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Rajoy actuará contra Forcadell, Mas y el Govern si no frenan el proceso de independencia en Catalunya

El presidente confía en que el recurso presentado hoy sea el último paso del Gobierno contra el soberanismo, aunque actuará con "firmeza y proporcionalidad" si se desobedece al Tribunal Constitucional.

Mariano Rajoy habla con los periodistas en La Moncloa. / ANDREA COMAS (Reuters)

ANA PARDO DE VERA

MADRID.— El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este miércoles en una comparecencia en el palacio de La Moncloa que espera que el recurso presentado hoy mismo ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución independentista del Parlament de Catalunya sea el último paso que tuviera que tomar su Gobierno

Pero él mismo sabe que eso no muy probable. El siguiente paso previsto por el Gobierno si el Parlamento catalán sigue adelante con la resolución aprobada el lunes 9 de noviembre será actuar contra dirigentes políticos concretos, acusándoles de un "delito de desobediencia". Así lo ha indicado la abogada del Estado que acudió este mediodía al Tribunal Constitucional a presentar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la resolución independentista del Parlament y así lo ha reafirmado Mariano Rajoy en su comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado esta mañana la citada impugnación.

El presidente del Gobierno ha señalado directamente, tal y como figura en el texto del recurso, a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; al presidente en funciones, Artur Mas, y a sus consellers; a la Mesa del Parlament y al secretario general de esta institución, como responsables directos de hacer cumplir la previsible "suspensión inmediata" de la declaración de independencia que, como ha señalado Rajoy, el Ejecutivo ha solicitado al Constitucional y éste podría decretar esta misma tarde.

Está previsto que el pleno del Tribunal Constitucional se reúna esta tarde a partir de las 16:30 horas para decidir si admite a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración de independencia del Parlament y decretar su suspensión inmediata, que será notificada personalmente a Forcadell y a los dirigentes catalanes señalados en el recurso.

Si los dirigentes señalados por el Gobierno en el escrito de impugnación (un total de 21 altos cargos catalanes), continuaran con la declaración soberanista o con la llamada acción de "desconexión" serán acusados de un delito de desobediencia por el Ejecutivo, lo que conllevaría la "suspensión de sus funciones".

España preconstitucional

En una breve pero solemne declaración, antes de dar paso a algunas preguntas, el jefe del Ejecutivo ha acusado reiteradamente a la formación mayoritaria del Parlament (Junts pel Sí) y a la Cup de estar incumpliendo la ley y, por tanto, de "renunciar a la democracia" y pretender "acabar con el Estado de Derecho". "No lo voy a permitir", ha subrayado el presidente, que además, ha acusado a la mayoría independentista del Parlament de querer "devolvernos a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente".

El presidente del Gobierno ha evitado dar detalles sobre los siguientes pasos previstos por el Ejecutivo si la declaración soberanista sigue su curso y las autoridades señaladas en el recurso deciden obviar la previsible suspensión del TC. El Ejecutivo quiere evitar a toda costa pronunciarse sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que provocaría de facto la suspensión de la Autonomía catalana. Sin embargo, el señalamiento de Forcadell, Mas o el Govern en el recurso y la advertencia de que serán suspendidos de sus funciones si incurren en el delito de desobediencia supone la antesala de este extremo. Además, Rajoy ha advertido a Mas de que un Gobierno que "no respeta la ley, pierde su legitimación".

Una herramienta electoral

Con todo, el Ejecutivo, según señalan en Moncloa, prefiere tomarse su tiempo, pues cree que no habrá tiempo de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. De hecho, una vez decrete la suspensión de la declaración de independencia (esta tarde o mañana, como muy tarde), el TC da 20 días laborables a las partes para presentar alegaciones y comenzar a debatir y redactar la respuesta, lo que llevará, al menos, dos meses largos.

Por su parte, Rajoy está aprovechando al máximo este asunto para reforzar su mensaje patriótico de que sólo el PP garantiza una unidad de España sin fisuras. Con una cuidada puesta en escena (aunque sin propuestas novedosas), que incluye imágenes inéditas de su despacho semanal con el rey ayer, reuniones con todos los líderes políticos, comparecencias frecuentes ante la prensa sobre el asunto catalán o un viaje a Barcelona este sábado para presentar a los candidatos catalanes del PP a las generales, los conservadores van a estirar todo lo posible su argumentario sobre un asunto de cuyo estrellato, a su pesar, deben disputar con otro partido: Ciudadanos.

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