El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue alertado desde 2011 de la corrupción que se producía entre los líderes del PP de Murcia por un abogado local, y el dirigente popular no hizo nada al respecto. Ni abrió una investigación interna en su partido, ni en el Gobierno, ni en la Fiscalía, y así se desprende de las respuestas recibidas por el denunciante, el abogado murciano Diego de Ramón, a las sucesivas cartas que envió durante seis años.

Rajoy recibió estas cartas de alerta de la trama de corrupción en Murcia el 19 de noviembre de 2011, el 1 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2016, según las misivas a las que ha tenido acceso Público. Las respuestas que recibió el abogado denunciante del PP y de La Moncloa, sede del Gobierno, se limitan a contestaciones genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción con la firma de Mariano Rajoy impresa.

Las respuestas que recibió el abogado se limitan a contestaciones de Rajoy genéricas y corteses con mensajes sobre lucha contra la corrupción

En la primera de sus misivas, de 2011, De Ramón denunció en sus cartas el fiasco de la Caja Ahorros del Mediterráneo -ya entonces en investigación judicial- y requería de Mariano Rajoy que tomara medidas sobre el entonces presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, y el PP similares a las adoptadas en Valencia, donde el presidente Francisco Camps había dimitido ese mismo año.

"Muchas gracias por su carta de fecha 19 de noviembre, cuyo contenido he leído con interés, tomando buena nota de todo lo expuesto", responde Mariano Rajoy a Diego de Ramón a esta primera carta, al tiempo que le da las gracias por sus palabras de ánimo y se extiende en la "enorme responsabilidad" que ha recibido de millones de españoles en "circunstancias difíciles".

Tres años después, el abogado murciano vuelve a escribir a Rajoy. Esta vez denuncia, entre otros casos, la construcción de la desaladora de Escombreras, "con unas pérdidas de un millón de euros al mes" y realizada por ACS con la misma técnica de contratación que el fiasco de la plataforma Castor, de las empresas de Florentino Pérez. Tampoco hubo respuesta respecto a la apertura de una investigación.

Más de 50 casos de corrupción en Murcia

"Muchas gracias por enviarnos su carta, cuyo contenido hemos leído con interés y tomado buena nota de todo ello", responde la Oficina de Atención y Participación Ciudadana del PP a la última de las cartas de De Ramón, donde denuncia los más de 50 casos de corrupción en la Región y solicita del PP que demande a los corruptos que han crecido al amparo de su poder que ostenta allí desde hace 25 años.

El PP no ha aclarado a 'Público' qué hizo exactamente con las cartas enviadas por este abogado.

Ya en el año 2016, Diego de Ramón opta por denunciar ante la Fiscalía la contratación de la construcción de la desaladora de Escombreras, con unas pérdidas de 600 millones de euros. El ministerio público presenta una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Murcia, que investiga la adjudicación a ACS bajo secreto.

El Partido Popular no ha querido responder, de momento, si abrió una investigación ante las cartas enviadas por este abogado. En la misma línea, el departamento de Comunicación con los ciudadanos del presidente del Gobierno tampoco responde si se abrió, a su vez, una investigación sobre estas denuncias.

En ninguna de las cartas de respuesta al letrado se anuncia su remisión a la Fiscalía General del Estado para investigar sus denuncias o se remite el caso al comité de garantías del PP, según estas misivas a las que también ha tenido acceso Público.

El PP ha introducido en su último congreso como medida estrella y de transparencia la "Oficina del Cargo Popular", con el fin de luchar contra corrupción. Pero aún no se ha difundido si este tipo de denuncias sobre la gestión de sus altos cargos serán analizadas por dicha Oficina.

Diego de Ramón estima en 2.500 millones de euros el fraude detrás de la desaladora de Escombreras, construida para abastecer de agua los terrenos recalificados de Nova Carthago, que a su vez investiga el juzgado de instrucción número 9 de Murcia.

De Ramón responsabiliza a Valcárcel de una "trama piramidal" montada en torno al agua, así como al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá en el caso Nova Carthago, donde también implica a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente murciano.

Este proyecto urbanístico pretendía la recalificación de 180 millones de metros cuadrados para la construcción de urbanizaciones destinadas a 1.500.000 personas

El abogado incluye en sus cálculos 1.000 millones de euros concedidos, en forma de créditos sindicatos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bancaja y e Banco de Valencia, luego rescatados; los 800 millones que costaron los terrenos recalificados del Mar Menor destinado a estas urbanizaciones y promovidas por la empresa Hansa Urbana; los 200 millones de euros metidos en el aeropuerto y los 600 millones que ACS va a cobrar por el fiasco de la desaladora.

De Ramón sostiene que el contrato de ACS "es similar de leonino para la Administración pública que el proyecto Castor", la planta de inyección subterránea de gas que promovió Florentino Pérez, fue cerrada al poco de empezar a operar porque creó mil terremotos frente a las costas de Vinaroz (Castellón) y que costará a los españoles 4.700 millones de euros al financiar la compensación para la empresa adjudicataria.

En este contrato de la desaladora, firmado en favor de ACS, se también prevé que en caso de rescisión el gobierno de Murcia pagará por adelantado el negocio previsto por dicha constructora por el contrato de arrendamiento de la planta con opción de compra: 600 millones de euros. El mismo método.