El delegado del gobierno en Euskadi, José María Urquijo, es un hombre atento a las movilizaciones de tinte abertzale. En cuanto se entera de alguna convocatoria, el funcionario del PP mueve sus hilos para tratar de prohibirla. Su última víctima es 'Sare' (Red), una plataforma ciudadana que el próximo día 20 pretende realizar un acto en Bilbao contra la dispersión de los presos vascos. Nada más enterarse, Urquijo pidió a la justicia que suspendiese el mitin y, de paso, criticó al alcalde bilbaíno, Ibon Areso (PNV), por alquilar a sus organizadores un local municipal.

Esta misma semana, cuando Urquijo volvía a hablar de "homenajes a terroristas", Leire Tomé sintió una mezcla de hastío, dolor y rabia. Su padre, Ventura Tomé, tiene 60 años y un cáncer de pulmón. Acusado por segunda vez en su vida de formar parte de ETA, Tomé acarrea con los efectos de la quimioterapia tras las rejas de la cárcel de Murcia. Está a 700 kilómetros de Tafalla, localidad navarra donde vive su familia. En términos médicos, se encuentra estable dentro de la gravedad. En lenguaje penitenciario, sufre los efectos de la dispersión, uno de los ingredientes más polémicos de la política antiterrorista del gobierno.

"Me pregunto dónde están nuestros derechos. ¿O es que no los tenemos por ser hijas o mujeres de...?"Las cosas no están mucho mejor en Tafalla. Cristina, su mujer, también lucha contra el cáncer. "Esto se parece demasiado a una pesadilla", comenta a Público la hija de ambos. Este fin de semana tiene previsto realizar 1400 kilómetros en menos de 24 horas. Aunque le duele admitirlo, empieza a acostumbrarse. Lo mismo le ocurre cuando escucha a Urquijo defender las medidas excepcionales contra los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale. "Si tengo que ir a ver a mi padre a China iré, pero me pregunto dónde están nuestros derechos. ¿O es que no los tenemos por el simple hecho de ser hijas o mujeres de...?", plantea Leire.

Las respuestas llegan en forma de notificación desde las cárceles españolas. Siguiendo las directrices marcadas por el gobierno de Rajoy, las juntas de las prisiones están desechando, una tras otra, las solicitudes individuales formuladas por los presos para que sean trasladados a cárceles del País Vasco. Estos pedidos formales ya habían sido anunciados por el Colectivo de Presos Políticos Vascos —EPPK, según sus siglas en euskera— a finales de diciembre pasado. En el mismo folio donde reconocía el "sufrimiento y daño multilateral generados" —algo que nunca había ocurrido hasta entonces—, el EPPK mostraba su disposición a asumir "compromisos individuales" que facilitasen el acercamiento a cárceles vascas.

Algunas semanas después de aquella declaración histórica, los reclusos comenzaron a pedir traslado a la cárcel de Zaballa, en Vitoria. Según ha podido confirmar Público, prácticamente la totalidad de los 465 presos agrupados en el EPPK ha realizado este trámite individual. Hasta ahora, sus abogados tienen constancia de 125 respuestas de la administración española, formuladas a través de las Juntas de Tratamiento de las prisiones. Alcanza con leer una para conocer todas: como si se tratase de un "corta y pega", el Estado responde automáticamente que "no procede ni revisar su grado de clasificación ni modificar su centro de destino", alegando que los solicitantes "cumplen condena por hechos delictivos relacionados con una organización terrorista aún no disuelta" y que continúan "vinculados a ETA" en prisión.

"Estos razonamientos se ubican al margen de la legalidad y de las normas internacionales que regulan los derechos fundamentales de los presos", señalaron fuentes jurídicas. Por tales motivos, los abogados del EPPK están valorando los distintos recursos que presentarán contra la decisión del gobierno de Rajoy, al que acusan de querer "perpetuar" la dispersión. Si bien primero deben agotar la vía interna, los defensores no descartan llegar nuevamente a Estrasburgo, tal como ya ocurrió con la denominada doctrina Parot -anulada en octubre de 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que derivó en la salida de 60 reclusos vascos-.

"España está contra la ley"

El profesor Alberto Spektorowski, experto en resolución de conflictos e integrante del Grupo Internacional de Contacto —dedicado a mediar en el proceso de paz abierto en Euskadi—, cree que los tribunales de Europa acabarán dando la razón al EPPK. "La dispersión es contraria a los ordenamientos de la Unión Europea. España, en ese sentido, está contra la ley", afirma a Público desde la universidad de Tel-Aviv. Esta lectura tiene fundamento legal: recientemente, el TEDH emitió una sentencia contra el gobierno de Putin por su decisión de enviar a unos ciudadanos moscovitas a las lejanas cárceles de Siberia. En su resolución, el alto tribunal confirmó lo que los abogados vascos quieren oír: los presos tienen derecho a ser trasladados a cárceles próximas a su domicilio.

"La dispersión es contraria a los ordenamientos de la Unión Europea. España, en ese sentido, está contra la ley"Los letrados también tienen muy presentes las "recomendaciones sobre las reglas penitenciarias europeas", aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en enero de 2006. De acuerdo a esas instrucciones, "los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de reinserción social". En España, al menos con los reclusos de ETA y del resto del mundo abertzale, ocurre exactamente lo contrario: según el último informe mensual de Etxerat -asociación de familiares de presos políticos-, el 42% de los reclusos se encuentran a distancias que oscilan entre los 800 y 1.000 kilómetros del País Vasco. Sólo el 15% está a menos de 400 kilómetros de su hogar.

"Mi padre puede tener una causa pendiente en la justicia. Yo ahí no me meto. Pero nosotros, como familiares, pagamos un castigo añadido bastante duro y cruel", expresa Leire Tomé. Entonces se acuerda de las innumerables gestiones realizadas ante Instituciones Penitenciarias para conseguir que su padre lidiara con los efectos de la quimioterapia en alguna cárcel cercana a Tafalla. Una y otra vez le dijeron que no. "Eso es venganza pura y dura", sostiene Leire, mientras se prepara para un nuevo fin de semana en la carretera.

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