Rajoy incluye a la exalcaldesa de Jerez implicada en la Gürtel en sus listas

MADRID. -La candidatura de la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha sido una de las principales incógnitas electorales del PP desvelada a última hora del martes. Finalmente, Mariano Rajoy ha decidido incluir a la exregidora y actual senadora como número dos de la lista conservadora por Cádiz, que encabeza la también exalcaldesa gaditana Teófila Martínez.

García-Pelayo está siendo investigada por el Tribunal Supremo en su calidad de aforada tras cerrar el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, la rama jerezana de la trama Gürtel con la intención de juzgar a nueve personas por la "grosera ilegalidad" cometida supuestamente por el Ayuntamiento de Jerez en la contratación de las empresas de Francisco Correa, el cerebro de la Gürtel.

La exalcaldesa de Jerez no está entre esas nueve personas que juzgará De la Mata por su condición de aforada y es el Supremo quien lleva su causa. A pesar del durísimo auto de De la Mata contra García-Pelayo y el resto de implicados en la rama jerezana de la Gürtel, el presidente del Gobierno ha decidido incluirla en la lista gaditana. La senadora, por su parte, se ha mostrado siempre convencida de que el Supremo confirmará su inocencia.

Todo para Correa

En marzo de 2015, la Intervención General del Estado, dependiente del ministerio de Hacienda, remitió un informe al juez que relataba numerosas ilegalidades en la adjudicación de tres contratos para el montaje del pabellón de Jerez en la feria Fitur 2004. El organismo encargado de adjudicar los contratos, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, estaba presidido por la entonces alcaldesa García-Pelayo.

El concurso fue negociado sin publicidad y supuestamente convocado para adjudicar directamente los contratos a tres empresas de Correa: Special Events, Dow Town Consulting y Teleanuncio, que se encargarían de montar el pabellón de Jerez en Fitur 2004 y del acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para una muestra turística de la ciudad andaluza. La Intervención General del Estado concluyó entonces que el concurso se amañó vulnerando las normas de la ley de Contratación de las administraciones públicas.