser convocados en las próximas semanas. En este sentido, los representantes de la Red ciudadana de apoyo a la querella argentina aseguran que “tienen la ilusión” de que puedan declarar decenas y decenas de víctimas de la dictadura.

El apoyo institucional brindado por Argentina a los querellantes contra la dictadura ha sido “excepcional”, según aseguran los portavoces de la Red. Tanto el Congreso nacional argentino como el parlamento de la ciudad de Buenos Aires y Ciudad de La Plata han apoyado una resolución de condena a los crímenes de la dictadura y su impunidad.

“No podemos estar más contentos. Todo parece que va hacia delante y que Argentina se está tomando el asunto en serio. Ahora esperamos que podamos celebrar las órdenes internacionales de detención muy pronto”, concluye, en conversación con este diario, Chato Galante, miembro de la red ciudadana de apoyo a la querella argentina contra el franquismo.