Los tiempos tranquilos y felices transcurridos desde el inicio de la XII Legislatura en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su bancada popular, con apenas el respaldo de 137 escaños en el Congreso de los Diputados, parece que tocan a su fin.

Desde el pasado mes de noviembre, cuando el líder conservador fue investido, hasta esta semana el Ejecutivo que preside apenas ha tenido problemas; es más, ha disfrutado de una prórroga de su anterior mayoría absoluta.Pero una vez entrada la primavera la situación comienza a complicarse tanto para la exigua mayoría del PP en la Cámara baja como para el propio Rajoy y su Gobierno.

Tras más de medio año de indefinición por parte de la oposición, pese a ser mayoritaria en el hemiciclo parlamentario, la cruda aritmética parlamentaria parece que lleva camino de imponerse hasta el punto de complicarle  la duración del mandato de Rajoy y la propia legislatura.Por primera vez en 30 años, en concreto desde el 26 de marzo de 1987, un presidente del Gobierno se verá sometido a una moción de censura.

Sin duda, más allá de la propia aritmética parlamentaria que la condena al fracaso, la iniciativa del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y su líder, Pablo Iglesias, pondrá en un brete a Rajoy y sus políticas. De entrada, toda su estrategia será puesta en cuestión por parte de la oposición a partir del próximo día 13 de junio.

Pero antes de esa cita Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deben superar el reto de aprobar en el Congreso de los Diputados su primer proyecto de Presupuestos Generales del estado (PGE) para 2017, las primeras cuentas públicas sin una mayoría propia desde 2012. Pese a que hasta el último momento – el martes día 30 – no se contabilizará el voto 176 para respaldar su proyecto – Montoro negocia contra reloj el apoyo del diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias – es muy probable que supere la prueba, pero tras un proceso de infarto que está siendo vigilado al segundo desde Bruselas.

Con todo, ese no será el único desafío que debe superar Rajoy en materia macroeconómica. Antes de finalizar el mes de junio, en el caso de que el proyecto de PGE – con o sin modificaciones en el Senado – acabe en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Congreso de los Diputados deberá dar el visto bueno al techo de gasto para 2018, esto es el marco al deben circunscribirse las cuentas públicas para el año próximo.

En la anterior votación sobre esta cuestión Rajoy contó con el respaldo del grupo socialista “por responsabilidad”, aunque posteriormente esta bancada planteó una enmienda a la totalidad los PGE. Eso fue con el mandato de la gestora provisional, la misma que propició la abstención a la investidura de Rajoy. Ahora, con Pedro Sánchez como nuevo líder socialista y después de celebrar el XXXIX Congreso Federal del partido, los socialistas pueden optar por oponerse al techo de gasto que plantee Montoro para 2018.

Para cumplir con este requisito de Bruselas, imprescindible para enmarcar el proyecto de PGE para 2018, Rajoy necesitará de nuevo la mayoría que ha urdido contra viento y marea para poder aprobar las cuentas de este año. Las fuentes parlamentarias consultadas por Público están divididas: hay quienes creen que lo conseguirá, mientras otras opinan que hasta ahí llegó la buena suerte de Rajoy.

Sin techo de gasto no hay presupuestos para 2018, lo que limitaría sobremanera la capacidad operativa de Rajoy y su Gobierno a partir del año próximo.Antes de que llegue esa votación el pleno del Congreso de los Diputados debatirá la moción de censura planteada por Unidos Podemos, con Pablo Iglesias como candidato alternativo.

Condenada al fracaso desde su registro, la moción de censura, al margen de la rentabilidad que tenga para el propio Iglesias y su grupo, será una ocasión en la que se someterá a tela de juicio la acción de Gobierno de Rajoy y su equipo.

Ese debate se realizará en plena vorágine de casos de corrupción que atañen directamente al PP y a reconocidos altos cargos, orgánicos e institucionales, actuales y pasados, de la formación conservadora. La mayoría, sometidos a investigación judicial; otros, denunciados en los medios de comunicación.

Varias encuestas publicadas recientemente, entre ellas la del CIS, denotan una sostenida caída, aunque leve, del respaldo ciudadano a la formación de la gaviota desde las pasadas elecciones generales.Por si fuera poco, la fecha de ese debate – el 13 de junio – queda enmarcada en el inicio de los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, uno de los tragos más duros que deberán afrontar el PP y su bancada parlamentaria. Y el propio Rajoy, que, con toda probabilidad, será el primer compareciente ante los comisionados en el mismo mes de junio “con obligación de decir verdad”, como le recuerdan tirios y troyanos.Ese mismo compromiso de “verdad” le concierne en su calidad de testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre una de las piezas del caso Gürtel. Rajoy, en tanto de que presidente nacional del PP, ha sido citado por el tribunal, a petición de varias de las acusaciones personadas en la cauda, para responder preguntas relacionadas con la financiación mediante una “caja B” de dinero negro ilegal de su partido.

Es la primera vez desde 1977 que un presidente del Gobierno es citado por un tribunal para prestar declaración en calidad de testigo, una posición que “sin duda es incómoda”, según admiten fuentes del grupo popular. El tribunal que juzga la cauda ha aceptado el “privilegio” de que Rajoy declare mediante videoconferencia desde la sede del PP; en principio, ha propuesto hacerlo los días 26 o 27 de julio.

Todo ese panorama se verá enrarecido, sin ningún lugar a dudas, con la evolución del proceso soberanista desencadenado en Catalunya. Sus protagonistas, tanto en el Govern de la Generalitat como en el Parlament, han anunciado su determinación de llevar a cabo un referéndum paraqué la ciudadanía catalana se pronuncie sobre la independencia del Estado español. En paralelo al ofrecimiento de negociación de esa consulta popular realizada por el president Carles Puigdemont, el ejecutivo catalán y las formaciones que lo respaldan han hecho saber su voluntad de culmina el proceso, incluso con una declaración unilateral de independencia si fuese necesario.

La segunda quincena de septiembre se revela como decisiva. Mientras tanto, Rajoy y sus portavoces han hecho saber que el Gobierno utilizará todos los recursos legales a su alcance para evitar la consulta.Fuentes cercanas al Gobierno, sin embargo, admiten que entre todos los escollos que tienen por delante Rajoy y su Gobierno el desafío independentista planteado desde Catalunya es “el mayor problema en estos momentos y el que preocupa más a Rajoy”. “No tiene una solución sencilla”, añaden.

¿Llegará culminar Rajoy su mandato hasta el final de la legislatura? La pregunta ha dejado de ser retórica en estos momentos. A partir de ahora, cada semana que transcurra, cada convocatoria parlamentaria, cada cita política va ser decisiva para el inquilino de La Moncloa. Con todo, nadie de su entorno, se asegura en la bancada popular del Congreso de los Diputados, se plantea por ahora que recurra a su último recurso: la convocatoria anticipada de elecciones generales.